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La Unidad Anticorrupción del Ministerio Público chileno abrirá una investigación penal contra el presidente de la República, Sebastián Piñera, por los presuntos delitos de cohecho, soborno y tributarios en la compraventa de la minera Dominga en un paraíso fiscal, con una cláusula de pago, sujeta a que no se declarara bajo protección ambiental la zona donde se instala el proyecto.
La instancia judicial determinó que los antecedentes revelados por los «Pandora Papers», una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) no fueron parte de indagatorias anteriores.
“La opinión técnica es que los hechos relacionados compraventa de la minera no están expresamente incluidos en la decisión de sobrecimiento del Cuarto Juzgado de Garantía del año 2017”, afirmó la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera porque “el contrato en inglés, suscrito en Islas Vírgenes Británicas, no estaba incorporado en la investigación de ese tiempo, por lo que es un antecedente nuevo”. El proceso será de oficio dijo la funcionaria.
🔴 #AlertaT13 | Fiscalía decide abrir causa penal contra el presidente Piñera por compraventa de Dominga
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— T13 (@T13) October 8, 2021
Proceso que complica
Según BíoBío la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, asumirá la indagatoria por el caso Dominga. Ella es “la persecutora que también investiga las acusaciones contra Piñera por su presunta responsabilidad en delitos de lesa humanidad durante las manifestaciones del estallido social”.
“La decisión de la Fiscalía hace aún más gris el escenario para Piñera, dado que se suma a la del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que admitió a trámite una querella en su contra” asegura El Mostrador.
En cuanto a los plazos, en la Fiscalía apuntan a que todo se hará con premura, dado que “son hechos que deben ser esclarecidos prontamente, la investigación debe tener plazos acotados”, señaló Marta Herrera.
En defensa propia
La decisión de la Fiscalía deja en el limbo la defensa de Piñera, quien desde La Moneda declaró después de la divulgación de los Pandora Papers que estos no contenían información nueva, negando además cualquier conflicto de intereses entre sus negocios privados y su vida pública.
En ese momento consideró “absolutamente inaceptable que se use una información ya conocida sobre la que ya se pronunciaron los tribunales” en una causa cerrada a su favor en 2017.
Incluso, lamentó que su cargo le acarreara “más perjuicios en lo personal, y no beneficios” a pesar de que firmó un fideicomiso ciego para no ser ni consultado ni informado sobre las operaciones de sus empresas.
Sobre este punto, su abogado, Juan Domingo Acosta, sostiene que en la anterior investigación consignó la documentación requerida a la Policía de Investigaciones. Entre estos archivos, se encontraría uno denominado «Acuerdo», de fecha 4 de octubre de 2010, suscrito entre Minería Activa Uno Spa e Inmobiliaria Duero Limitada que «da cuenta de la totalidad de los términos y condiciones, entre otros derechos y acciones, estableciendo la oportunidad, precio y forma de pago aplicables a la transferencia del Proyecto Dominga».
Destaca que “no se puede alegar que la referida cláusula en la compraventa hubiera sido desconocida para el Ministerio Público o no hubiere formado parte de la investigación ni hubiese sido revisado»,
