Este miércoles llegó al Senado la acusación constitucional en contra del presidente de Chile, Sebastián Piñera, por su presunta vinculación en la venta de sus acciones en el proyecto Dominga en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. El empuje de esta iniciativa estuvo de la bancada parlamentaria que adversan a su gobierno, quienes recabaron las firmas correspondientes.
El reto ahora es lograr 78 votos en la Cámara de Diputados para avanzar con el trámite del documento compuesto por dos capítulos, los cuales apuntan a un “atentado contra los principios de la probidad y dañar el honor de la Nación”. En ese sentido, se le acusa a Piñera de “haber infringido abiertamente la Constitución o las leyes”.
Lograr el número desatará una crisis. Esto podría ocurrir, considerando que la bancada a favor de Piñera suma 76 votos y la contraria, aunque tiene 71, alega que el impacto mediático del caso moverá la balanza para tener los siete votos que requiere la destitución.
Un proceso con espinas
Desde ahora, el mandatario quedará con arraigo nacional. Significa que no podrá viajar al extranjero, mientras los cinco diputados —elegidos en un sorteo público— de la comisión ad-hoc evalúan si procede o no la acusación.
La notificación de la acusación al Piñera se hará de manera electrónica o personal en un plazo de tres días.
Luego del trámite en la comisión revisora, el texto será despachado a la Sala. Según los cálculos, estaría votándose la cuestión previa, es decir, la defensa del mandatario —en caso de que sea deducida— entre el 5 y el 8 de noviembre, reveló El Ciudadano.
Mientras tanto, Piñera lidia además con bajas en su gabinete. “Les pido disculpas por mis errores, las cosas que debí decir y hacer, y que no dije ni hice”, escribió su secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Daniel Rodríguez, en la renuncia al cargo que presentó ante La Moneda.
Rodríguez asumió el cargo en agosto de 2019, luego de desempeñarse como Jefe de Asesores de la entonces ministra de Educación, Marcela Cubillos, y ex director ejecutivo de Acción Educar, informó El Mostrador.
Una tensión sin tregua
Es un periodo difícil para el mandatario. Uno de los peores después del estallido social, porque ahora le endosan “daño a la fe pública” por sus negocios en un paraíso fiscal. Ese es el discurso de los comunistas. Daniel Jadue, excandidato presidencial de la izquierda, vocifera en Twitter que la acusación “abre el camino para terminar con la impunidad de un régimen abusador y deslegitimado”.
La #AcusaciónConstitucional abre el camino para terminar con la impunidad de un Régimen abusador y deslegitimado. El resultado debe ser ejemplificador para que nunca más en Chile la presidencia sea usada para el enriquecimiento personal, afectando el bien de Chile y su pueblo!
— Daniel Jadue (@danieljadue) October 13, 2021
Una posición debatida por el ministro vocero de Piñera, Jaime Bellolio. A su juicio, se está “dañando a la institución de la presidencia”.
En standby
La bancada adversa a Piñera no puede cantar victoria con solo la presentación de la acusación. Menos cuando su historial de estos procesos impulsados no arroja el mejor balance. De hecho, son iniciativas que les han jugado en contra, profundizado los quiebres internos y sepultado el éxito de estas, al no lograr ordenar todos los votos.
El fracaso más reciente es la acusación presentada en 2019, por presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas en el estallido social.
Ahora sería la oportunidad para romper esta tendencia por varios motivos, entre ellos, el impacto internacional de la divulgación de los hechos, el reiterativo comportamiento cuestionable de Piñera en el manejos de asuntos internos de seguridad y seguridad social e inevitablemente, el factor electoral, que presiona a los parlamentarios del sector que van a la reelección en medio de un clima ciudadano que demanda y observa.
A esto se suma la insatisfacción que han manifestado los legisladores a favor del presidente con sus explicaciones que han incluso, arrinconado a Sebastián Sichel en el camino de ir más allá de la respuesta de La Moneda y pedir mayores aclaraciones. Es, sin dudas, un proceso con esquirlas en la carrera presidencial que desvía del foco político a los candidatos y aumenta la polarización política.