¿Qué pasa con el presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, que escoge para su gabinete a funcionarios con antecedentes judiciales? ¿Es mala asesoría?, ¿un compromiso político?, ¿inexperiencia?, ¿desesperación? Cualquiera que sea la respuesta revela una falta de pericia. La mayor muestra de ello es, justamente, la designación de Óscar Zea como ministro de Agricultura, a pesar de tener dos acusaciones de homicidio en su contra.
El nombramiento de Zea, lo convierte en el primero en ocupar un cargo de alta jerarquía en la historia republicana del país inca con semejante hoja de vida.
Según ABC, el congresista de Perú Libre estuvo detenido por la muerte de Paulino Zeballos ocurrida en 1999 en Puno (ciudad fronteriza con Bolivia) y otra de 2005 por el asesinato de Edwin Richard Parisuaña, cuyo cadáver apareció con el cráneo destrozado cerca de los rieles del tren de la misma comunidad.
Parisuaña tomaba en un bar de Puno, junto a su amigo Roger Mamani, cuando lo llamó Óscar Zea para cobrarle dinero. La víctima en aquel entonces le dijo al actual ministro que fuese al bar. Al entrar al sitio, Zea llegó y los tres estuvieron en la misma mesa.
Pasada las horas, Mamani se fue porque su novia lo buscó en el local y a la mañana siguiente Parisuaña amaneció muerto. Un fiscal pidió 15 años de cárcel para Zea, sin embargo, nunca cumplió su condena. Burló la ley en más de una ocasión.
En fuga y sin memoria
El ministro Zea rehuyó a la justicia por el homicidio de Parisuña y se calificó como un ‘reo contumaz’ al no presentarse a juicio por asesinato en 2013 pero tres años después lo detuvieron en un estacionamiento en Ate Vitarte (al este de Lima) por estar buscado por homicidio calificado, por lo que fue trasladado desde Lima hasta una Sala Penal de Puno.
En sus declaraciones, Zea confiesa que se embriagó y la ingesta de alcohol afectó su memoria. Niega saber qué sucedió la noche donde junto a tres amigos con quienes se dedicaba a falsificar exámenes de ingreso a la universidad.
El crimen permanece sin castigo pese a la Corte Suprema haber anulado la sentencia de 2010 que absolvía al ministro y haber solicitado un examen de ADN de la ropa de Zea, encontrada con manchas de sangre.
Su versión es que «la sangre era producto de una caída de moto» y con ella, quedó fuera de los radares judiciales en 2017 y cuatro años más tarde se presentó candidato a congresista por Perú Libre y salió elegido por Puno.
Con titubeos
Zea considera las denuncias en su contra como «leyendas urbanas» porque «solo recogen testimonios sin pruebas, y no llega a ser una investigación periodística». Sin embargo, Ciriaco Parisuaña, padre de la víctima acusa a Zea de amenazarlo en reiteradas oportunidades y de sufrir ataques. “No hubo justicia” sostiene.
"Así como he matado a tu hijo, ahora te voy a matar a ti"
Testimonio de padres de Edwin Parisuaña acusa al actual ministro de Agricultura, Óscar Zea, de asesinato. Hoy, luego de la revelación, reciben amenazas y piden garantías para su vida pic.twitter.com/pADUbwyhjH— Panorama (@PanoramaPTV) March 21, 2022
Designaciones peligrosas
Zea blinda su cartera. Desde que entró el 8 de febrero al tren de Castillo, ha firmado 44 nuevos nombramientos en puestos claves dentro del ministerio de agricultura. Según El Foco los designados están en investigación por corrupción, con denuncias policiales y deudas coactivas.
El nombre que encabeza la lista es Felicísimo Antúnez, viceministro de la cartera sobre quien pesa una denuncia por presunta apropiación ilícita de 97 000 soles del Fondo Magistral Social (FOSMAG) desde 2017. Dos años después, en junio de 2019, la comisaría de Carhuaz, en Huaraz, se querelló en su contra por ejercer ilegalmente su profesión.
Ítalo Díaz Horna, asesor de alta dirección del viceministerio desde el 15 de febrero enfrenta una denuncia en el Ministerio Público por lavado de activos en perjuicio del Estado mientras que Edgar Sosa director general de Gestión Territorial está acusado de falsificar documentos para que su empresa Constructora Perú-Desarrollo obtuviera contratos en Cangallo, La Mar y Huanta.
La congresista de Avanza País, Rosselli Amuruz intenta detener sus funciones e impulsa una solicitud de interpelación a Zea en la plenaria. Para lograrlo requiere el respaldo de las demás bancadas opositoras en los próximos días.