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Los días de la ministra de Igualdad del gobierno español, Irene Montero, están cada vez más tensos. Las voces que exigen su dimisión toman fuerza, ante sus ataques continuos al sistema judicial e “inmadurez democrática” a la hora de cuestionar a todo aquel fuera de su línea progresista. Sus dichos la hunden cada día más ante la opinión pública, así como entre sus aliados políticos. Podría quedar sola con sus arengas a cuestas.
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El frenesí izquierdista de Montero para defender la ley trans, de aborto y bienestar animal, junto a sus “inaceptables” críticas a los jueces por lo que ella ha considerado como “la aplicación con machismo” de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual (conocida como ley del solo sí es sí) la ha puesto en el ojo del huracán recientemente y no de la mejor manera.
Lo más reciente ha sido el escándalo en torno a esta última legislación que se ha encontrado con un “agujero legal”, el cual ha provocado que la aplicación de la norma tenga una consecuencia indeseada para sus promotores: la reducción de la pena a algunos condenados.
De acuerdo con la BBC Mundo, desde que comenzó a aplicarse, una quincena de agresores condenados con la legislación antigua han obtenido una rebaja automática en sus penas, entre ellos un hombre que abusó sexualmente de su hijastra de 14 años. Tres de ellos han sido excarcelados.
El cambio en el régimen jurídico, que se aprobó tras más de cuatro años de debate, no incluyó una disposición transitoria para acotar los casos susceptibles de revisión de la pena, una especie de reglas que establecen el paso de un Código al otro. Esta es una disposición que suelen adjuntar las nuevas leyes que modifican el Código Penal español.
Esto ha sido aprovechado por los abogados de algunos condenados, que tienen derecho a que su pena se adapte a la nueva ley si esta les resulta más favorable.
Un desatino costoso
El desatino de Montero le puede salir caro. Su remoción prematura e inesperada de la administración de Pedro Sánchez parece viable, cuando la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), así como el Foro Judicial Independiente (FJI), condenan la su «reacción injusta y pueril» de la ministra.
Sánchez, quien parecía amparar a Irene Montero está en silencio y la deja sola. Mientras tanto, Yolanda Díaz, vicepresidente segunda del Gobierno y militante del partido Podemos —la tolda política de la titular de la cartera de Igualdad— sigue la línea, es por ello que pide “prudencia”.
En la Moncloa pesa el comunicado de las autoridades judiciales, donde señalan que «acudir a descalificaciones generalizadas con fundamento en pretendidos prejuicios y estereotipos, en lugar de asumir con honestidad la posibilidad de que la norma pueda dar lugar a interpretaciones que puedan resolverse, por imperativo de los básicos principios penales, en favor del reo, resulta una actuación totalmente reprobable por falsa e injusta”.
Con el panorama de Iglesias
La verborrea de Montero que también contagia a la delegada de gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, les abona un destino poco alentador, considerando que ya suman reproches internos. Por ejemplo, la ministra de Defensa, Margarita Robles; al igual que la portavoz, Isabel Rodríguez; marcan distancia de sus agitadas posturas. Asimismo, Más Madrid, conocida por ser una organización aliada de Podemos, hace lo mismo.
Todos piden a Montero “rectificar”, mientras que Clara Serra, exdiputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, revela en Twitter que el panorama de la ministra es “el resultado de la improvisación, las prisas y la falta de escucha de los informes expertos que, aunque vinieran de la judicatura progresista, se han calificado como machistas por parte del Ministerio”.
Pero nunca jamás se puede utilizar el feminismo para aprobar códigos penales más duros y abrir debates que llaman feminista al populismo punitivo y llaman patriarcal al garantismo penal.
— Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) November 16, 2022
El vicepresidente balear y juez de profesión, Juan Pedro Yllanes, perteneciente a Podemos, también protesta el actuar de Montero. Califica como «temerario» cargar contra los magistrados y afirmar que estos son «machistas». Le resulta un “exceso verbal” tras insistir que «no es cuestión de jueces machistas, sino de jueces profesionales aplicando la ley».
Además, hay voces como la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien desde el Partido Socialista Obrero Español destaca que Irene Montero queda sola por su gala de “soberbia intelectual”, al no reconocer el error. También lamenta que, para “reafirmarse”, opte por “cavar una trinchera”.
Le servirá de poco. “Esta situación abre una nueva brecha en el seno del Gobierno y pone contra las cuerdas la ministra de Igualdad que, lejos de ofrecer explicaciones o rectificar, ha cargado contra la Justicia”, asegura VozPópuli.
Una presión más y Montero podría repetir el destino de su esposo y exvicepresidente segundo de Sánchez, Pablo Iglesias, quien cayó en los comicios de Madrid frente a Isabel Díaz Ayuso tras el fracaso de sus ideas izquierdistas en las urnas. Un descalabro en el tren por las mismas causas dejaría al matrimonio hundido en sus pregonas.
