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La promesa de liderar un gobierno con austeridad hecha en campaña por el hoy presidente de Chile, Gabriel Boric, sólo formó parte de una estrategia electoral. Ahora abundan las solicitudes para aumentar los salarios de los funcionarios de su gabinete, pese a la existencia de un límite administrativo, con un alto porcentaje de aprobación.
Desde junio comenzaron las gestiones para lograr un incremento en los pagos mensuales asignados por prestar servicios al Estado. Una investigación de BioBio revela que el subsecretario socialista del Interior, Manuel Monsalve, tramitó la contratación de cuatro asesores por montos superiores a los siete millones de pesos (7500 dólares) y con ello impulsó la presentación de otras 63 solicitudes similares.
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La Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Giorgio Jackson, aliado de Boric y acusado del escándalo conocido como el JacksonGate, lidera la lista de diligencias para tener funcionarios con ingresos superiores a los diez sueldos mínimos. Jackson, a quien la Contraloría cuestiona por violar el principio de prescindencia en la campaña del plebiscito, acumula 15 casos, le sigue la cartera de Hacienda con 14 y Salud con 12, pero la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, así como los ministerios del Trabajo, de Medio Ambiente y de Minería también han hecho sus peticiones.
Casi la mitad
Según la investigación del medio chileno replicada por Tele 13, de los 24 ministerios que conforman el Ejecutivo, sin contar Presidencia, diez remitieron solicitudes que incumplen el instructivo “sobre el buen uso de los recursos fiscales”.
Dirección de Presupuestos aprobó 64 solicitudes para sobrepasar el límite de sueldo prometido en campaña. El hecho provocó críticas desde oposición y oficialismo.
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— T13 (@T13) August 23, 2022
El documento establece “reglas de buen uso de los recursos públicos en la Administración Central del Estado” que incluyen indicaciones sobre el “uso del agua y energía” hasta la “contratación a honorarios” de funcionarios. Gabriel Boric al asumir el poder vociferó que la contratación a honorarios debería sujetarse estrictamente a los montos máximos, determinados en función del nivel académico y de los años de experiencia laboral de la persona a contratar.
Una mentira
De las 67 solicitudes presentadas para contratar personal con sueldos superiores al límite administrativo, ya 61 han sido autorizadas cuando el salario que sostiene a la clase trabajadora en Chile está por debajo de la línea de la pobreza, que según Fundación SOL asciende a los 513.000 pesos (550 dólares) para un hogar de cuatro integrantes.
En su defensa, desde el gobierno aseguran que estas contrataciones sólo representan 0,15 % del total de empleados públicos. Sin embargo, Boric también enfrenta cuestionamientos por haber conformado la primera línea de mando de su gobierno con el pago de cuotas políticas.
De 144 nombramientos en ministerios, subsecretarías, delegaciones regionales, delegaciones provinciales y jefatura de gabinetes de cada cartera, 46 están en manos de candidatos derrotados en las elecciones de 2020 y 2021 y de los 267 secretarios regionales ministeriales (Seremis), al menos 80 también son exaspirantes a algún cargo público.
Este contingente de designaciones equivale a casi un tercio (126) de los 411 cargos repartidos. De ellos, seis corresponden a ministros, siete a subsecretarios, ocho a delegados presidenciales regionales, 22 son delegados provinciales, 80 secretarios regionales y tres jefes de gabinete de los secretarios de Estado.
Hay más. Del total de 24 ministros nombrados, seis cayeron en las urnas. En el caso de los subsecretarios, siete de ellos perdieron la elección: tres aspiraban a un cargo parlamentario en la Cámara baja y cuatro esperaban ser electos como convencionales constituyentes para la redacción del proyecto de nueva constitución que se someterá a votación el 4 de septiembre.
En la Colombia gobernada ahora por el exguerillero Gustavo Petro existe un panorama similar. Los congresistas del oficialista Pacto Histórico prometieron en campaña reducir sus salarios pero varios como Clara López, María José Pizarro e Isabel Zuleta mostraron resistencia una vez instalados en la plenaria.
