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La izquierdista Piedad Córdoba ya tiene asegurada una curul en el Senado de Colombia. Su agotado discurso que cuestiona hasta la forma de caminar de Álvaro Uribe, defiende al chavismo, niega complicidades con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y vocifera una dudosa labor humanitaria a favor de los secuestrados se escuchará durante los próximos cuatro años en la plenaria. Lo que ella no quiere que se escuche es lo relacionado con la trilogía de investigaciones en su contra por vínculos con Álex Saab, por ser la ‘Teodora’ de las FARC, según su exasesor, y por presuntamente haber dilatado la liberación de Ingrid Betancourt y tres estadounidenses secuestrados por la mencionada narcoguerrilla.
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Su arribo al hemiciclo –que abandonó hace una década tras su destitución e inhabilitación por supuestos vínculos con la guerrilla– será el próximo 20 de julio. Desde ese día no solo cambiará su agenda pública. También su panorama judicial. Sin embargo, la Constitución colombiana no le otorga protección por su investidura como para pensar en que podría evadir a la justicia.
Si bien la victoria le conferirá indemnidad parlamentaria, un beneficio que le impedirá ser juzgada por sus opiniones o votos durante el ejercicio de sus funciones, su investidura no la protege de procesos legales por la comisión de otros delitos, dado que la Constitución colombiana no contempla la figura de la inmunidad parlamentaria que en otros países imposibilita que funcionarios en cargos de elecciones popular sean juzgados sin previo juicio político y el levantamiento de dicha inmunidad, salvo en situaciones de flagrancia.
Piedad Córdoba no podrá evadir los casos pendientes. Le tocará responder por la trilogía de investigaciones que avanza en su contra, solo que el rumbo de los expedientes será otro desde ahora, así lo explica Iván Cancino, abogado colombiano especialista en ciencias penales y fiscales, en entrevista con PanAm Post.
“Todos los procesos relacionados o no con su época de senadora serán competencia de la Corte Suprema de Justicia mientras ocupe el cargo, y todos aquellos procesos que no tengan que ver con su función de senadora, si ella renuncia, es condenada o no vuelve a ser elegida, pasarán a las fiscalías correspondientes, a la justicia ordinaria”.
Ella intenta dilatar la situación. A través de sus redes sociales, en una carta abierta, exhortó este martes a su aliado electoral, ideológico y candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, a definir la Comisión de Ética del Pacto Histórico para probar su “plena inocencia” e incluso sugiere que “las sesiones sean públicas para que el país pueda apreciar el trasfondo de estos casos fabricados”.
Carta a Gustavo Petro
Compañero @petrogustavo:
Solicito sea definida prontamente la Comisión de Ética del Pacto Histórico para demostrar mi plena inocencia.
Pido que las sesiones sean públicas para que el país pueda apreciar el trasfondo de estos casos fabricados en mi contra pic.twitter.com/7pEEtKvBgU
— Piedad Córdoba (@piedadcordoba) March 15, 2022
Un terreno abonado
De una forma u otra habrá investigación, pero los costos políticos de Piedad Córdoba serán bajos. Salir inhabilitada o destituida parece casi invivible después de la sentencia que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Petro hace dos años.
La CIDH determinó que la destitución de Petro como alcalde de Bogotá en 2013 e inhabilitación de 15 años para ocupar cargos públicos impuesta por la Procuraduría General constituyeron una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al principio de jurisdiccionalidad, la garantía de imparcialidad, el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
Con esta sentencia, la CIDH sembró dudas sobre las facultades disciplinarias de la Procuraduría General de Colombia, que le permitían investigar rápidamente a funcionarios públicos –incluidos los de elección popular– y mientras lo hacía, suspenderlos por tres meses, prorrogables por tres más, hasta decidir absolverlos o sancionarlos con multa, inhabilidad o destitución del cargo.
“Es complicado que a un servidor público de elección popular, la Procuraduría pueda suspenderlo o inhabilitar porque hay un gran vacío legal”, asegura Cancino.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia avanza con una investigación en contra de Córdoba por presuntamente dilatar la liberación de Ingrid Betancourt y tres estadounidenses secuestrados por las FARC.
