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La base de datos con la información de electores chilenos está en manos de desconocidos. Todo sobre su identidad, número de cédula, edad, militancia política, sexo, pertenencia o no a pueblos originarios y hasta si vota o se abstiene se filtró. Un «grave error» en la página web del Servicio Electoral (Servel) vulneró su derecho a la privacidad que ahora los convertirá en presa fácil de la discriminación y la propaganda política.
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El desliz tecnológico de los datos de los electores de Chile –si se le puede llamar así– facilitó 116 descargas de la información sensible a finales de abril. Hay una causa penal y un sumario en curso, pero las autoridades ignoran quiénes están detrás. Las direcciones de protocolo de internet (Internet Protocol Address o IP, por sus siglas en inglés) para determinar quiénes descargaron las planillas siguen sin determinarse, según el Centro de Investigación Periodística (CIPER).
“La filtración de datos constituye un grave incumplimiento de la Ley de Protección de la Vida Privada que, entre otros objetivos, apunta a resguardar el tratamiento de datos que manejan organismos públicos. La difusión, además, infringió lo establecido en el artículo 19 de la Constitución vigente, puesto que publicita la militancia política».
Una campaña con manipulación
Despierta temores la filtración de los datos de los electores en la víspera de la campaña para empujar las opciones de Apruebo o Rechazo para el plebiscito de salida sobre el proyecto de nueva carta magna elaborado por la Convención Constitucional.
“La difusión de datos reservados sobre militancia y participación cruzada con otras bases de datos, permite establecer con un alto grado de certeza cómo votaron las personas y por qué alternativa podrían inclinarse en una elección futura”.
El problema es grande porque los electores en Chile no sólo quedan expuestos con la divulgación de los datos a un incentivo focalizado por parte de las tendencias en juego sino también pueden ser blanco de represalias por el sector político contrario. El precio de ello es alto. Podrían quedar excluidos de beneficios sociales, una oportunidad de empleo o un negocio si la contraparte emprende acciones discriminatorias de acuerdo con sus intereses políticos.
Venezuela lo vivió y aún padece las repercusiones de la llamada «Lista Tascón», uno de los mayores instrumentos de discriminación en contra de los venezolanos que firmaron para solicitar un referendo revocatorio del mandato de Hugo Chávez en 2003.
El fallecido diputado oficialista Luis Tascón reveló en aquel momento la identidad de más de dos millones de venezolanos que avalaron la petición. A los funcionarios públicos se les tildó de «traidores» y fueron despedidos de sus puestos de trabajo. Los demás –hasta el día de hoy– han sido excluidos de los programas sociales del régimen.
La Corte Interamericana de los Derechos Humano responsabilizó en un fallo al Estado venezolano de cercenar los derechos políticos, la libertad de pensamiento y expresión de los venezolanos.
Interés autoritario
El gerente general de la empresa especializada en ciencia de datos Unholster, Antonio Díaz-Araujo le dijo a CIPER que «gobiernos totalitarios andan en busca de estas bases de datos».
¿Es el del presidente Gabriel Boric uno o se encamina a ello? Sus acciones en el tiempo responderán, pero quienes tiene hoy en su poder la data de los electores puede de forma precisa saber dónde encontrarlos –tanto física como digitalmente si se cruza con los perfiles de redes sociales como Facebook– su nivel socioeconómico y si es alguien con potencial interés en votar en el plebiscito.
«Ahora, con la descarga de datos que incluye RUT y militancia, el esfuerzo se simplifica y los comandos que antes inferían o apostaban a localizar votantes, tendrán la posibilidad de desplegar campañas específicas en virtud de la militancia», advierte CIPER.
Jessica Matus Arenas, de la Fundación Datos Protegidos, califica en el reporte la filtración como «una de las mayores vulneraciones de datos en Chile, la más grande del Servel. No se le ha tomado la verdadera importancia a esta filtración de datos, porque la afiliación política es un dato sensible que involucra la esfera más íntima de una persona. De no protegerse de manera adecuada, puedes identificarla y, por lo tanto, discriminarla”.
El Servel promete al Consejo para la Transparencia (CPLT) que tomará las acciones necesarias para «asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de información crítica, reiterando el compromiso de continuar entregándole a la ciudadanía las garantías para la realización de procesos electorales con los más altos estándares y que estos hechos no se repitan en el futuro».
