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La Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó a Perú una “tregua política y diálogo” entre los poderes del Estado para zanjar la crisis en el país, luego de que su misión diplomática se reuniera con los protagonistas de la conflictividad. El informe ya es público. El presidente izquierdista, Pedro Castillo, está dispuesto a acatar los exhortos, pero para retrasar el debate de la tercera moción de vacancia por incapacidad moral en el Congreso que lo podría dejar fuera del poder.
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“Al Parlamento y todas las instituciones, los llamo a la más amplia unidad para trabajar unidos por un país que nos necesita juntos para resolver sus grandes problemas y para el cual nos ha elegido democráticamente por un periodo de cinco años”, invocó el mandatario desde su cuenta en Twitter. Desde allí, además, ratificó su “compromiso con la democracia, el Estado de derecho y la Constitución”.
En un momento difícil para el país, con una crisis por la quinta ola de la pandemia, ratifico mi compromiso con la democracia, el Estado de derecho y la Constitución, y rechazo rotundamente que mi gobierno esté tramando un cierre del Congreso para evitar una vacancia. (1/2)
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 3, 2022
Mensajes con intenciones evidentes
Los trinos de Castillo no dejan espacio para especular sobre sus pretensiones. Es evidente que no quiere irse y tampoco renunciar, por lo que para evitar esos dos escenarios, apela al respeto de la voluntad popular. El fin está a la vista: intenta dilatar el tercer debate de vacancia previsto para este 7 de diciembre, luego del Congreso admitir la propuesta con 73 votos a favor, 32 en contra y seis abstenciones.
En esas anda ya y sus abogados lo ayudan. Un reporte de Perú 21 revela que el presidente rechazó la recepción de la notificación de la admisión de la vacancia alegando que arribó al Palacio “fuera de horario oficina” y en lugar de confirmar la fecha y hora para ejercer su defensa legal ante el Congreso, devolvió la moción alegando que estaba “incompleta”.
Además, a través de una carta, Castillo solicitó al presidente del Congreso, José Williams, 14 documentos, entre los cuales figura el Informe N°068-2022 del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder y la resolución de nombramiento de Jorge Prado en el ministerio de Producción, quien está bajo investigación de la Fiscalía por contratar a su sobrino, Edwin Chávez Prado, en la cartera por un monto de 42.000 soles -equivalentes a 10 000 dólares- en dos órdenes de servicio.
Una maniobra
Luego de que Castillo enviara la carta, su representante legal, Benji Espinoza, vociferó que “los actos (del Congreso) son nulos de pleno derecho” si ocurre es un irrespeto el debido proceso. Sin embargo, apelar a la gestión de documentos que son públicos y conocidos por el Ejecutivo sólo es parte de una maniobra administrativa.
Sería ingenuo no verlo cuando además, el diputado Edward Málaga, quien presentó la moción para un tercer debate de vacancia remitió un oficio a Javier Ángeles Illmann, director general parlamentario de la Oficialía Mayor del Congreso donde precisa que los documentos requeridos por el presidente no forman parte de la lista de anexos que conforman la moción.
Málaga pidió informar de ello a Castillo para que la moción continúe su trámite regular y pidió a la defensa del presidente que “deje de actuar temerariamente”.
Un documento denso
La tercera moción de vacancia en contra de Castillo está incluida en la orden del día 4904, que busca declarar su “incapacidad moral permanente” de Castillo. Si bien ya cuenta con 67 firmas, se requiere el apoyo de 87 de los 130 legisladores para destituir al mandatario.
Convencer en el tercer debate de vacancia a la cuota mínima necesaria ameritará una discusión profunda considerando que el primer punto de la propuesta advierte que Castillo impulsó un copamiento clientelista y un desmantelamiento del Estado que afecta el funcionamiento, gobernabilidad y el futuro del país.
El documento también cita el nombramiento de embajadores políticos sin experiencia en el servicio diplomático, entre ellos, el de Isabel Soria Reategui, quien era militante de Perú Libre y terminó liderando la misión de Noruega, así como también las investigaciones por presunta corrupción, la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada en las licitaciones del Puente Tarata y Petroperú.
Otro de los puntos incluidos es el escándalo de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el aparente plagio a sus tesis de maestría y probable encubrimiento y obstrucción a la justicia que habría realizado para evitar el arresto de familiares y miembros del gobierno. La sesión está en agenda para este miércoles las 15:00 horas. ¿Llegará Castillo o sus maniobras la diferirán? Imposible predecir.
