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El aumento de los homicidios en Chile y el temor ciudadano frente a la delincuencia supera en este momento cualquier índice pasado. No hay manera de ocultarlo, cuando la Jefatura Nacional de Delitos Contra las Personas registra 413 muertes violentas en el primer semestre de este año, cifra que representa un alza de 30 % comparado con el mismo periodo de 2021.
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Esa cifra no es el único problema del país. Hay otras. Gendarmería reporta 754 bandas en las cárceles —con dos o más internos— 184 organizaciones más en los últimos nueve meses. De ellas, 516 se vinculan al tráfico de droga, 157 al robos, 27 al infracciones a la Ley de Armas, 11 al secuestros, 10 al tráfico de personas y 33 al otros delitos. Todos los números son alarmantes por tener detrás está influencia del arribo de dos cárteles mexicanos (el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación), un cártel colombiano (Cártel del Golfo) y la banda venezolana el “Tren de Aragua”.
“Hay un perfeccionamiento de las organizaciones criminales que ahora tienen una mayor adquisición y poder de fuego. Es un fenómeno que ha ido incrementando la sensación de temor porque hay mayor violencia asociada a la comisión de ilícitos”, afirmó el director de la Unidad de Tráfico de Drogas del Ministerio Público de Chile y fiscal a cargo del Observatorio del Narcotráfico, Luis Toledo, en entrevista exclusiva con PanAm Post, quien apunta que “desde 2015 se ha ido constatando una serie de tendencias delictuales vinculadas al narco criminalidad”.
Sostiene que la recepción de sustancias de distintas partes del mundo, particularmente marihuana de origen colombiano y éxtasis, comenzó a llegar en una incipiente cantidad —79 kilos—, pero tras la contracción económica, conflictividad social y la ola migratoria la cantidad trepó hasta los 550 kilos.
Buscando mercados
La importación de marihuana de origen mexicano ha sido detectada en contenedores que llegan a los puertos de Chile directamente desde los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas —los dos puntos de salida aztecas que figuran en el ranking de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)— para ser consumida.
La maniobra demuestra que “si bien el mercado chileno es un mercado pequeño pagaba dentro Latinoamérica muy bien por las sustancias que se intentaban vender lo cual era rentable para las organizaciones criminales encargarse de eso”, afirma Toledo, quien además precisa que “las investigaciones han detectado mercados virtuales de droga que antes no existían, donde quienes vendían drogas en las calles mediante el “narcomenudeo” ahora la hacen llegar a los propios domicilios, incluso se implementó la tercerización para la compra de armas por parte de las organizaciones criminales para adquirirlas”.
En el caso del “Tren de Aragua”, el titular del Observatorio del Narcotráfico indica que “esta banda está relacionada con la venta de “Tusi”, una mezcla entre ketamina y cocaína que se vende en la calle, que ha ido desplazando de a poco la cocaína base y otras sustancias que resulta mucho más lesiva, así como tremendamente adictiva”.
Una alarma de peligro
El mayor peligro que vislumbra el fiscal es “el intento de instalación de organizaciones de alto calibre latinoamericano en Chile” luego de precisar que el Cartel de Sinaloa ya tiene una causa criminal en la ciudad fronteriza de Iquique y también en Arica, al norte del país con antecedentes por la importación y exportación hacia y desde puertos chilenos.
Admite la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad portuaria y también de protección de quienes lideran las pesquisas porque “la muerte de fiscales ecuatorianos que estaban en las redes fiscales iberoamericanos antidrogas y el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en una playa de Colombia, son una muestra de cómo dentro de la región se ha vuelto un poco más compleja la situación”.
Al respecto, subraya que “hay un diagnóstico consensuado entre las autoridades de gobierno, las autoridades políticas y las autoridades técnicas sobre la criminalidad en Chile donde se acepta la variación y mutación de la violencia bastante mayor que es deber del Estado hacerse cargo”.
Sobre ello, indica que hay intenciones de invertir y crear una glosa presupuestaria vinculada a combatir el fenómeno del crimen organizado derivado del narcotráfico. Adelantó a PanAm Post que existe un proyecto para “la creación de una Fiscalía especial antidroga y crimen organizado que tenga competencia nacional, que esté relacionada con otras fiscalías de la región y a nivel europeo para estar en contacto permanente”.
Con expectativa
Según el director de la Unidad de la Unidad de Tráfico de Drogas del Ministerio Público de Chile, “el gobierno ha recibido con más fuerza este último tiempo los informes del Observatorio para hacerse cargo de esta realidad. Espero y confío que permita efectivamente tomar las decisiones correctas para enfrentarse de una manera inteligente a un fenómeno global que nos está afectando a la región de manera intensa”.
El desafío es grande cuando reconoce que existe una escasez de fiscales asesores y técnicos para ejecutar “la labor que hoy día está desafiada en todos los en todos los procedimientos y en todas las instituciones por la falta de 220 fiscales a nivel país en total y de una Fiscalía sobre territorial o supra regional con cerca que reúna 103 cargos que nos permitan ejecutar la labor contra el crimen organizado con mayor propiedad”.
