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El petróleo, la minería y la electricidad serán los sectores de la economía brasileña sobre los que se sustentará el plan del tercer gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien vuelve a Petrobras con una revancha administrativa enfocada principalmente en los mismos motores de la economía vinculados con el caso Lava Jato que lo condujo a la cárcel durante año y medio por corrupción pasiva y lavado de dinero, derivado de los sobornos que recibió de la estatal Petrobras y empresas vinculadas con la constructora Odebrecht.
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La promesa de Lula (ahora) es investigar cualquier irregularidad o “desvío”. El plan a partir de enero del próximo año –cuando tome posesión– incluye la revisión del Precio de Paridad de Importación (PPI), implementado desde 2016 por Petrobras, el mayor productor de América Latina con 2,7 millones de barriles diarios. Con ello, Lula pretende que los valores de los combustibles reflejen los “costos nacionales”, sin enfrentar las oscilaciones del dólar y del petróleo en el mercado internacional.
Detrás de la medida está su aparente intención de contener una eventual escalada de los precios de los derivados del petróleo en medio de la guerra de Rusia contra Ucrania, que redujo la oferta global.
Sin embargo, Lula hizo sus cálculos con errores, considerando que la Ley del Estado y los estatutos de la compañía podrían impedir su cambio en la política de precios de Petrobras. Además, le tocaría garantizar la competitividad cuando el diésel actualmente abastece a alrededor de 30 % de la demanda nacional.
Revaluación de ventas de refinerías
La estrategia de Lula para el sector petrolero se encamina a contactar a las empresas que han adquirido refinerías de Petrobras para saber si están interesadas en continuar con los activos privatizados o aceptarían revenderlos a la estatal.
“El equipo de Lula también indicó una posible revaluación del proceso de venta de las tres refinerías de Petrobras que quedan del acuerdo firmado con el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), que preveía la venta de ocho refinerías”, indica Ámbito.
Meter las manos en las tasas mineras
Asimismo, el próximo gobierno de Lula meterá las manos en la fijación de las tasas mineras, argumentando que el país requiere más ingresos de la exploración. Esa es una de las directrices que el grupo técnico que asesora al Partido de los Trabajadores entregó al equipo del programa de Gobierno con el fin de imponer un valor adicional llamado “participación especial” –que ya existe en el sector petrolero– el cual afectaría potencialmente los beneficios de la compañía Vale, que extrae en Carajás uno de los minerales con mayor contenido de hierro del mundo.
Las políticas que asoma Lula podrían en poco tiempo llevar a Brasil a transitar el mismo camino de volatilidad y desconfianza que atraviesa hoy Colombia con Gustavo Petro. Pues las inversiones de las mineras tenderían a contraerse para migrar a competidores como Australia y Canadá, al reducir los márgenes de actividad en el país.
El fantasma del caso Lava Jato que perseguirá a Lula
Lula vuelve a Petrobras con contundencia, pero sin guantes de sedas. Más bien con las manos embarradas por su anterior administración vinculada a la operación Lava Jato. Si se suman los años de prisión impuestos solo por acciones irregulares en Petrobras a todos los condenados –la mayoría cercanos al Partido de los Trabajadores (PT), incluido el propio Lula da Silva– se superan los 1.300 años.
El hoy presidente electo había recibido dos sentencias que sumaban 17 años, 1 mes y 10 días de cárcel por los delitos de corrupción y blanqueo de capitales, pero solo pasó 580 días tras las rejas, ya que en marzo de 2021 el Supremo Tribunal Federal (STF)–dominado por magistrados designados por el PT– le anuló las condenas y le restituyó los derechos políticos para que pudiera inscribir su candidatura, alegando tecnicismos procesales que desacreditaban al juez que lo juzgó, el hoy senador electo Sergio Moro. Pero nunca se determinó que fuera inocente de haber formado parte de la mayor trama de corrupción en la historia de Brasil y de Latinoamérica por la que fue sentenciado.
“Cuando el STF anuló el caso de Lula mucha gente empezó a decir que estaba absuelto, cuando no lo estaba”, dijo el exfiscal del caso Lava Jato, Deltan Dallagnol, en un video compartido en julio en sus redes sociales. “El Supremo no exoneró a Lula. No dijo que no había pruebas. No entró en el fondo del asunto”, agregó Dallagnol, quien el pasado 2 de octubre fue electo como diputado federal.
Ahora Lula no solo tendrá en contra las fuerzas políticas en ambas cámaras del Congreso, donde el bolsonarismo y sus aliados tendrán la mayoría, sino que además en esas curules estarán sentados el fiscal que lo acusó y el juez que lo sentenció.
Las consecuencias de una transición energética apresurada
Lula promete impulsar en simultáneo una transición energética en Brasil como ya lo hacen sus pares izquierdistas Gustavo Petro en Colombia y Gabriel Boric en Chile. La idea de Lula es consolidar el proceso de diversificación de las fuentes de generación de la matriz brasileña, principalmente a través de las energías renovables eólica y solar, que han liderado la expansión del parque de generación nacional.
Con esas dos fuentes pretende reducir el impacto ambiental y potenciar el desarrollo del noreste y el norte de Minas Gerais, regiones que le garantizaron su estrecha ventaja frente a Jair Bolsonaro.
Eletrobras, el gigante de la energía en Brasil, está a la expectativa, tras el rechazo de Lula a su privatización. Quizá sea un punto que amerite un replanteamiento para evitar repetir el escenario actual de tensión que enfrenta Petro por los vaivenes de su propuesta de transición energética en medio de la discusión de una reforma tributaria que propone altos recaudos fiscales y la eventual suspensión de los nuevos contratos para explorar y explotar hidrocarburos en Colombia.
