Las activistas iraníes residenciadas en España que buscan el apoyo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, para impulsar la defensa de las mujeres de su país que sufren la represión del régimen talibán –que tomó el poder hace un año y cuatro meses– sólo encuentran indiferencia en la alta funcionaria de la administración de Pedro Sánchez, que se vende como feminista. Hasta ahora, las dos solicitudes de reunión hechas por la asociación movimiento Mujer, Vida y Libertad que las representa no han tenido respuesta.
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La falta de interés de Montero las indigna, cuando además de la muerte de la joven Mahsa Amini en una comisaría de Teherán, tras ser detenida por la Policía Moral por supuestamente no llevar bien el velo, ahora las mujeres tienen prohibida la educación universitaria y secundaria.
“La actitud de la ministra nos avergüenza como mujeres y consideramos que promueve un feminismo ‘selectivo’ difícilmente justificable”, dijo a PanAm Post, Ángela Méndez, una de las creadoras y vocera de Mujer, Vida y Libertad, plataforma creada desde la sociedad civil en apoyo a la lucha de las mujeres iraníes en España.
Los negocios de Pablo Iglesias con Irán
Ese manejo esquivo de Irene Montero no es fortuito, cuando aún resuenan las declaraciones de Enrique Riobóo, antiguo socio de Pablo Iglesias –esposo de la ministra y dirigente de Podemos– quien reveló que la productora Global 360 Media facturó 9.600.000 euros entre 2012 y 2019 procedentes de Irán para lanzar el canal Hispan TV en España, donde Iglesias realizó varios programas, entre ellos La Tuerka y Fort Apache, que facturaba a través de la asociación Producciones Con Mano Izquierda (CMI).
Por estos negocios, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía abrió una investigación tras el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España detectar transferencias sospechosas de blanqueo en 67 ingresos entre 2012 y 2015 a Global 360 Media, que posteriormente pagaba al líder de Podemos, Pablo Iglesias.
“Son conocidas las vinculaciones del partido, sobre todo en sus inicios, con el régimen iraní, así como su colaboración con medios afines”, declara Méndez, quien además cree que han sido “insuficientes las condenas al régimen islámico por la brutal represión hacia la población iraní a raíz de las protestas”.
Acciones tibias
Si bien Ángela Méndez reconoce la divulgación de una declaración institucional de todo el arco parlamentario en este sentido, admite que la situación requiere “acciones más determinantes, tal y como reclama también la comunidad iraní”. En este momento, la meta de la plataforma es crecer y lograr que los grupos políticos se adhieran a las propuestas de patrocinio de encarcelados iraníes, así como acompañar con medidas de carácter diplomático y administrativo.
Además, insiste en la necesidad de una muestra real de compromiso del movimiento feminista “oficial”, al señalar que “desde los países donde hay garantías de libertad y derechos es una obligación defender a las hermanas iraníes, afganas y todas aquellas que viven en contextos sociales y políticos donde no tienen garantizados esos derechos”.
De hecho, el analista e investigador de políticas afganas, Mohsin Amin, confirmó en Twitter que las universidades públicas de Kabul impidieron a las mujeres presentar los exámenes finales. “Varios profesores renunciaron. Parece que los talibanes están desarraigando el sector educativo en Afganistán”.
Taliban expelled female students from campuses this morning. Public universities in Kabul had their final exams today, which women could not take. Several professors resigned. It seems the Taliban are uprooting the education sector in Afghanistan.
— Mohsin Amin (@MohsinAminn) December 21, 2022
La ONU investigará
El más reciente anuncio de apoyo a las mujeres iraníes salió de Naciones Unidas. La organización designó a la defensora de derechos humanos argentina, Viviana Krsticevic; la profesora de derecho pakistaní, Shaheen Sardar Ali; y la abogada Sara Hossain, de Bangladesh, como responsables de la misión que investigará la represión a las protestas que sacuden a Irán desde septiembre.
La aprobación de la misión contó con el voto de 25 países mientras que otros 16 se abstuvieron y seis votaron en contra (Armenia, China, Cuba, Eritrea, Pakistán y Venezuela).
Sin embargo, el equipo enfrenta dificultades para arribar al país persa ante la oposición del régimen talibán a sus indagaciones, que se concentrarían en la muerte de 469 manifestantes en las protestas desatadas desde septiembre y las 11 condenas de muerte impuestas a participantes, de las cuales, dos ya se ejecutaron: la de Mohsen Shekari y Majidreza Rahnavard (ambos de 23 años) ahorcados en público.