Es inédito. Por primera vez, la Cámara de Diputados de Chile aprobó una acusación constitucional en contra de un presidente en ejercicio y le tocó a Sebastián Piñera ser el objetivo de estos señalamientos. El catalizador de ello fue la compraventa del proyecto minero Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, operación que se divulgó en los Pandora Papers.
La decisión de la Sala espanta a La Moneda después de la jornada maratónica de 22 horas, en la que el parlamentario socialista Jaime Naranjo tomó la palabra durante 15 horas para leer un documento de 1300 páginas y alargar la discusión hasta la madrugada. Una táctica que sirvió para esperar el voto clave del congresista Giorgio Jackson, quien terminaba su cuarentena por COVID-19 en la madrugada del martes.
Jackson entró en la plenaria a la 1:22 y Naranjo culminó su intervención tres minutos después. De esa forma, la izquierda maniobró para lograr con 78 votos a favor, 67 en contra y tres abstenciones pasar el documento que aduce falta al principio de “probidad” y “comprometer gravemente el honor de la Nación” al Senado. Allí se discutirá la próxima semana si se abre o no un proceso judicial que dejaría a Piñera fuera del poder.
✅ Con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones la Cámara de Diputadas y Diputados aprueba la #AcusaciónConstitucional contra el Presidente @sebastianpinera.
Pasa al @Senado_Chile, que debe decidir como jurado. pic.twitter.com/WPx4RNQimR
— Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) November 9, 2021
No es tan fácil
La aprobación de la acusación constitucional en contra de Piñera en la Cámara baja aún tiene camino por recorrer. Actualmente, las posibilidades de que el mandatario termine frente a un estrado son inciertas, en principio porque en el Senado se requieren 29 votos de los 43 miembros para iniciar un juicio político. La izquierda, hasta los momentos, solo acumula 23.
Ahí ya está el primer obstáculo de los opositores a Piñera: para concretar la moción que abra la puerta a un juicio político se necesitaría el voto de seis senadores de la derecha. Sin embargo, las probabilidades de su activación se ven escasas, especialmente cuando las elecciones presidenciales son el próximo 21 de noviembre y quien resulte electo asumiría el 11 de marzo de 2022.
Los comicios incidirán en el debate del Senado. Es obvio. La instancia podría decantarse por evitar una mayor crispación política en el país y enfocar a las fuerzas hacia el inicio de un nuevo periodo presidencial. Para ello, la defensa de Piñera tendría que potenciar sus alegatos.
Ahora, si el Senado aprueba el pedido de destitución, Sebastián Piñera tendría que dejar la Presidencia a cuatro meses de finalizar su segundo mandato y si finalmente se produce la vacancia presidencial, la línea sucesoria continúa con el ministro de Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, quien pasaría a ser el nuevo jefe de Estado.
Inimaginable para algunos en el país y en la región. Incluso, para el abogado de Piñera, Jorge Gálvez, quien habló durante cinco horas ante el plenario destacando que “esta acusación puede ser un golpe que puede dejar heridas para los siguientes gobiernos”. Es así, considerando que Piñera no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, en los próximos cinco años.
Para el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, “es hora de cambiar el Congreso” porque “es un triste circo que no aguanta más”.
Es hora de cambiar el Congreso. Es un triste circo que no aguanta más. Conectense a https://t.co/PrDA0piQhz y veanlo ustedes mismos. pic.twitter.com/Mm4IpADpr8
— José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) November 8, 2021
En Palacio creen que la ofensiva fortalecería a “los polos en tensión”. Por un lado, da un beneficio a Gabriel Boric -extrema izquierda- bajo el discurso del recambio político y por otra parte también impulsa a a José Antonio Kast -extrema derecha- con la consigna del orden y gobernabilidad. En Chile Podemos Más, el bando del mandatario, avizoran que la acusación podría “piñerizar” o no la elección presidencial.
Sin salidas
Desde ahora, Piñera está inhabilitado para salir del país hasta que el Senado resuelva sobre el juicio político. De la misma forma, no podrá ausentarse del territorio nacional sin acuerdo del Parlamento.
Previo a la votación que le pondría en esta posición, el mandatario chileno estuvo al pendiente del proceso. Sus ojos en el Congreso fueron el secretario general de la presidencia, Juan José Ossa; el vocero de gobierno, Jaime Bellolio y el subsecretario de la Secretaría, Máximo Pavez.
De acuerdo con fuentes que citó La Tercera, Piñera “no durmió casi nada y que estuvo preguntando constantemente cómo iban las tratativas y el desarrollo de la jornada de la acusación constitucional en su contra”.
Esta cisma política que se se vive hoy en Chile es también un resultado endosable a la indagación que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) donde periodistas, tecnología y tiempo se conjugaron durante un año para estremecer al mundo con los secretos financieros de 35 presidentes y expresidentes, así como más de 330 funcionarios, políticos, artistas, fugitivos, estafadores y asesinos a través de los Pandora Papers.
La organización procesó 11.900.000 documentos filtrados de 14 empresas de servicios extraterritoriales, que en total representan 2,94 terabytes de datos en diversos formatos, que van desde imágenes, correos electrónicos, hojas de cálculo y más.
En Twitter señalan que “un contrato firmado en las Islas Vírgenes Británicas involucra la venta de una participación de la familia Piñera en un proyecto minero mientras él era presidente”.
A #PandoraPapers investigation by ICIJ partner @ciper revealed a contract signed in the British Virgin Islands involving the sale of a Piñera family stake in a mining project while he was president, which the opposition alleges is a conflict of interest. https://t.co/TlcjgTAzBw
— ICIJ (@ICIJorg) November 8, 2021
Por ello, ya la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público chileno abrió una investigación penal contra Piñera, por los presuntos delitos de cohecho, soborno y tributarios en la compraventa de la minera Dominga con una cláusula de pago, sujeta a que no se declarara bajo protección ambiental la zona donde se instala el proyecto. Si no es por el Senado, existe este proceso en curso.