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El Salvador lidera el ranking de países con riesgo de caer en default este año. La nación centroamericana ocupa el primer lugar en el mundo con mayor vulnerabilidad de la deuda soberana debido a su alto gasto en intereses y porcentaje total de la deuda con relación a su Producto Interno Bruto (PIB), superando incluso los riesgos de Ucrania, país que padece una guerra desde el pasado 24 de febrero cuando Rusia inició la invasión.
Un reporte de Visual Capitalist con datos recopilados por Bloomberg revela que El Salvador, bajo la administración del presidente Nayib Bukele, tiene pagos de intereses anuales equivalentes a 4,9 % de su PIB y una deuda de gobierno equivalente al 82,9 %.
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Ambos indicadores casi duplican a los de Ucrania que, pese a los ataques militares de Rusia y el natural alto riesgo de incumplimiento de deuda, mantiene sus pagos de intereses anuales por el orden de 2,9 % de su PIB, mientras su deuda de gobierno alcanza el 49 % del PIB. Las cifras de El Salvador son alarmantes si se toma en cuenta como referencia que los gastos de intereses federales de los Estados Unidos solo representan 1,6 % de su PIB.
En una cascada
Bukele tiene además a El Salvador en la lista de países con probabilidades de protagonizar una “cascada histórica de default”, según Bloomberg. La nación figura entre las más vulnerables a incurrir en impago junto a Túnez, Egipto, Ghana y Pakistán. Las cinco naciones suman un cuarto de billón de dólares de deuda.
El pronóstico es sombrío para El Salvador. El Economista estima que al final de este año le tocará refinanciar deuda de corto plazo por 1.680 millones de dólares. Las finanzas lo resentirán, considerando que en el presupuesto de gastos aprobado por el Congreso en 2021, la partida para pagar intereses y amortizaciones ronda los 1.400 millones de dólares.
Además, en enero de 2023 el país debe pagar el vencimiento de un eurobono de 800 millones de dólares. Bukele en redes sociales vocifera que cumplirá y se pregunta si los medios internacionales le pedirán disculpas cuando lo haga.
La arrogancia del mandatario es inútil cuando su arribo al Ejecutivo detonó el crecimiento de la deuda. En sus tres años de mandato ya rebasó a sus antecesores. Los números lo confirman: desde 2012 hasta 2018 la deuda aumentaba 3,5 % en promedio cada año, pero con Bukele la deuda subió a 19,42 % y en 2021 se quedó en 9 %.
Calificación en caída
El pésimo panorama financiero de El Salvador bajo la administración de Nayib Bukele provocó una caída en su calificación crediticia. La calificadora Moody’s modificó el riesgo de Caa1 a Caa3, con perspectiva negativa, lo cual eleva el “riesgo de impago para la devolución de 800 millones de dólares en enero. El cambio en las calificaciones generará intereses más altos al momento de pagar a los acreedores, además cerrará las puertas a los mercados globales para emitir más deuda».
Bukele no podrá maniobrar. La agencia calificadora de riesgo Standard and Poor’s también redujo la calificación crediticia de El Salvador de “B-” a “CCC+”, una de las peores posiciones de crédito por indicar además alta probabilidad de impago que hasta ahora sólo tenían naciones del continente africano como Burkina Faso, República del Congo y Mozambique.
Una decisión pésima
La adopción del Bitcoin en septiembre del año pasado como moneda de curso legal potenció el descalabro al comprobarse que la billetera electrónica impulsada por Bukele, “Chivo Wallet”, la descargó menos de 60 % de la población, pese a tener un bono de 30 dólares precargado. A nueve meses de su implementación la usa solo el 20 % de los salvadoreños.
El mandatario ignoró el hecho de que 70 % de los salvadoreños no estaba bancarizado y que 90 % no utilizaba servicios de banca online. El Fondo Monetario Internacional (FMI) le anticipó la catástrofe al criticar la decisión e instarlo a revocar el estatus de moneda de curso legal al Bitcoin, cuyo valor ha caído 56 % en lo que va de año.
El presidente obvió las recomendaciones. Hasta se burló y ahora solo le resta confiar en que los grandes jugadores en el espacio criptográfico estén dispuestos a ayudar a mantener vivo el concepto de la «adopción de Bitcoin por estado-nación».
