El expresidente de Bolivia, Evo Morales, tendrá que comparecer ante la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Puno, Perú, por los presuntos delitos de atentado contra la integridad nacional y organización criminal que la instancia investiga en su contra desde la radicalización de las protestas en el país a favor de la libertad del exjefe de Estado, Pedro Castillo, apresado tras intentar perpetrar un golpe en diciembre.
La cita de Evo Morales a la Fiscalía peruana está prevista para el 10 de mayo y también se extiende al exgobernador de Puno, Germán Alejo Apaza, y el líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, convocados para el mismo día.
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Según La República “los tres son investigados por presuntos delitos que atentan contra la seguridad nacional del Perú al querer separar Puno y sumarlo al proyecto de los pueblos originarios Runasur”.
Ellos, junto al dirigente arequipeño Felipe Domínguez Chávez, forman parte de la denuncia hecha por los congresistas Jorge Montoya Manrique, de Renovación Popular, y Juan Burgos Oliveros, de Avanza País, ante los hechos de violencia en Puno, zona ubicada a 1200 kilómetros de Lima, donde “movimientos de dignidad y patriotismo” dejaron entre el 5 y 13 de enero de este año 17 manifestantes muertos.
Con injerencia evidente
La injerencia de Morales en los asuntos internos de Perú motivó a la Superintendencia Nacional de Migraciones y el Ministerio del Interior a prohibirle hasta nuevo aviso su ingreso al país, argumentando que “todo ciudadano extranjero en el territorio nacional tiene el deber de conducirse cumpliendo el ordenamiento jurídico”.
Morales incumple esa regla al abogar sin disimulo por un cambio constitucional en la nación inca, alegando que “con seis presidentes y tres parlamentos en siete años, con más muertes que días de gobierno en el último régimen transitorio, Perú padece los efectos de la pérdida de legitimidad e inestabilidad de un Estado aparente que excluye a grandes mayorías del Perú profundo”.
El planteamiento indica que “el expresidente de Bolivia, Evo Morales, está liderando un plan que consiste en desmembrar parte del territorio peruano y fusionarlo con parte del territorio boliviano”, asegura Alejandro Rospigliosi, exdirector del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso de la República de Perú, en declaración a PanAm Post.
Sostiene además que “Morales tiene una serie de aliados en América Latina para tal cometido que promueven protestas e inestabilidad social en algunas zonas del sur de Perú”.
Sin embargo, comenta que “estas investigaciones han empezado, pero demuestran que en Latinoamérica hay una ola antidemocrática generada por extremos de izquierda que pretenden cumplir sus objetivos a costa de la democracia”.
Agitando la frontera a distancia
La Fiscalía peruana cita a Evo Morales, pero él desafía a la justicia al intentar promover su idea separatista llamada ‘Nación Aimara’, que forma parte de las iniciativas de la plataforma Runasur –nombre que se forma por la unión de la palabra quechua Runa (hombre) y la sigla Unasur que representa a la Unión de Naciones Suramericanas–.
En septiembre, el exmandatario boliviano tiene en agenda el “I encuentro internacional de víctimas del genocidio de Dina Boluarte” a través de Zoom. El evento será proyectado en una pantalla gigante en la zona con el apoyo de Alejo, uno de los mayore detractores de la presidente peruana.
La agitación social será una constante en el país, considerando que la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación (Fenatep) y el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), vinculados a la Nueva Fracción Roja de Sendero Luminoso, protagonizarán la tercera “Toma de Lima” el próximo 19 de julio.