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La llegada de abril espanta al régimen de Daniel Ortega. El mes trae consigo la huella del estallido de los nicaragüenses que, sin miedo, hace cuatro años exigían reformas sociales y terminaron pidiendo el fin de su mandato. Para impedir que las manifestaciones que tambalearon al sandinismo se repitan, la cúpula de la dictadura comienza a proteger sus flancos.
Las amenazas ya están servidas. No habrá «ni perdón ni olvido para los masacradores de la paz. Esos días no volverán jamás, es la promesa que nos hemos hecho», asegura la vicepresidente de la nación centroamericana y esposa del dictador, Rosario Murillo.
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No les conviene que la calles se expresen. La última vez los manifestantes exigían la renuncia de Ortega y aquella petición popular dejó 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684, mientras el régimen sólo reconoce 200.
La intimidación recae también sobre la Iglesia porque consideran que contribuyó a la “explosión infernal, malévola, maligna”. La advertencia va «sobre todo contra los que vociferan en nombre de Jesucristo, a los que violentan el evangelio cristiano, violentaron al evangelio cristiano y azuzaron crímenes de lesa humanidad”, asegura Murillo.
Ortega va incluso más allá. Llama «terroristas» a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores en el diálogo nacional que procuró una salida pacífica a la crisis. Incluso, tilda al clero de «golpista», vinculando a los sacerdotes como supuestos cómplices de fuerzas internas y de grupos internacionales para intentar derrocarlo. Las organizaciones civiles como Cultura Democrática exhortan a denunciar en las redes sociales «la opresión del régimen».
#SOSNicaragua 🇳🇮 | Sigue la escalada contra las libertades en Nicaragua.
La vicepresidenta de ese país y esposa de Daniel Ortega amenazó con que las protestas -como las de 2018- "no volverán jamás".
¡Denunciemos la opresión del régimen! pic.twitter.com/vZ9xpv6izS
— Cultura Democrática (@CultDemocratica) April 5, 2022
Entre la persecución y la desconfianza
Daniel Ortega procura contener cualquier atisbo de revuelta en su contra después de que su embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, en una sesión virtual del Consejo Permanente, denunciara que el país vive en una «dictadura» que le impedía seguir «guardando silencio y defender lo indefendible porque es imposible».
Sus palabras tienen a Ortega aún más inquieto. Luego de haber nombrado al diplomático Francisco Campbell en sustitución de McFields, en tan solo 12 días lo remplazó por el exguerrillero sandinista Orlando José Tardencilla, sumando dos cambios de embajador en menos de dos semanas.
El nuevo diplomático ante la OEA es un funcionario estratégico para la dictadura, considerado que es el padre de la jueza sandinista Nadia Tardencilla Rodríguez, quien ha condenado a varios presos políticos arrestados a mediados del año pasado.
#05Abr | 🇳🇮 El exguerrillero Orlando José Tardencilla Espinoza fue nombrado embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), el cargo sería asignado por Daniel Ortega, presidente de esta Nación.
🗞️: Diario El Universal pic.twitter.com/1Fdx1UqLVq
— El Político (@elpoliticonews) April 5, 2022
Ortega apuesta a un entorno más radical ante la cercanía del 18 de abril, día en que se conmemora el estallido. Además, en la misma publicación en La Gaceta nombró a lván Lara como representante permanente alterno con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario ante la OEA. Lara lideró comparecencias públicas junto a María Amelia Coronel, ministra de gobernación (Migob), la cartera del régimen que aniquila las personalidades jurídica de organismos y fundaciones no gubernamentales.
También dejó sin efecto el nombramiento de Helio César Montenegro Díaz como miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN).
Con observadores
Juan Pappier, investigador senior de la división para las Américas de Human Rights Watch, sostiene que «Ortega se ha cerrado al escrutinio internacional» al prohibir la colaboración con las Naciones Unidas, expulsando al nuncio apostólico y al representante del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Sin embargo, desde ahora todos sus pasos serán registrados porque el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la creación de un Mecanismo de Rendición de Cuentas en Nicaragua que trabajará con la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El ente operará con o sin autorización de Ortega e investigará de forma independientes las posibles violaciones de los derechos humanos, establecerá hechos y circunstancias, recogerá y preservará pruebas, identificará a los responsables y formulará recomendaciones con un enfoque centrado en las víctimas en procesos de justicia internacional.
Igualmente, examinará las causas estructurales de las violaciones, las formas interseccionales de discriminación y las dimensiones de género de las violaciones.
El Mecanismo tiene un año para trabajar y deberá presentar un informe completo al Consejo en marzo del año 2023. Si bien el despacho dirigido por Bachelet no ha mostrado eficiencia y firmeza en su condena a dictaduras como las de Cuba y Venezuela, en Nicaragua tal vez pueda jugar al menos un papel disuasivo.
