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Honduras es un hervidero político. Las elecciones generales de este domingo 28 de noviembre en las que se elegirá al nuevo presidente, 128 congresistas (con sus suplentes), 20 parlamentarios centroamericanos, 298 alcaldes y 2092 regidores reeditan un escenario que parece cada vez más habitual: incertidumbre, violencia política y firmes indicios de candidatos implicados en casos de corrupción o redes del crimen organizado.
Tres partidos –Libre, Nacional y Liberal– pretenden el Ejecutivo y, según las encuestas, pese a que hay 13 aspirantes, Xiomara Castro de Zelaya, la esposa del derrocado expresidente Manuel Zelaya, lidera la intención de voto para convertirse en la primera mujer que administre la nación de la mano del comunismo. Le sigue el nacionalista Nasry Asfura, el delfín del actual presidente Juan Orlando Hernández; mientras que Yani Rosenthal, la carta de los liberales, se ubica como la tercera fuerza política en los sondeos.
Uno de ellos seguramente gobernará el país pero ninguno apagará la crisis cuando sus campañas propiciaron una polarización irreversible. El Partido Libre propuso despenalizar el aborto —prohibido por completo en el país— por tres causales. El Partido Nacional lo usó a su favor para consolidar el respaldo del votante conservador. Los lemas de campaña de Asfura son “¡Patria sí, comunismo no!” y “Votar por Asfura es votar por la vida”.
Pero ese no es el único problema. Los 5.500.000 hondureños autorizados para sufragar saben que de la recomposición de las fuerzas políticas depende la nueva visión sobre el Estado de Derecho.
El gran desafío
“Se necesita una mujer que asuma la Presidencia de Honduras y maneje los fondos con transparencia”, vocifera la esposa de Zelaya. Creer en su promesa es difícil cuando el exjefe del cartel hondureño Los Cachiros, Leonel Rivera, aseguró en un juicio por narcotráfico en Nueva York que sobornó con 500.000 dólares al expresidente cuando asumió su mandato en 2006 a cambio de que designara como ministro de Seguridad a uno de sus familiares.
Por otro lado, la justicia de Honduras investiga a Nasry ‘Tito’ Asfura, por presunto abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos y lavado de activos en perjuicio de la administración pública y la fe pública por el supuesto desvío de 29.000.000 de lempiras (500.000 dólares) de las arcas de la municipalidad de la capital hondureña que él maneja desde 2014 a cuentas personales y de terceros, según una investigación realizada por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público.
Mientras, el candidato del Partido Liberal, Yani Rosenthal, arrastra las secuelas morales que le dejó la condena de tres años en Estados Unidos por lavado de dinero del narcotráfico. Además, en la memoria colectiva persiste el recuerdo de que su hijo –del mismo nombre-– sirvió como ministro de la presidencia de Zelaya y formó junto a sus familiares, Jaime Rolando Rosenthal Oliva y Yankel Antonio Rosenthal Coello parte de la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos por presuntamente apoyar actividades de tráfico internacional.
¿Una ‘triada’ de impunidad?
En todo ese panorama no se puede obviar que Honduras escogerá al sucesor del cuestionado presidente Juan Orlando Hernández, quien dejara el cargo el próximo 27 de enero, acusado de ser cómplice para el tráfico de drogas por un fiscal de Nueva York, un delito que tiene condenado a cadena perpetua a su hermano Juan Antonio ´Tony´ Hernández, por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York desde 2019.
De ahí, la necesidad de un voto consciente para que el Tribunal Superior de Cuentas recupere su independencia, considerando que en este momento está dominado por los tres partidos con más representación en el Congreso: Nacional, Libre, y Liberal. Lo mismo sucede en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Política Limpia (UPL). “Entre los tres partidos con representación en estas instituciones hacen una especie de ‘triada’ para que no haya ataques directos contra funcionarios y los esfuerzos contra la corrupción tengan resultados muy débiles. Podemos ver lo mismo claramente en la Corte Suprema de Justicia, con 8 magistrados Nacionalistas y 7 Liberales”, señala The Angeles Post.
Jornada con violencia
Los pronósticos para la jornada electoral en Honduras son pesimistas y apuntan a una posible desestabilización del mismo proceso. La Organización de Estados Americanos (OEA) intenta impedirlo con el despliegue de una misión electoral dispuesta a generar un “ambiente de paz”. Pero el desafío es grande cuando en el preámbulo de los sufragios se reporta el asesinato de 20 candidatos a cargos de elección popular en el interior del país, cinco atentados, amenazas y coacciones en contra de quienes aspiran a llegar al poder.
Sin embargo, los 91 especialistas y observadores de 22 nacionalidades estarán en 17 de los 18 departamentos para monitorear la organización y tecnología electoral, participación política de las mujeres, justicia electoral, voto en el extranjero, campañas y libertad de expresión y financiamiento político.
Mientras, la misión de la Unión Europea contará con más de 70 observadores sobre el terreno que se encargarán de enviar informes a los analistas electorales.
Pero la presencia de estas delegaciones es tibia frente a las recientes reformas al Código Penal que criminalizan la toma de carreteras o espacios públicos hasta con seis años de cárcel, así como frente a la suspensión de las garantías constitucionales vigente desde marzo de 2020 con la excusa de la pandemia y que no han sido restituidas.
