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El Congreso de Perú está radicalizándose a pasos agigantados. Además de debatir seis proyectos para suspender e inhabilitar a los rectores de los organismos electorales, también aprobó la “ley mordaza”, un proyecto presentado por el partido izquierdista Perú Libre, el cual eleva las penas de los “delitos contra el honor” de tres a cuatro años de cárcel.
La iniciativa N° 2862-2022-CR de la organización política que a llevó al expresidente Pedro Castillo al poder, endurece de forma puntual los castigos a la calumnia o difamación cometidas mediante un libro, prensa o cualquier otro medio no sólo con privativas de libertad sino además con multas de reparación.
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“Es un nefasto precedente legal contra la actividad periodística porque la reforma que se pretende es desmedida e inhibitoria, y por tanto, contraria a la libertad de expresión”, aseguró a PanAm Post la presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú (ANP), Zuliana Lainez, tras aseverar que “este proyecto impacta sobre el ejercicio de la actividad periodística en un país donde hay acoso judicial”.
Millonarias indemnizaciones y cárcel efectiva directa
Destaca además que “el tema de las multas es bastante gaseoso. Podríamos encontrarnos con escenarios donde se exijan indemnizaciones millonarias de 1.000.000 de soles que son casi 300.000 dólares, a periodistas locales, una cantidad que significa la quiebra de sus propios medios de comunicación”.
En el caso de las condenas podría ocurrir lo mismo, ya que “la pena de cárcel efectiva podría quedar a discrecionalidad de los jueces porque para que sea cárcel efectiva directa la pena tiene que ser superior a cuatro años, pero hay factores que pueden llevar al juez a determinar que en algunos casos puede haber cárcel efectiva como ya ha pasado con el ordenamiento peruano vigente”.
Amenaza parlamentaria constante
Cada 60 días se presenta en el hemiciclo peruano un proyecto de ley que tiene impacto en la actividad periodística, alerta Zuliana Lainez. Perú Libre ya ha presentado dos propuestas: la que será sometida a debate la próxima semana y otra con la cual pretende que los medios puedan ceder gratuitamente espacios de 30 minutos a autoridades locales y regionales.
Sin embargo, otras bancadas le siguen los pasos, como la de Renovación Popular, que exige la colegiatura periodística obligatoria, cuando existe un fallo del Tribunal Constitucional que habla de la no obligatoriedad en el caso del periodismo.
“La amenaza legislativa al periodismo es frecuente en Perú. Y desgraciadamente viene de casi todas las bancadas al unísono. Aquí se juntan todos los extremos cuando se trata de normativas que restringen el tema de la actividad periodística y eso se puede explicar porque en este país todas las denuncias de temas de corrupción de los últimos años vienen del periodismo. Hay un conflicto de interés porque el periodismo ha denunciado a congresistas que se quedan con los salarios de sus trabajadores o engañan con el reembolso del combustible”.
Perú Libre contra la prensa
Detrás de la “ley mordaza”, que implica reformas al Código Penal y al Código Civil, está el congresista de Perú Libre Segundo Montalvo, quien logró ya 68 votos a favor en el primer debate, 27 en contra y tres abstenciones.
A Perú Libre le incomodan los medios. El mandato de Pedro Castillo lo dejó en evidencia cuando el Ministerio de Transporte y Comunicaciones apagó la señal de la estación de radio 91.9 FM sin presentar notificaciones previas o constancias del procedimiento contra el medio de comunicación.
El operativo dejó sin señal a la planta después del cierre de las instalaciones, ubicadas en el Morro Solar del distrito Chorrillos, como parte del plan regulador de contenidos del exmandatario izquierdista, incluido en el ideario y programa de su partido Perú Libre.
Contra la libertad de expresión
Para la Fundación Internacional de Periodistas, la ley contraría las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la necesidad de que estos delitos sean castigados con medidas civiles.
En un comunicado la consideran “un claro acto intimidatorio contra el trabajo periodístico, ya que esta clase de medidas alienta la autocensura y el silenciamiento de voces críticas”.
Por esa razón, la organización remitió junto con el Consejo de la Prensa Peruana y el Instituto Prensa y Sociedad, una carta al presidente del Congreso, José Daniel Williams Zapata, para expresar su preocupación.
🚨 ¿Qué significa el proyecto de ley N° 2862-2022-CR para la #LibertadDeExpresión en 🇵🇪?
Lee la carta enviada al presidente del @congresoperu por la @ANP_periodistas, el @ConsejodePrensa y el IPYS para para advertir sobre los riesgos.
📲 Comunicado: https://t.co/0McGo9HjYH pic.twitter.com/05ZdqFdavC
— IPYS (@IPYS) May 11, 2023
La ANP busca dentro y fuera del país respaldo que condenen el uso instrumental de la ley penal para intimidar a los periodistas, una maniobra que ya acumula 146 casos de profesionales procesados por la justicia como consecuencia de sus investigaciones en los últimos cinco años.
Un oficio en crisis
La cifra constata que los periodistas ejercen su labor en Perú en medio de una crisis política que no los excluye; al contrario, un informe de la ANP reporta 183 agresiones contra los profesionales de los medios desde finales del año pasado, cuando el expresidente Pedro Castillo intentó perpetrar un golpe de Estado.
El caso más reciente corresponde al ataque a las instalaciones y amenazas al medio IDL-R por parte del autodenominado grupo “La Resistencia”, e intimidaciones de funcionarios públicos a periodistas por sus investigaciones.
En el Palacio de Gobierno están atentos. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, reveló que mantienen un “seguimiento especial” al debate en el Congreso.
