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Los organismos militares y policiales de Ecuador se “sentirán con fuerzas en las calles” durante los próximos dos meses para detener al “único enemigo” del país: el narcotráfico. La violencia y delincuencia vinculadas al tráfico de drogas llevó al presidente Guillermo Lasso a decretar Estado de excepción en todo el territorio nacional. Sus expectativas son altas, según el anuncio que divulgó en su cuenta de Twitter.
El anuncio se produjo en vísperas de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, cuyo principal motivo del encuentro es discutir temas de seguridad, defensa y comercio entre ambas naciones.
Decretamos Estado de Excepción en todo el territorio nacional para llevar a cabo controles de armas, inspecciones, patrullaje las 24 horas del día, requisiciones de drogas, entre otras acciones; y crearemos la Unidad de Defensa Legal de la Fuerza Pública. pic.twitter.com/3eSNrKSQPJ
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) October 19, 2021
El plan incluye control de armas, inspecciones, patrullaje las 24 horas, requisas, entre otras acciones porque “sin seguridad no hay desarrollo y sin seguridad no habrá oportunidades posibles”, sostiene.
El decreto firmado por el mandatario concentra la movilización en las provincias como Guayas, Manabí, Santa Elena, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos. En ellas, “todos los sectores sociales y políticos deben trabajar con absoluta unidad”.
Cifras alarmantes
Lasso argumentó una «grave conmoción interna» ante el «aumento de la actividad delictiva». Es así. La tasa histórica de homicidios en el país se duplicó y pasó de 5,8 % en 2016 a 10,6 % este año, cuando ya se registran 1885 hechos delictivos de los cuales 1112 califican como violencia criminal.
Los números alarman cuando además se toma en cuenta que entre enero y agosto también se reportaron 1427 asesinatos, 55 más que los de todo el año 2020. Un panorama complejo que suma la muerte de 119 reos en un motín carcelario hace tres semanas, atribuido a facciones rivales vinculadas a organizaciones narcotraficantes mexicanas, en vista de que la nación es ahora la «autopista de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa», asegura BBC Mundo.
Según este medio, en Colombia se producen unas 1200 toneladas de droga anuales. De ellas, alrededor de 450 en los departamentos de Nariño y Putumayo, que son fronterizos con Ecuador. Y de esas 450, alrededor de 50 % –entre 200 y 250 toneladas– ingresa para ser almacenada, procesada y distribuida desde los puertos ecuatorianos, de donde salen hacia otros destinos.
Cifras de la Policía Antinarcóticos ecuatoriana, citadas por BBC, arrojan que en 2019 se decomisaron 79 toneladas de droga; en 2020, 128; y hasta el 6 de octubre del 2021 se habían decomisado136 toneladas. La proyección de las autoridades indica que al cierre de este año se lograrán incautar alrededor de 170 toneladas.
Estos cargamentos transitan por dos vías: la del Pacífico, donde la droga ingresa por la provincia de Esmeraldas hasta los puertos del país, principalmente en las provincias de Manabí y Guayas; y la ruta amazónica, a través de la cual la droga ingresa por Sucumbíos y se dirige a Brasil y otros países de la región. InsightCrime explica que los grupos criminales ecuatorianos actúan como subcontratistas de organizaciones criminales extranjeras.
El modus operandi
Una técnica común del narcotráfico en Ecuador consiste en contaminar los cargamentos legales, ocultando drogas en los contenedores antes de que estos ingresen al puerto, cuando están ya en el puerto o bien después de que los buques zarpan. Esas operaciones ilícitas son el blanco de Lasso. Promete acciones bajo los principios de «excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad», y con apego a las reglas del «uso progresivo de la fuerza».
Medidas de seguridad ante la situación actual que vive el Ecuador. pic.twitter.com/a4isyJ1mnQ
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) October 19, 2021
A su juicio, «la ley debe intimidar al delincuente, mas no al policía». Una visión que conducirá a su gobierno a indultar a todos aquellos agentes que hayan sido «injustamente condenados» por cumplir con su labor.
Incluso enviará a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley para respaldar a los agentes del orden. Así pretende «devolver la seguridad a los ciudadanos» y llevar «la batalla al hampa donde sea que se esconda».
