Los salvadoreños tienen tres meses soportando el Estado de Excepción decretado por el presidente, Nayib Bukele, para supuestamente combatir a las pandillas. Nadie puede reunirse libremente, ni asociarse. La correspondencia y las telecomunicaciones también son intervenidas sin autorización judicial. Sin embargo, las medidas aplicadas por los ministerios de Seguridad, Defensa y la Policía Nacional Civil convirtieron al país en presa de los negocios informales que desató la arbitrariedad del mandatario.
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Se trata del mercado que se ha formado a lo largo y ancho de El Salvador, para proveer tanto la vestimenta, como el calzado a los familiares de los procesados. En las calles se oye la expresión: “¿Cuál kit necesita? ¿El de Izalco o el de Mariona?”, que son los dos centros penitenciarios donde están los 40.000 detenidos del periodo de restricciones. Hoy la oferta es común en cualquier local. El “combo” incluye franela, bermudas o pantalones, ropa interior, calcetines y sandalias en color blanco, que es el único permitido.
El costo de los uniformes oscila 20 y 30 dólares y en promedio la mayoría adquiere hasta tres paquetes. “La navidad se adelantó”, reconocen comerciantes en un reporte de El Faro. Sin embargo, detrás de su negocio, hay drama. “Algunas familias duermen afuera de las cárceles, a la espera de noticias, sin dinero para comer durante su espera”.
Un dólar sirve para alquilar una silla mientras aguardan. Con otros 25 centavos acceden a un baño improvisado, mientras reciben la autorización para ingresar. “Caminan desde el punto de espera más de un kilómetro y medio con los paquetes en la cabeza y espalda”, reveló el medio, pero algunos regresan frustrados con los insumos porque sus parientes —hijos, padres o hermanos— no aparecen en las listas.
Una preocupación incesante
“Van 70 días de actuación arbitraria donde no se respeta la presunción de inocencia y la captura administrativa pasó de ser de tres días a 15 días” aseguró Ingrid Escobar, del directorio de la Alianza Nacional El Salvador en Paz en entrevista con PanAm Post, quien precisó lo siguiente:
“La población carcelaria se duplicó de 35000 a más de 70000 con las nuevas capturas, de las cuales, 7000 son inocentes a quienes se les trata como terroristas. Es preocupante que van 50 fallecidos al interior de los recintos que constituyen crímenes de lesa humanidad”.
Sus datos los confirma, Amnistía Internacional. En su último informe certifica que 39000 salvadoreños engrosaron a un sistema penitenciario hacinado, donde ya había 36663 reos. El ascenso de la cifra convierte a El Salvador en el país con la tasa más alta de encarcelamiento en el mundo: 1,164 personas en prisión por cada 100.000 habitantes. Lo peor es que los expedientes de cada uno provocarán una crisis judicial, al solo existir 263 defensores públicos en la Procuraduría General para representarlos en los tribunales.
Un conflicto peor
La sobrecarga de trabajo es un hecho que está originando la caída de las capturas. De registrar entre marzo y mayo, en promedio, entre 550 hasta 1000 detenidos, ahora la cifra bajó a 75, divulga La Prensa Gráfica.
El descenso tiene explicación. “Las fuerzas policiales están agotadas físicas y mentalmente porque son presionados para capturar una cuota diaria de delincuentes”, apuntó Marvin Reyes, líder del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional de El Salvador, en un contacto con PanAm Post.
“Si se evalúa la medida ha sido atinada pero deben corregirse las detenciones arbitrarias, porque las pandillas se están moviendo a zonas rurales, boscosas y alejadas, donde tienen campamentos, armas, drogas e insumos para mantenerse atrincherados dando paso a otro tipo de conflicto” advierte.
Es grave. De hecho, Reyes también agrega un posible segundo paso de este atrincheramiento que está tomando cada vez maor forma. Al respecto, comentó que a través de estas acciones “estaría conformándose una guerrillera pandilleril para contraatacar a las fuerzas de seguridad. El gobierno lo debe atender de forma urgente, con un abordaje idóneo y multidisciplinario”.
Sin plazo
El 27 de junio vencerá la segunda prórroga de 30 días del estado de excepción desde que se aprobó a finales de marzo. Bukele tendrá que decidir si profundiza el caos penitenciario y judicial, que ya arroja 2000 casos documentados ante distintas instancias por violación de derechos humanos. Asimismo, se investiga si hay evidencia de “tortura y tratos crueles”, según el abogado, Abraham Abrego, de la organización Cristosal.
También hay registro de desplazamiento forzado a raíz de la implementación del Estado de Excepción donde niños, embarazadas y ancianos son los más vulnerables. ¿Qué hará Bukele?
#ElSalvador | El abogado @brahimtoo de @Cristosal afirmó que, durante el segundo mes de régimen de excepción, la organización recibió denuncias de personas que salieron del Centro Penal La Esperanza, con "prácticas de tortura y de tratos crueles". https://t.co/MEBmUZErvM
— El Faro (@_elfaro_) June 20, 2022