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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, corrige, replica y reprocha la cobertura que los medios de comunicación hacen de su gobierno. Vive insatisfecho con las publicaciones en torno a su gestión y las censura con tono agresivo. También las desacredita calificándolas como falsas y hasta recomprarte mensajes burlescos de terceros dirigidos a periodistas mientras impulsa iniciativas legales para regular la comunicación.
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Todos o casi todos los abordajes de la prensa le molestan al mandatario. Desde los relacionados con la transición energética, los diálogos de paz con grupos ilegales y los señalamientos por acoso sexual a personas que han apoyado al Pacto Histórico. El mandatario sabía que su relación con la prensa sería “traumática”. Lo admitió en campaña pero quedó corto cuando sus expresiones promueven la deslegitimación de los medios.
Soy tolerante con las críticas de los medios del establecimiento pero tengo todo el derecho a defenderme y a defender el programa del gobierno por el que las mayorías de la sociedad votaron. https://t.co/h2Tvg3CfQq
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 2, 2023
Es un abuso de poder, considerando que la Corte Constitucional establece que cuando la máxima autoridad de un Estado se pronuncia no está ejerciendo “la simple libertad de expresión reconocida en general a los ciudadanos, sino que están utilizando un medio legítimo para el ejercicio de la autoridad pública”.
Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos insiste en que los señalamientos del Estado en contra de medios pueden dejar a los periodistas en una posición de vulnerabilidad.
Una tendencia estratégica
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) vigila la tendencia del mandatario. En un reporte señala que en el último mes Petro acumula 34 trinos donde menciona a nueve medios de comunicación.
Para la organización esta frecuencia del jefe de Estado representa “una estrategia para posicionar su narrativa y su agenda en redes”, a través de la cual “pretende sembrar la duda ante la audiencia, sobre la idoneidad de los medios para hacer su trabajo”.
Terrible. Delicado. Sobre todo porque “no todos los trinos del presidente hacia la prensa tienen las mismas implicaciones para la libertad de expresión. El contexto, las motivaciones y el alcance de cada uno pueden variar. Sin embargo, en su conjunto tienen un efecto negativo para el debate”, indica la FLIP.
De hecho, el periodista Daniel Samper, señaló en Twitter que “los ataques de Petro contra la prensa son tan constantes como preocupantes. ¿Así quiere hacerse llamar demócrata? se preguntó.
Los ataques de Petro contra la prensa son tan constantes como preocupantes: ¿así quiere hacerse llamar demócrata? https://t.co/XfdlmYg8cy
— Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) February 1, 2023
Consecuencias alarmantes
Petro encaja en una predisposición regional de los Ejecutivos a utilizar las cuentas oficiales de los jefes de Estado para deslegitimar adversarios, periodistas e instigar a la ciudadanía a la violencia en contra de ellos.
En octubre, con solo dos meses de mandato, su bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes presentó un proyecto para crear una “Ley de medios y acceso al internet” para impulsar una “democracia informativa” y la “democratización” de medios de comunicación mediante la reasignación del espectro electromagnético, la redistribución de los fondos públicos para pautar en los sistemas de comunicación y la creación de espacios en las cadenas públicas para que los movimientos sociales divulgaran sus posturas frente a los temas de interés.
Al mes siguiente, Petro pretendió incluir en el artículo 167 de la reforma de la Ley de Política Criminal que los contenidos relacionados con seguridad nacional y “paz total” fueran revisados por el Gobierno antes de ser publicados.
En concreto, proponía que la prensa escrita, las emisoras y los programadores de televisión debían “adelantar campañas destinadas a generar un cambio en la conciencia ciudadana pero para su difusión deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo Superior de Política Criminal”.
Los cuestionamientos obligaron a suprimir la disposición, pero las consecuencias de la persecución a la prensa en el caso de Colombia son alarmantes, considerando que la FLIP registró 218 amenazas el año pasado —la cifra más alta de los últimos 15 años— y desde el arribo de Petro al poder en agosto ya se contabilizaron dos asesinatos a periodistas, 12 estigmatizaciones por parte de funcionarios públicos y 82 amenazas.
