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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió la licencia que protege a CITGO —la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en suelo estadounidense— de las “las deudas irresponsables” que contrajo el régimen de Nicolás Maduro, a cambio de hipotecar a la compañía.
Esta nueva táctica que «compra tiempo» para solventar las irregularidades que hay en torno al pago de los pasivos de la empresa petrolera se considera como “la mayor extensión de licencia otorgada hasta ahora para proteger y preservar CITGO para la futura recuperación de Venezuela”, de acuerdo con el representante del interinato del opositor Juan Guaidó ante Washington, Carlos Vecchio.
El @USTreasury extiende por 1 año (hasta 20 enero 2023) protección sobre CITGO frente a deuda irresponsable contraída por dictadura de Maduro. Desde Gob. Interino del Pdte. @jguaido seguimos trabajando activamente para preservar activos venezolanos. https://t.co/KYBrmJZPS8
— CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) January 20, 2022
La disposición cuenta con el respaldo de la Procuraduría Especial ante la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), para impedir la pérdida de patrimonio de Venezuela después que Nicolás Maduro colocara a CITGO —sin aprobación de la legítima Asamblea Nacional electa en 2015— como garantía de diversas operaciones financieras, préstamos y procesos legales en contra del régimen chavista, por más de 1500 millones de dólares.
Con el anuncio, Juan Guaidó gana tiempo para intentar junto al despacho JP Morgan Chase & Co algún avance en las negociaciones con los acreedores, que presionan por sus pagos en el exterior. Por eso, agradece esta “acción significativa”.
La ratificación de la @AsambleaVE y el Gobierno Encargado fue un paso fundamental para mantener la protección de los activos de Venezuela en el exterior.
Agradecemos al Gobierno de los EEUU por esta acción significativa en defensa de un futuro posible para los venezolanos. https://t.co/ghFTEiR7Yf
— Juan Guaidó (@jguaido) January 20, 2022
Como anillo al dedo
La prórroga para CITGO por parte de Estados Unidos llega después que el presidente de la nación, Joe Biden, confirmara que la “protección de las acciones de CITGO está atada a la vigencia del gobierno encargado”. Asimismo, recalcó que la medida sería revisada en el primer semestre de 2022.
Este parece ser el primer resultado de esa evaluación y del regreso de Roger Carstens, el enviado especial presidencial para asuntos de rehenes del gobierno de Estados Unidos de Venezuela. El representante pisó Caracas en diciembre con el objetivo de mediar en la liberación de los seis ejecutivos de la empresa que el régimen condenó a cumplir entre 8 y 13 años de prisión, por supuesta malversación de fondos, con una propuesta nunca ejecutada, para refinanciar bonos de la compañía petrolera.
Además coincide con la divulgación de la deuda financiera consolidada de PDVSA que, debido al incumplimiento de las obligaciones con bonistas y acreedores, aumentó a 34894 millones de dólares, una cifra que representa un crecimiento de 400 millones de dólares, en comparación al monto de 2020 que se ubicaba en 34494 millones de dólares.
En el medio
Sin embargo, que CITGO —la refinería más grande en Estados Unidos y principal activo de Venezuela— permanezca en resguardo no la deja exenta de otros riesgos que la rondan. Entre esos peligros figura su uso como ficha en el escenario político y electoral del país. Actualmente, el chavismo y la oposición pujan por algún beneficio en nombre de la compañía. Con una solicitud de revocatorio contra Maduro, la petrolera probablemente no escape de la mesa de negociaciones.
El régimen reclama hacerse cargo de nuevo de CITGO, compañía que pese a las limitaciones con las que opera la refinadora de petróleo, reportó pequeñas ganancias el año pasado. En ese momento registró, en el segundo trimestre de 2021, ingresos netos de tres millones de dólares.
Además, dos empresas trasnacionales, la petrolera Conoco Phillips y la minera Crystallex, demandan ante la justicia estadounidense tener derechos sobre CITGO por casos separados.
Conoco Phillips ganó en 2017 un proceso de arbitraje internacional en contra del Estado venezolano por ser expropiado indebidamente y sin indemnización. Crystalex, por su parte, ganó un arbitraje similar por una expropiación hecha en 2008. Ambas alegan que son las dueñas parciales de Citgo, ya que consideran a la filial un activo del régimen venezolano.
Guaidó es pieza clave en el escenario por tener el control de la compañía. Sobre él recae la posibilidad de pactar una versión refinanciada de la deuda. Sin embargo, para ello sería necesario que acreedores estuvieran dispuestos a negociar, considerando que la compañía tiene un valor que excede el de la deuda, activos y depósitos.
