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El Poder Judicial de Perú ordenó la detención preliminar por diez días de un grupo de asesores del presidente izquierdista, Pedro Castillo, conocido como “el gabinete en las sombras”, solicitado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción, en el marco de las investigaciones contra el mandatario y su entorno más cercano.
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El juez Víctor Zuñiga aprobó la detención de Abel Cabrera, Salatiel Marrufo, Auner Vásquez, Biberto Castillo y Eder Vitón por los presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencia y encubrimiento personal, revela El Comercio.
Sólo Alejandro Sánchez no ha sido ubicado. Este último figura como el dueño de la casa de Sarratea, donde Castillo despachó, presuntamente, de forma clandestina con el fin de otorgar licitaciones a constructoras.
Su nombre es clave. Sánchez recibió 500.000 soles, equivalentes a 126.000 dólares, de la empresa de José Uribe Fernández Inga, quien en el transcurso de la gestión de Castillo suscribió siete contratos con el Estado y ganó un total de 3228 millones de soles, cifra que ronda los 800.000 dólares.
La transacción aparece en los movimientos financieros de Alejandro Sánchez bajo investigación en la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Una red con funciones
Según las pesquisas del Ministerio Público, en la supuesta estructura criminal que conformaron los asesores de Castillo, Sánchez y Cabrera ejercían como financistas y coordinadores de la organización. Asimismo, Marrufo y Vásquez fungían como asistentes. El mandatario fungía presuntamente como el operador.
De acuerdo con la investigación fiscal, las actividades ilícitas que se les atribuyen comenzaron después de la segunda vuelta electoral del año pasado. Sus primeras maniobras se orientaron a la captación de dinero, para financiar la campaña de Castillo. Posteriormente, se buscó capitalizar su influencia en el gobierno.
Luego, con el mandatario en ejercicio de sus funciones, se dedicaron al copamiento de instituciones públicas para generar activos ilegales, mediante actos colusorios en las contrataciones públicas. Para ello, la Fiscalía señala la utilización de la emisión del decreto de urgencia 102-2021 del ministerio de Vivienda como fachada.
También destaca en su expediente la captación de congresistas por intermedio de acuerdos ilícitos,como la entrega de direcciones y ministerios, a cambio de votos favorables en el Congreso, con el fin de establecer redes de protección y encubrimiento.
Colaboradores eficaces
“La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”, escribió Castillo en su cuenta de Twitter, para cuestionar el accionar de la Fiscalía considerando que Mavila Díaz se encontraría en la casa de Gian Marco Castillo Gómez, sobrino del presidente, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.
La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud.
Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre.— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) October 11, 2022
La queja de Castillo poco escala en medio la detención de su asesores, cuando las declaraciones de la lobbista Karelim López, así como los empresarios Zamir Villaverde y Hugo Espino Lucana —a través de su condición de «colaboradores eficaces» con la Fiscalía— confirman el uso de inmueble de Sarratea por parte de terceros como «centros de operaciones».
Según El Comercio, la casa de Breña comenzó a funcionar en julio del año pasado —a solo días de la posesión de Castillo— bajo el mando de Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, sobrinos del mandatario. Ambos convocaron reuniones entre funcionarios de los ministerios de Vivienda y Transporte y el empresario Hugo Espino Lucana y el alcalde de Anguía, José Nenil Medina, para concretar la designación de puestos claves.
El medio peruano destaca que el empresario oriundo de Chota (departamento de Cajamarca), Alejandro Sánchez, facilitó uno de los cinco pisos de su vivienda para estos encuentros donde además se discutían proyectos de saneamiento, construcción de caminos y otros impulsados desde el despacho presidencial, que requerían procesos de licitación.
