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Ahora que la ministra de Igualdad del Gobierno español, Irene Montero, y la delegada contra la violencia de género, Victoria Rosell, constatan las consecuencias de haber ignorado las advertencias del Consejo General del Poder Judicial sobre las revisiones de condenas que provocaría la implementación de la Ley de Libertad Sexual, conocida como “solo sí es sí”, exigen a los medios de comunicación ocultar información sobre las solicitudes.
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Rosell reclama a la prensa que evite divulgar la información relacionada con los recursos que presentan los defensores de los condenados por abusos sexuales tras calificarlos como «abogados de violadores». De forma enfática y casi encolerizada, la delegada de la Administración de Pedro Sánchez demandó a los medios dejar de “hacerse eco de que las defensas piden las revisiones”, argumentando que “cuando ellos lo piden yo no haría noticia, porque esto alarma mucho a las mujeres”.
Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, insiste en que la ley del 'solo sí es sí' "no tiene ninguna brecha" y pide que no se haga "noticia" de la petición de revisión de penas.
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— CanalSurNoticias (@CSurNoticias) November 18, 2022
La rebaja de la pena mínima
Según la funcionaria, que está envuelta junto con Montero en una ola de críticas y cuestionamientos por desacreditar al sistema judicial, todas aquellas revisiones de condenas sexuales «erróneas» llegarán al Tribunal Supremo (TS).
Para la delegada contra la violencia de género, “el problema no es la norma”, sino la “interpretación voluntarista judicial contra el avance del feminismo”.
La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, repite su visión, asegurando que la ley logra paliar un sistema «que no funcionaba». Las contradicciones de Rosell son evidentes. Por un lado, reconoce que es “factible rebajar las penas” con la nueva ley, pero por el otro, destaca que el texto en sí mismo “no las rebaja”.
La normativa es clara. Incluye cambios notorios. Antes se tipificaba el abuso y la agresión sexual por separado, pero en el nuevo marco, el abuso desaparece y se califica como agresión sexual. De esa manera, se agrava la tipificación del abuso sexual porque se equipara abuso y violación si hay penetración, un delito que contempla penas más elevadas.
Bajo esta perspectiva, la ley rebaja la pena mínima por violación al pasar de entre 6 y 12 años a entre 4 y 12 años de cárcel, y si la víctima es menor ahora la prisión oscilará entre 6 y 12 años, cuando anteriormente iba de 8 a 12.
Al revisarse las condenas, aplican las disminuciones al tener la nueva ley en la mano, porque así lo establece el Código Penal: “Las leyes que favorecen al reo tienen efecto retroactivo”.
A la espera
Fuentes gubernamentales consultadas por The Objetive explican que Pedro Sánchez esperará el pronunciamiento del alto tribunal para unificar los criterios para la revisión de las condenas.
Según el medio, en la Moncloa confían en que el escándalo político derivado de la aplicación de la ley de Irene Montero tenga “poco recorrido porque la jurisprudencia del Supremo es muy estricta a la hora de fijar las revisiones de las penas y eso se verá a largo plazo, cuando se resuelvan los recursos que se interpongan”.
El Tribunal Supremo ya tiene sobre la mesa los recursos a la Ley y la Fiscalía tendrá que fijar posición a instancias del Gobierno. No hay más caminos cuando queda un año de actividad parlamentaria y en diciembre el sistema judicial tomará vacaciones y retomará las actividades en de febrero de 2023 –enero es periodo inhábil en las Cortes– y para entonces, comenzará la precampaña de las elecciones municipales de mayo. Difícilmente Montero y Rosell verían luz para un acuerdo entre los grupos parlamentarios en periodo preelectoral para incluir una enmienda o reforma.
