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El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, no improvisó con la decisión de disolver la Asamblea Nacional, de acuerdo con el artículo 148 de la Constitución, y convocar a elecciones generales anticipadas. Esta “muerte cruzada” –como se le conoce a su disposición– intenta “detener un macabro plan” que pretendía “tomarse el control de las instituciones del Estado para producir impunidad y viabilizar el retorno de un presidente sentenciado por corrupción por la Corte Nacional de Justicia que no quiere cumplir con la pena establecida de ocho años de prisión”.
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Queda claro. Lasso se refiere al expresidente socialista Rafael Correa, quien se encuentra en el exilio en Bélgica desde 2017 luego de ser procesado por cohecho agravado.
“Primero venían por mí, luego por la fiscal, luego por el contralor, por el procurador y por más instituciones del Estado. Es un macabro plan desde lo político”, aseguró el mandatario ecuatoriano en una entrevista con CNN.
Las jugadas de Correa
La “muerte cruzada” invocada por Lasso neutraliza –en teoría– cualquier posibilidad de retorno de Correa al país. Sin embargo, el exmandatario izquierdista tiene otra idea. “Quiero regresar a mi patria, pero ser presidente no es el objetivo”, asegura.
Si cumple su palabra, añadiría su nombre a la lista de redimidos que lidera Evo Morales, tras la victoria de Luis Arce en Bolivia. O a Luiz Inácio Lula da Silva después de salir de la cárcel en Brasil. Si también es cierto que no aspira a la Presidencia, entonces, le tocará elegir a un candidato idóneo que le garantice un ingreso triunfal para impulsar su candidatura en 2025.
“Ahora mismo no se sabe quién será el elegido, pero será cualquiera que facilite su retorno. Es la pregunta del millón, el líder tendrá la última palabra”, añade el internacionalista Michel Levi, coordinador del Centro Andino de Asuntos Internacionales, en declaraciones a La Nación.
Posibilidades para todo ello tiene. En este momento, aglutina una base de poder político, con la mayor y más sólida bancada (47 diputados), con los nuevos poderes políticos locales en Quito y Guayaquil y con tentáculos desplegados en el Poder Judicial.
Frenados los juicios políticos
De acuerdo con el presidente Guillermo Lasso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) juramentado el domingo –compuesto por siete vocales principales y suplentes– es una entidad pública que forma parte de la Función de Transparencia y Control Social que sólo puede promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsar y establecer mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designar a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley.
Con sus atribuciones definidas, el jefe de Estado, que ahora gobierno por decretos, sostiene que hay funciones exclusivas de la Asamblea Nacional que no pueden ser asumidas por el Consejo de Participación Ciudadana. “No puede llevar a cabo un juicio político para cambiar a la fiscal”, precisa.
Ahora, el órgano electoral debe convocar a elecciones legislativas y presidenciales en un plazo de siete días después de la publicación del decreto de disolución en el Registro Oficial.
