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La junta de la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en El Salvador, Alba Petróleos, negó al opositor Juan Guaidó representar a la compañía en un litigio en una corte de Connecticut en Estados Unidos donde la empresa enfrenta una demanda de 40 millones de dólares. El rechazo expone el celo administrativo que prevalece en el país centroamericano sobre los negocios de la estatal chavista acusada de lavado de dinero, tener vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y favorecer con préstamos al presidente Nayib Bukele.
El cerco impuesto a Guaidó lo levantó Jaime Recinos, vicepresidente de Alba Petróleos, quien notificó a los tribunales estadounidenses que solo el abogado estadunidense Marcos D. Jiménez, designado por la gerencia salvadoreña, será quien ejerza cualquier representación en sus instancias. El juez a cargo del caso, Jeffrey Alker Meyer, aceptó la petición. Al hacerlo, quedan como un fracaso las gestiones de Guaidó ante el magistrado para atender los asuntos de la empresa.
Sin el juez a favor, Guaidó no podrá manejar los activos de la compañía que ascienden a 1200 millones de dólares ni indagar sobre los 276 millones de dólares por concepto de cuentas por cobrar que también reporta, sumado a otros 224,5 millones de dólares en cuentas por cobrar a partes relacionadas, así como los 17 millones de dólares que corresponden a cuentas incobrables.
Un litigo con trasfondo
De nada sirvieron los comunicados emitidos por la Casa Blanca durante el gobierno de Donald Trump en los que se reconocían a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Tampoco exponer el aparente respaldo de Bukele, a través de la expulsión de la delegación diplomática de Nicolás Maduro.
El juez de Connecticut dudó del apoyo de Bukele y alegó “el hecho de que El Salvador reconozca al gobierno interino en general no significa que consienta más específicamente en el derecho del gobierno interino de entrometerse en la operación de la ley corporativa de El Salvador o de comprometer el 40 % de participación accionaria de la Asociación Intermunicipal Energía para El Salvador (ENEPASA) como representante”, dice la moción divulgada por El Faro.
Con sentido
El magistrado tenía razón. El espaldarazo de Bukele es a medias, porque ante el Registro de Comercio de El Salvador, Alba Petróleos inscribió a Charli Crespo Romero como gerente de comercio y a José Rafael Hernández Guía como encargado de finanzas.
Ambos encabezan la junta general de accionistas desde febrero de 2019 y aparecen domiciliados el municipio de Nuevo Cuscatlán. Guaidó desconocía la maniobra que se ejecutó al mismo tiempo de su ascenso. Sus abogados del bufete White & Case lo admitieron y sin la invalidación de estos nombramientos en El Salvador será imposible que pueda actuar.
Bukele gana con ello. Lo hace desde que destituyó al fiscal Raúl Melara por allanar 23 oficinas de la compañía y otras 26 empresas vinculadas a sus operaciones, para investigar las irregularidades financieras de Alba Petróleos.
En el procedimiento se descubrieron transacciones «sin justificación alguna» por 3000 millones de dólares. Ahora, sin Melara indagando, el mandatario contiene otros frentes que puedan abultar los hallazgos que ya forma parte de un informe del analista de seguridad de Estados Unidos, Douglas Farah, donde el tesorero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), José Luis Merino —vinculado al desvío de 400 millones de dólares de Alba Petróleos hacia cuentas offshore en Panamá— aparece relacionado con a su despacho.
Un pieza clave
Merino es una pieza clave. En conjunto con Bukele impulsaron el lanzamiento del canal TVX en 2012, para promover la carrera política del presidente, quien en aquel momento se desempeñaba como alcalde de Nuevo Cuscatlán. El financiamiento de la planta televisiva salió de Inverval, una subsidiario de Alba Petróleos, que le otorgó al presidente tres millones de dólares.
Desde el año pasado, Meriño figura en la Lista Engel porque “incurrió en corrupción a través de sobornos y participó en un plan de blanqueo de capitales” según el Departamento de Estado.
Además, quienes representan hoy legal y financieramente a la billetera Chivo, la plataforma de Bukele para incentivar el uso del bitcoin en El Salvador, están ligados a una empresa que también se benefició de los fondos de Alba Petróleos.
Un escenario donde hasta el actual encargado del Ministerio Público, Rodrigo Delgado, está inmerso por recibir casi 50 000 dólares de la compañía.
Sin Guaidó en el medio, Bukele enfrentará la demanda de Antonio Caballero, hijo del exembajador de Colombia ante Naciones Unidas, Carlos Caballero, secuestrado y asesinado por las FARC. El demandante hoy trata de incautar bienes de esta organización guerrillera para colectar los 40 millones de dólares que le otorgó como indemnización por daños y perjuicios una Corte en Florida, mediante la Ley Antiterrorista de 2002.
Cabello afirma en Connecticut que a la petrolera venezolana de El Salvador le corresponde asumir el pago por sus vínculos. Es posible que gane. El historial de Merino, considerado “el hombre de las FARC en El Salvador” sustenta su petición.
