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Los médicos son ahora el blanco de la ideología “progresista” de la ministra de Igualdad del Gobierno español, Irene Montero, quien en medio del debate de la reforma de la Ley de Aborto en la Cámara de Diputados presentó una versión reeditada de la normativa donde los acusa de ejercer «violencia obstétrica» mediante prácticas basadas en “prejuicios y estereotipos machistas sobre la reproducción, la sexualidad, el embarazo y el parto”.
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La funcionaria y su partido de extrema izquierda, Unidas Podemos, elevaron está supuesta “vulneración del derecho al más alto nivel de salud” a través de seis enmiendas consignadas ante el parlamento porque, según Montero, los médicos «impactan sobre la salud física y psíquica de las mujeres y sobre su derecho al más alto nivel de salud», divulgó Ok Diario.
Para la ministra es necesaria «la eliminación de actos no apropiados o no consensuados», como cesáreas o intervenciones invasivas o dolorosas sin analgesia, así como también «la obligación de parir en una determinada posición, medicalización excesiva o innecesaria que pudiera generar complicaciones graves».
Entre sus reclamos incluidos en el proyecto en discusión propone además «la eliminación de la violencia psicológica y el maltrato verbal, a través del uso de lenguaje despectivo, la ausencia de información, insultos y el trato autoritario o humillante».
Incluso, la Ley de Aborto estipula «la eliminación de las separaciones innecesarias de las personas recién nacidas de sus madres y otras personas con vínculo directo con estas» y de «decisiones que sustituyan la forma de alimentación elegida para los recién nacidos por sus madres sin consentimiento de estas».
Un desastre conceptual
Irene Montero impone una sombra de sospecha sobre todos los profesionales sanitarios que ejercen en España con estas reformas a la Ley de Aborto –y más allá de sus fronteras– al criminalizar el trabajo de quienes actúan bajo el rigor científico y la ética médica.
Para el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, estos conceptos presentados por la ministra de Igualdad generan alarma social y erosionan la «necesaria confianza entre médico y paciente».
Es la misma posición en contra que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado de España han manifestado sobre la Ley Trans que también impulsa Montero, la cual permitirá tres cambios de sexo en dos años sin informes médicos o autorizaciones de padres para menores de edad, desconsiderando el carácter «absolutamente excepcional» que debe ejecutarse «siempre bajo la decisión judicial y nunca de forma incondicionada ni ilimitada».
Críticas infundadas
Las bancadas del Partido Popular y de Vox representan en la Cámara de Diputados un muro de contención para las iniciativas de Montero, que incluye hasta una ley de bienestar animal que abre y profundiza una disputa cultural sobre la forma de vida en las zonas rurales.
Irene Montero busca atacar a quienes contrarían sus ideas enmarcadas dentro de un “progresismo” extremo. Su última arremetida ha sido en contra de los jueces, a quienes culpa de aplicar la Ley de Garantía de la Libertad Sexual (conocida como ley del solo sí es sí) con “machismo” para supuestamente beneficiar a los procesados por delitos sexuales.
El Derecho se puede interpretar; a favor de los derechos humanos y la igualdad (como impone la Constitución) o hacerlo en favor de la justicia patriarcal y esto último es lo que en algunos casos está pasando.
— Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) November 16, 2022
El CGPJ la cuestiona. En un comunicado emitido por la comisión permanente –el máximo órgano de decisión– expresan su “más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos, que se contraponen con el acreditado compromiso de la carrera judicial con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual. Ese tipo de actuaciones minan la confianza de las víctimas en las administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección”, señalan.
Las cuatro asociaciones de jueces –Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y el Foro Judicial Independiente (FJI)– han mostrado su indignación por la reacción “infantil y absurda” de la ministra de Igualdad, tras recordar que la ley “constituye un principio básico del derecho penal”, derivado del artículo 9.3 de la Constitución española y del artículo 2.2 del Código Penal, que establece que ‘tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena'”.
