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Ni Venezuela ni España acatan los dictámenes que pierden en tribunales en el exterior sobre disputas comerciales. Ambas naciones, con administraciones socialistas, figuran en la lista negra del Índice de Cumplimiento de Arbitrajes Internacionales con 11 y ocho laudos impagos, respectivamente.
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Venezuela lidera el conteo con un monto que llega a 16.304.808.500 dólares por causas relacionadas con proyectos petroleros, entre los cuales destaca el caso de ConocoPhillips (ARB/07/30) en cuya condena –la mayor contra Venezuela– se ordenó el pago de 8.733.046.000 dólares. Por este caso actualmente está en curso una petición de nulidad interpuesta por el opositor Juan Guaidó.
Otro caso es el de Agroisleña, en el cual el Estado venezolano fue condenado a pagar 1.629 millones de dólares –la segunda mayor condena– y la tercera es el caso Crystallex, por 1.202 millones de dólares. Este último fue decidido bajo el mandato de Nicolás Maduro, quien no logró ejercer efectivamente ninguna defensa, lo que permitió a Crystallex iniciar el proceso de ejecución en contra de propiedades de Petróleos de Venezuela, en concreto, las acciones de PDV Holding, Inc.
España por el mismo camino
España le sigue los pasos a Venezuela con sus impagos de arbitrajes internacionales. Aunque muy de lejos en monto, es el segundo país en el mundo con tres casos menos que la nación caribeña gobernada por el régimen chavista. La mayoría de sus litigios –que esperan ser resarcidos– están relacionados con las energías renovables, tras el retiro de los incentivos fiscales ofrecidos por el gobierno de Pedro Sánchez a los inversores de forma retroactiva, vulnerando la seguridad jurídica, según explica Libre Mercado.
La lista de los incumplimientos de arbitrajes internacionales por parte de España incluye laudos donde han sido afectados la banca, la industria, la minería y la construcción. El valor de las obligaciones impagas ronda los 700 millones de dólares y contrasta con la tendencia de la comunidad europea, considerando que el resto de miembros del bloque comunitario ha asumido la necesidad de compensar a las empresas e inversores afectados cuando las cortes de arbitraje así lo han indicado para evitar una fuga de capitales.
Rumania, por ejemplo, pagó la indemnización de 250 millones de dólares por el caso Micula, mientras que Alemania zanjó su disputa con Vattenfall abonando los 1.500 millones de dólares que correspondían en este caso. También Hungría liquidó sus diferencias con Achmea con una operación de 4.000 millones.
Reacios a la derrota
“Analicé los laudos contra los países, y España tiene tantos casos en el sector de las energías renovables. Los ha perdido casi todos, pero no paga”, afirmó, Nikos Lavranos, primer secretario general de la Federación Europea de Derecho y Arbitraje de Inversiones (EFILA) y autor del Índice de Cumplimiento de Arbitrajes Internacionales, en conversación con PanAm Post.
Su conclusión es que “España espera que por la ley de la Unión Europea no tenga que pagar. Esto tiene que ver con la sentencia del tribunal europeo en el caso Achmea”, compañía holandesa de seguros de salud que perdió una batalla legal contra la República Eslovaca tras el decreto de su expropiación.
Sin embargo, esta posición que profundiza Sánchez “reducirá el atractivo para las inversiones extranjeras”. El pronóstico de Lavranos es pésimo porque asegura que “ya eso lo hemos visto con Argentina en la crisis de la pesificación en 2001” que provocó el histórico corralito en el país suramericano.
Quiebre con petróleo
La previsión del árbitro y mediador de resolución de disputas internacionales se basa en que “España ya no respeta las inversiones extranjeras y cree que puede cambiar la política sin consecuencias, pero esto va contra el Estado de derecho”.
Es la misma fórmula del régimen chavista que espantó a la empresa privada, pero Lavranos sostiene que en el caso de Venezuela, “el país está tan quebrado que necesita de nuevo inversiones extranjeras y tiene el petróleo”, un recurso inmerso en una incertidumbre jurídica.
El fallo del último arbitraje en contra de Venezuela lo comprueba. El Estado venezolano está obligado a indemnizar a la compañía Venezuela US, filial de la estadounidense Occidental Petroleum, con 105 millones de dólares, por implementar una medida discriminatoria que evitó que la demandante recibiera el pago de los dividendos en su participación en el proyecto Petroritupano, mientras que otro inversor, Petrobras Argentina, subsidiaria de la brasileña Petrobras, sí lo obtuvo.
En este arbitraje, que comenzó en 2013 y el laudo final ha sido firmado este 4 de noviembre de 2022, la demandante acusó a Venezuela de “querer congraciarse con Brasil, ya que en el año 2011, el presidente Chávez estaba envuelto en las negociaciones de varios acuerdos comerciales y de cooperación”.
El tribunal condenó a Venezuela por infringir su obligación con el Tratado Bilateral de Inversiones al implementar medidas discriminatorias contra la demandante, dejando la confianza aún más en el piso. España sigue el camino.
