El régimen de Nicolás Maduro tiene una forma metódica de actuar contra quien pretenda disentir. En primer lugar lo fijan como objetivo de manera pública, lo vapulean en un medio afín a la tiranía y por último, sus esbirros le capturan. Es un plan de represión calculada. Una táctica con una “altísima correlación entre las estigmatizaciones públicas y las detenciones arbitrarias por motivos políticos” con el cual Miraflores estaría incurriendo en crímenes de lesa humanidad.
- Lea también: Bolivia oxigena a Maduro con negocio que llevó hijo de Luis Arce a Caracas
- Lea también: ELN y las FARC retoman reclutamiento de niños para su guerra en la frontera
Esa es la más reciente conclusión de una investigación conjunta con el Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) avalada por Amnistía Internacional donde la coordinación de ambas acciones es “un nuevo indicador que apunta hacia el crimen de lesa humanidad de persecución, que debe ser investigado por la justicia internacional” afirma Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
#Venezuela: La relación 📈 entre estigmatizaciones y detenciones arbitrarias indica la existencia de un plan represivo sistemático y generalizado por parte de las autoridades venezolanas hasta el más alto nivel. Deben ser investigadas.
⁰#RepresiónCalculada
Aquí lo explicamos pic.twitter.com/VvSLpzK5cF— Erika Guevara-Rosas (@ErikaGuevaraR) February 10, 2022
Los medios de comunicación, públicos y privados en forma de portales web, programas de televisión y blogs que tienen vínculos con el régimen utilizan los espacios para atacar, exponer y hostigar a quienes son percibidos como críticos. De ahí deriva todo.
Abusos sistemáticos
Las víctimas son privadas de libertad mediante detenciones en supuesta situación de flagrancia que no logran posteriormente comprobarse, allanamientos y detenciones sin órdenes judiciales; en la ausencia de garantías al debido proceso, bajo incomunicación y aislamiento, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La lista de irregularidades es larga. Incluye además la presentación de civiles ante tribunales militares – Foro Penal reporta 875 civiles investigados, procesados o juzgados por tribunales militares desde 2014- , el uso de supuestos informantes anónimos como único fundamento de la detención y la interferencia de altas autoridades en casos judiciales, de manera pública o privada.
Con esas características, las organizaciones analizaron más de 300 eventos de estigmatización entre enero 2019 y junio de 2021. En ellos, los medios de comunicación que se repitieron con frecuencia antes de que se produjeran los arrestos son “Con el Mazo Dando”, “Misión Verdad” y el portal web “Lechuguinos”.
Los tres arrojan “perfiles de los agentes de estigmatización” donde sobresale la naturaleza jurídica de carácter público y el financiamiento y amparo estatal de la producción a través de Venezolana de Televisión (VTV) y de otros organismos públicos como el ministerio de Relaciones Exteriores (MPPRE), que replica el contenido de algunos de estos medios en su página web oficial.
En el caso de “Con el Mazo Dando” cuyo conductor es Diosdado Cabello, actual vicepresidente de la Asamblea Nacional ilegítima de 2020, “tan patente es su vínculo que la página del programa dirige a la cuenta de Twitter de Cabello”.
Más verdugos
Zurda Konducta y La Hojilla también forma parte de las fuentes que estigmatizan. Estas producciones de VTV según el informe están “financiadas de algún modo por dinero público” mientras que el blog “Misión Verdad”, tiene como columnista a Jorge Arreaza, quien pasó de la cancillería al ministerio de industrias y producción nacional.
En conjunto comprueban que “desde los más altos niveles del Estado se ha estructurado un sistema para desprestigiar, acusar, amenazar y señalar a quienes defienden, promueven y exigen el respeto a los derechos humanos, a través de declaraciones públicas, medios de comunicación y redes sociales, personales e institucionales” afirma Marianna Romero, directora general del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
Para la abogada, “la estigmatización, es aplicada balo la lógica del enemigo interno y deriva en la materialización de acciones violentas y persecución por parte del Estado”.
Aparato estatal responsable
De este análisis también se obtuvo que mientras en 2019 la correlación general entre las estigmatizaciones públicas y las detenciones arbitrarias por motivos políticos era de 29%, en 2020 aumentó al 42% y en el primer semestre de 2021 llegó hasta el 77%.
En la variación inciden los distintos cuerpos de seguridad involucrados en la detención. En 2019 lideraban los órganos de inteligencia (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Al año siguiente, los órganos dependientes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), incluyendo las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), fueron responsables del 92%, y en 2021 los órganos de naturaleza civil y descentralizados, como las FAES, los cuerpos de policía municipal y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con un margen similar.
“La política de represión tiene un claro objetivo de discriminación política que afecta gravemente los derechos de las personas en Venezuela que opinan diferente a Nicolás Maduro” asegura el informe de 52 páginas.
Un crimen declarado
El artículo siete del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define la “persecución de grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género”.
En el mismo instrumento convencional se define al crimen como “la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad”.
Significa que el elemento de discriminación es esencial para definir un hecho como un acto de persecución. De hecho, el documento sobre los Elementos de los Crímenes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece precisamente que la motivación política puede estar entre aquellas formas de discriminación detrás de la persecución. Que el chavismo no diga que no sabía.