La magistrada Cristina Lombana, a cargo del caso, ya ordenó recopilar testimonios nuevos. El senador Iván Cepeda está citado. Él la acompañó a varios de los viajes a centros de reclusión en Colombia y en Estados Unidos con el argumento de verificar las condiciones humanitarias de los reclusos, pero que también sirvieron para supuestamente entrevistar a exparamilitares y preguntar por el expresidente Álvaro Uribe.
Un protocolo más
Para Iván Cancino, estas acciones son solo un protocolo. “La Corte Suprema puede vincular a Piedad Córdoba, llamarla a indagatoria e imponer algunas condiciones, pero no la privará de libertad, puede pasar pero no es común”.
Las contradicciones y decisiones polémicas del alto tribunal han sido frecuentes. Su Sala Especial de Instrucción, encargada de investigar a congresistas, privó de libertad a Álvaro Uribe siendo senador por presuntamente haber manipulado testigos en un caso que se remonta a una discusión parlamentaria de 2014, donde el senador izquierdista Iván Cepeda acusó al hermano del expresidente, Santiago Uribe, de impulsar la creación de movimientos antisubversivos en los años 90.
Álvaro Uribe renunció a su rol de senador para que la investigación pasara a manos de la Fiscalía porque según su testimonio, es “más imparcial”. A los dos meses de su detención recuperó la libertad.
Pero la Corte Suprema acumula más polémicas. Su Sala de Casación Civil emitió un fallo a favor de quienes solicitaron la protección de sus derechos a la protesta pacífica y la libertad de expresión, vulnerando el principio de separación de poderes, al dictar órdenes a otras ramas del poder público, protegiendo los derechos de quienes eligen protestar pero no de quienes eligen no hacerlo y resultan afectados por las manifestaciones, y limitando la capacidad de la fuerza pública para controlar las protestas, promoviendo en el fondo la alteración del orden público y la violencia.
En una disyuntiva
A Piedad Córdoba le tocará escoger. Si renuncia como hizo Uribe o se somete a la Corte Suprema cuando esto significa que la instancia acogerá las acusaciones que la señalan de ser la ‘Teodora’ de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el dosier clasificado de 125 páginas elaborado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador donde están los movimientos sospechosos de cómo habría colaborado para favorecer a Álex Saab, el empresario colombiano preso en Estados Unidos señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro.
Todo ello se unirá a los documentos entregados por su exasesor, Andrés Vásquez, que incluyen correos electrónicos con transacciones, nombres de socios, documentos escritos y revisados directamente por Córdoba, y hasta el cruce de comunicaciones de las millonarias transacciones con Saab.
La Corte ya envió una carta rogatoria a Estados Unidos, donde solicita entrevistar a Saab en su centro de reclusión para que cuente, en qué consistía su relación con Córdoba y hasta dónde llegaron sus negocios. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea de Ecuador, Fernando Villavicencio, le atribuye un “rol de intermediaria”.
Un símbolo
En el regreso de Piedad Córdoba al Senado hay más lecturas. Una de ellas, es que en términos electorales su aporte es poco. Quizá por ello participó a través de una lista cerrada que impide saber cuántos votos obtuvo. Aún con esta estrategia de Gustavo Petro, es evidente que ha perdido peso en las urnas desde el estancamiento de su única aspiración presidencial en 2018, que abandonó antes de la primera vuelta alegando problemas familiares.
“No es una gran electora o una influencer que mueva mucha opinión. Su aterrizaje en la coalición de Petro refuerza el sector más de izquierda del Pacto Histórico con las estructuras territoriales de Poder Ciudadano”, asegura Fredy Chaverra, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, en su columna publicada en Las2orillas.
Es una adhesión que consolida el acercamiento de Petro con sectores del liberalismo socialdemócrata; es decir, con las líneas más progresistas que cohabitan en la centroizquierda del Partido Liberal. Así haya pasado casi una década de su distanciamiento de los liberales, no hay que olvidar que en nombre del liberalismo Piedad Córdoba fue representante a la Cámara y senadora durante cinco periodos.
Su valor es programático e implica la suma de un “símbolo” referente del liberalismo progresista que estará en tribuna hasta 2026 si la Corte no gira inesperadamente.
