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El hastío por ver gobernar al presidente boliviano Luis Arce con Evo Morales merodeando el palacio presidencial potencia el paro general que enfrenta el mandatario a un año de su ascenso al poder. Sólo ello explica que las regiones de Santa Cruz de la Sierra, Potosí, Tarija, Cochabamba, La Paz, Oruro y Beni ardan sin probabilidades a corto plazo de un cese del conflicto.
Es una herencia indeseable pero “Arce no ha hecho nada para diferenciarse o distanciarse de la imagen de Evo, cosa que pareció haber proyectado en parte su triunfo electoral. Ahora recoge también el rechazo a Morales, presente incluso en parte de su partido”, asegura Roberto Laserna, analista boliviano egresado con un doctorado en planificación regional y urbana de la Universidad de California, Berkeley, en entrevista con PanAm Post.
“Es indudable que se trata de un gobierno de continuidad”, afirma. Es así. De las 34 misiones diplomáticas de Bolivia, 18 de ellas están ocupadas por exministros y exdiputados oficialistas cercanos a Morales.
“Es tal el peso de Evo Morales que muchos dirigentes de oriente, en vez de reunirse con el presidente Arce en el palacio de gobierno, viajan al Chapare para negociar con Evo. Él sigue usando aviones del Estado y helicópteros de la Fuerza Aérea para moverse. No ha perdido un gramo de poder”, agrega el portal BioBio.
Entonces, para Laserna, las manifestaciones que se registran desde el 8 de noviembre por la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, conocida también como «ley madre” –aprobada en agosto para combatir el blanqueo de capitales– evidencian una “crisis de confianza” sobre Arce porque “las leyes objetadas son, en el fondo, rechazadas no tanto por su contenido específico sino porque la gente teme que sean aprovechadas para seguir abusando a través del órgano judicial y la Fiscalía”.
Incluso, destaca que “Arce generó expectativas de reconciliación y no las ha cumplido, perdiendo credibilidad”.
Una salida peligrosa
Los pronósticos para este estallido boliviano son reservados porque “hasta ahora no se han visto señales de tolerancia o disposición al diálogo de parte del gobierno sino más bien un endurecimiento de posiciones, agresividad y convocatorias de movilización a sus bases, que parecen inclinarse a una salida violenta del conflicto”, precisa Laserna a PanAm Post.
Las maniobras son “irresponsables” cuando “uno de los detonantes de la caída de Morales fue la molestia en la Policía y en las Fuerzas Armadas, cuando se las intentó sacar a reprimir y también a proteger a los grupos de choque del oficialismo”.
Intentar repetir la escena sería falta para un país donde el presidente está “débil, amenazado y con su posición en riesgo”, pero persiste un “discurso beligerante que no ha aceptado los espacios que tiene la oposición sino ha buscado aplastarla y excluirla”.
Dispuestos a todo
¿Qué hará Arce? Eso hará la diferencia con su antecesor. El Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade) ya publicó una lista de 11 objeciones a la ley y pidió su derogación, alegando que esta tiene como propósito «generar acciones de inteligencia financiera contra la población, control de las actividades económicas del pueblo, persecución y amedrentamiento, eximiendo de todo este proceso al narcotráfico, la principal actividad ilegal generadora de ganancias ilícitas”.
Por su parte, la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol) propuso modificar el artículo que prevé la posibilidad del ejecutivo de cambiar la norma por decreto para evitar que sea usado por los gobiernos para ingresar a las transacciones de cualquier cuenta bancaria que resulte sospechosa.
Sin embargo, la desorganización de los detractores jugaría a favor de Arce, quien puede resolver fácilmente la demanda de democracia que claman en las calles al respetar a las instituciones y mostrar disposición al diálogo. Ya hay un campesino muerto. No puede esperar.
