English Version
La presidente izquierdista del Honduras, Xiomara Castro, aprobó con el Congreso que la respalda una amnistía “general, amplia e incondicional” para que todo funcionario, empleado o autoridad del gobierno del exmandatario derrocado Manuel Zelaya, que esté sentenciado o inmerso en una investigación judicial quede absuelto de responsabilidades. No importa el delito.
- Lea también: Xiomara Castro inicia mandato con nepotismo y reciclaje de funcionarios de Zelaya
- Lea también: Año de retrocesos para Centroamérica: más control estatal, menos libertad
La medida —que ya se publicó en Gaceta Oficial— convierte al incipiente mandato de Castro en la oportunidad para Zelaya desquitarse por su salida obligada del poder en 2009, a pesar de que durante la campaña, Castro redujo la figura de “Mel” —como lo llama— a la de un “chofer, conserje y custodio”.
Ese bajo perfil quedó atrás. La campaña acabó y ahora, con el peso político de su cónyuge, quien ocupa la coordinación general del Partido Libertad y Refundación (Libre), la presidente impulsó la absolución de quienes formaron parte de aquella fallida gestión. La movida se ejecutó en medio de la crisis interna del Congreso por la juramentación de dos directivas: una oficialista y otra disidente.
El dilema sobre quien mandaba en el Congreso terminó este lunes, cuando Jorge Cálix, quien contaba con el apoyo de 85 de los 128 parlamentarios, dio un paso al costado en su intención de dirigir el Poder Legislativo. Así dejó a Luis Redondo, quien cuenta con el respaldo de Castro, como único presidente.
“Hoy doy un paso al costado por ahora en mis pretensiones políticas y me comprometo a respetar este acuerdo”, dice el acuerdo que contiene siete puntos.
¿Amnistía o impunidad?
La amnistía en el ámbito internacional, según la doctrina constitucional, es únicamente para delitos políticos, como terrorismo, sedición, atentar contra la seguridad del Estado, entre otros, pero la amnistía de Castro y su Congreso aliado amplió esta calificación. Ahora, a esto se le sumó el lavado de activos, apropiación indebida de bienes, malversación de caudales públicos y hurto.
“Están todos los delitos existidos y por haber en el Código Penal para perdonar a todo el mundo como parte de un pacto de impunidad”, aseguró el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos en entrevista con The Associated Press.
Tiene razón. La amnistía de Castro, que beneficia a los funcionarios de Zelaya, incluye 22 delitos penales en vigor desde 1983 y otros 31 delitos del nuevo Código. También ordena cerrar los expedientes y archivar las diligencias a los juzgados y tribunales, Ministerio Público y demás dependencias policiales, militares y penitenciarias donde reposen registros o antecedentes sobre personas amparadas por el presente Decreto.
“Poco falta para canonizar a tantos delincuentes abrumados y deprimidos por ser ‘víctimas’ circunstanciales de tener manos largas y ambiciones descomunales por lo ajeno”, señaló la abogada Gabriela Castellanos en El Heraldo.
Parece una reivindicación. Sí, porque además de liberar a unos, a otros Castro los reinsertó en su gabinete. Por ejemplo, Eduardo Enrique Reina, exsecretario privado de Manuel Zelaya, es hoy el secretario de Relaciones Exteriores mientras que Rixi Moncada, exministra de Trabajo y gerente de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) durante la gestión de Manuel Zelaya es la ministra de Finanzas y Ángel Edmundo Orellana, exfiscal general del Estado y ministro de Defensa en la Administración de Zelaya, la asesora en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.
Una tensión latente frente las consecuencias
Según Pulso, la Ley de amnistía y condena al golpe de Estado, tiene vicios de nulidad en el proceso de formación de normas que ameritan la intervención del Ministerio Público y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ambos facultados para interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
A Redondo esto parece no importarle. En su agenda está derogar las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), penalizar la reelección, reducir cantidad de diputados, implementar la segunda vuelta electoral y aprobar una rebaja al precio de los combustibles y energía.
Esta última medida se haría por medio de dos proyectos de reforma para reducir el galón de gasolina súper, regular y diésel en 10 centavos de dólares —que representan 10 lempiras— y otorgar energía gratis a los abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) que consuman menos de 150 kilovatios por mes, trasladando el costo a los consumidores mayores a los 500 kilovatios).
Además, aprobó una ley para castigar con el delito de traición a la patria a quienes, a su juicio, atenten contra la Constitución. Mientras tanto, Castro esquiva las críticas con un asilamiento por COVID-19.
🚨 #𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀𝐇𝐎𝐑𝐀 🚨 #HoyMismo #Honduras | Congreso Nacional que preside Luis Redondo, aprueba Ley para castigar con el delito de traición a la patria a quienes promovieron la reelección presidencial, atentando contra la Constitución de la República. pic.twitter.com/hJE0eToKcu
— Noticieros Hoy Mismo (@HoyMismoTSI) February 7, 2022
Le deseamos la más completa y pronta recuperación a la Presidenta de #Honduras, Xiomara Castro. https://t.co/qpamgwgyhp
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) February 7, 2022
