La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos funcionarios del gobierno salvadoreño de Nayib Bukele por presuntas negociaciones con los líderes encarcelados de la pandilla Mara Salvatrucha 13 (MS-13).
El jefe del sistema penal en el país centroamericano, Osiris Luna Meza, y el viceministro de Justicia y Seguridad Pública y presidente de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, son acusados por la instancia norteamericana de dirigir, facilitar y organizar una “serie de reuniones secretas en las que participaron líderes de pandillas encarcelados como parte de los esfuerzos del Gobierno de El Salvador para negociar una tregua”.
En un comunicado, la oficina estadounidense señala que la decisión corresponde a la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky para castigar a los perpetradores de corrupción y los abusos graves a los derechos humanos.
Incentivos para delincuentes
La OFAC sustenta su decisión en el hecho de que la administración de Bukele proporcionó “incentivos financieros” a las pandillas salvadoreñas MS-13 y 18th Street Gang (Barrio 18) para garantizar que los incidentes de violencia de pandillas y el número de homicidios confirmados permanecieran en 1300 asesinatos en el último año, equivalentes un 45 % por ciento menos desde su llegada al poder.
En el transcurso de estos convenios, Luna y Marroquín acordaron con los líderes de las pandillas que estos brindarían apoyo al partido político Nuevas Ideas en las elecciones legislativas de 2021, en las que la tolda oficialista obtuvo la mayoría al conseguir 56 de las 84 curules del parlamento.
Sus gestiones además facilitaron supuestos privilegios como el suministro de teléfonos móviles y prostitutas a los miembros de estos grupos criminales en prisión. Incluso, en medio de la pandemia del COVID-19, Luna pactó apoyo a la cuarentena nacional establecida por el presidente en áreas controladas por los delincuentes y creó “puestos de trabajo fraudulentos dentro del sistema penitenciario” para que los aparentes “empleados” cobraran cheques de pagos mensuales y devolvieran una parte.
Propiedades e intereses bloqueados en EEUU
Luna intentó borrar los rastros de las reuniones de funcionarios con pandilleros al retirar 221 libros de novedades y computadoras de los recintos penitenciarios, según publicó El Faro.
El medio salvadoreño reveló que los investigadores de “Catedral” —como se conoce el caso en la Fiscalía— descubrieron un mayor número de visitas irregulares a las cárceles de máxima seguridad autorizadas por él, “saltándose todos los protocolos legales de ingreso y portando capuchas, lentes oscuros y guantes” para evitar ser identificados.
Sin embargo, sus esfuerzos de nada sirvieron. Desde ahora todas las propiedades e intereses en la propiedad de los funcionarios de Bukele en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses del 50 por ciento o más donde ellos figuren, serán bloqueadas así como cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta de los sancionados.