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La desconfianza por las empresas chinas crece. Esta vez, el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile dejó sin efecto la licitación que le adjudicó a la compañía asiática Aisino un contrato por diez años para fabricar las cédulas y pasaportes en el país austral. Las inconsistencias para prestar el servicio hundieron el negocio de 205.000.000 de dólares que el consorcio transó como proveedor del software y hardware.
La falta de información sobre la protección de los datos detonó la ruptura. Según el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio “al no concurrir las respuestas frente a esas materias, que son profundamente delicadas y muy importantes es que se declara esta licitación desierta conforme a la ley”.
Esa es la decisión. No hay vuelta atrás para la oferta de la empresa que equivalía a un ahorro estatal de 475.000.000 de dólares luego de que el último contrato por el servicio de identificación costara 680.000.000 millones de dólares.
La abismal diferencia incidiría además en el costo de los documentos, cuyos montos se reducirían a la mitad para la población. Así se había anunciado en octubre pero en la última gira presidencial de Sebastián Piñera, el ministro del Reino Unido, Boris Johnson; el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez y el presidente francés, Emmanuel Macron le recomendaron no entregar la licitación a la empresa china, según revela Bio Bío.
Reuniones para retroceder
Dar vuelta al negocio requirió encuentros entre Piñera, su canciller Andrés Allamand y el ministro de Justicia, Hernán Larrain. Entre ellos, evaluaron la licitación que semanas antes Estados Unidos, de manera no oficial, advirtió que afectaría la renegociación del Programa Visa Waiver que permite a los chilenos ingresar a suelo norteamericano durante 90 días por turismo, negocios y tránsito sin portar una visa pero con una autorización de viaje electrónica.
El mandatario encargó dos informes para ver el camino a seguir, si es que se decidía terminar con la licitación, con el argumento de que dentro de la negociación existe un punto que indica que “tratándose del Programa Visa Waiver con Estados Unidos, este país exige a Chile altas medidas de seguridad en sus pasaportes y el cumplimiento de exigentes estándares en procedimientos relacionados con la fabricación, emisión, uso y bloqueo de los documentos de identidad, que están sujetos a evaluaciones continuas por parte de aquel país para la extensión del beneficio a los ciudadanos chilenos”.
Y agrega que el “contratante deberá, durante toda la vigencia del contrato, asegurar al servicio, el cumplimiento de los requerimientos antes enunciados”.
Un proceso con conflicto
Ahora, este proceso arrastra la impugnación de la licitación hecha por dos empresas ante el Tribunal de Contratación Pública que favorece la disposición de Piñera.
Los argumentos del consorcio Sonda y Thales y la multinacional francesa Idemia apuntan a un presunto incumplimiento a la normativa de bases sobre contratos administrativos.
Ambas empresas coinciden en que la oferta del consorcio Aisino quebrantó una serie de requerimientos, entre ellos, la precisión exigida en las pruebas de biometría, cuyo objeto es verificar que el documento asegure una identidad única y que impida cualquier tipo de fraude o emisión errónea de documentos.
Un avance frustrado
Chile es un mercado atractivo para China. En 2019 InvestChile divulgó que los proyectos provenientes de China aumentaron 167 %, alcanzando 4852 millones de dólares. El número de contratos se elevó en un 55 %, con 31 iniciativas registradas al cierre de 2019.
De esta manera, el país oriental se situó como el principal inversionista extranjero, dejando atrás a Estados Unidos y Canadá. En 2020 cerró con 4470 millones y en marzo de este año desembolsaron 3000 millones para comprar la Compañía General de Electricidad de Chile (CGE) con el respaldo de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que aprobó sin condiciones la operación que convirtió a la estatal de origen chino State Grid en sus nuevos dueños hace un par de días.
Pero con la caída de Aisino comienza la contención al expansionismo del régimen de Xi Jinping en Latinoamérica. Desde la empresa alegan «ataques» y anuncian demandas en la «justicia internacional». El costo podría ser alto.
