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Pedro Castillo temblaba cuando perpetraba un golpe de Estado en Perú, a través de una cadena de radio y televisión. El papel que sostenían sus manos mientras leía sus intenciones lo delató. Los nervios eran casi indomables y probablemente la calma tardará en volver ante los cargos de rebelión y conspiración que le imputa la Fiscalía, por intentar romper el orden constitucional. Con este escenario, el expresidente enfrenta hasta 30 años de cárcel.
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El Ministerio Público ya dispuso las diligencias preliminares contra Castillo en su condición de presidente. Le atribuyen la presunta comisión de delitos contra los poderes del Estado en la modalidad de rebelión con agravio, la cual se establece en el artículo 346 del Código Penal. Este crimen se castiga con una pena entre 10 y 20 años de cárcel a quienes intentan deponer al gobierno legalmente constituido o también suprimir al igual que modificar el régimen constitucional.
También, la Fiscalía “alternativamente” lo acusará de conspiración, delito estipulado en el artículo 349 de la normativa que ordena privativa de libertad de hasta la mitad del máximo de la pena señalada para el delito que se trataba de perpetrar, así lo informó a través de Twitter.
La Fiscalía de la Nación dispone iniciar diligencias preliminares contra Pedro Castillo, en su condición de Presidente, por presunta comisión del delito contra los Poderes del Estado y Orden Constitucional, modalidad de rebelión, en agravio del Estado (art. 346° del Código Penal) pic.twitter.com/tuNyEOP8SJ
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 8, 2022
Un panorama judicial complejo
El panorama judicial del ahora expresidente peruano empeora, considerando que sobre él pesan seis investigaciones por presunta corrupción y tráfico de influencias. Además, la Fiscalía tiene en curso una denuncia constitucional en su contra, por supuestamente liderar una organización criminal en el seno de su extinto gobierno.
Según la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, la investigación tiene indicios de que Castillo es el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión desde la cual operaba «una feroz obstrucción a la justicia con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas».
Castillo tendrá que responder por estas querellas en su contra. Además de ello, le tocará explicar de dónde brotó la idea de disolver al Congreso sin este haberle negado dos «cuestiones de confianza» previamente, así como decretar un Estado de Excepción con toque de queda nacional, sumado a la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC). Deberá argumentar las razones que lo llevaron a ello, a pesar de que Perú no estaba en medio una conmoción nacional o catástrofe natural.
Si bien el artículo 137 de la Constitución precisa que el jefe de Estado con el respaldo del Consejo de ministros puede decretar en todo el territorio nacional o en una zona en espacial, los estados de excepción, dando cuenta al Congreso o a una Comisión Permanente, para ello es necesaria la comprobación de “la perturbación de la paz o del orden interno o graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”.
Bajo esas condiciones se puede suspender el ejercicio de los derechos constitucionales vinculados a la libertad y seguridad de cada persona, así como la inviolabilidad del domicilio, libertad de reunión y de tránsito en el país. Ninguna estaba.
Una precipitación
Castillo precipitó el final de su presidencia y arriesga cárcel. Lo hizo de la peor manera, cercado por serios señalamientos de corrupción contra él y su entorno a los que nunca quiso dar respuesta. Tampoco supo hacerlo. “Así es como decidió pasar a la historia y ojalá que el juicio que esta haga sobre su legado con el correr de los años no eclipse ni edulcore esta realidad”, señala El Comercio en su editorial. También allí aclara que “es cierto que el golpe que dio Castillo no prosperó, pero ello no lo hace menos golpe”.
Para el medio, las instituciones resistieron el zarpazo y no se dejaron aturdir por “las ínfulas de un rufián” que intentó capturar el orden democrático. Los próximos días prometen complejidad, porque “le tocará al frustrado dictadorzuelo y a quienes lo acompañaron en su operativo de desmontaje de la democracia, ser juzgados por las autoridades pertinentes”.
No tiene más camino, especialmente cuando el plan de buscar refugio en la embajada de México también fracasó. Castillo no alcanzó a llegar a la sede diplomática ubicada en el municipio San Isidro de Lima, para evadir su captura, a pesar de la disposición que tuvo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para acogerlo.
Hasta este viernes estará detenido en la cárcel de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, donde también está recluido el expresidente Alberto Fuijimori, quien cumple su condena de 25 años de cárcel. Mientras las diligencias avanzan y Dina Boluarte toma las riendas del Ejecutivo, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales demanda el adelanto de nuevas elecciones. Es la mejor señal de que costará construir la tranquilidad en Perú.
