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Se vienen inevitables días de tensión y conflictividad política para el presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien es uno de los protagonistas de los Pandora Papers –investigación sobre negocios offshore– por la compraventa multimillonaria del proyecto minero portuario Dominga, ubicado en la Región de Coquimbo, que transó en Islas Vírgenes Británicas (BVI). Ya en la Convención Constitucional, de mayoría izquierdista, hay quienes piden su destitución.
La operación lo tiene en el centro de la polémica porque según la averiguación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) involucró al empresario Carlos Alberto Délano –uno de sus mejores amigos– para concentrar el mayor número de acciones del proyecto.
Piñera y su familia manejaban el 33 % de la participación, pero el porcentaje aumentó hasta 56 % con la figura de Délano hasta diciembre de 2010, cuando Délano compró por 152 millones de dólares el porcentaje de todos los socios, incluido el de Piñera, con un acta firmada en Chile por 14.000.000 de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138.000.000 de dólares.
El pago de las sumas implicó un acuerdo conveniente entre las partes. Debía cancelarse en tres cuotas: el 10 de diciembre de aquel entonces se pagarían 106.800.000 dólares, el 18 de enero 21.000.000 de dólares y el monto restante quedaría pendiente durante un año –hasta el 31 de diciembre de 2011– y solo se depositaría si el Estado no declaraba reserva natural la zona donde se pensaba desarrollar Dominga, como en ese entonces reclamaban los ambientalistas.
Piñera estaba en La Moneda y “la suerte del proyecto Dominga quedaba en las manos de su gobierno que no promovió la protección ambiental de la zona”, pero generó unas ganancias de 1.000 %, afirman los papers.
Una protección de fachada
Fue un negocio a la medida, considerando que Piñera, después de asumir en marzo de 2010 su primer mandato, anunció la cancelación de la construcción de la termoeléctrica Barrancones, de la franco-belga Suez, pese a que contaba con los permisos para operar.
“He acordado con Suez cambiar la ubicación de la central termoeléctrica Barrancones, de forma tal de alejarla del sector de Punta Choros, Isla Damas e Isla Gaviota y proteger ese santuario de la naturaleza”, vociferó el mandatario entonces ante las protestas de ambientalistas en la zona. En esa decisión hay trasfondos. Barrancones debía funcionar en la comuna chilena La Higuera, el mismo sitio que la minera Dominga.
Cuando se suspendió Barrancones no se sabía que Piñera estaba detrás del desarrollo de Dominga y cuando se descubrió, una comisión investigadora del Congreso concluyó que era posible, al menos, presumir que Piñera “buscó beneficiar a la minera Dominga en agosto de 2010, cuando de manera arbitraria y saltándose la institucionalidad ambiental canceló la construcción de la central termoeléctrica Barrancones en la comuna de La Higuera”.
Sin embargo, esa querella promovida por el exdiputado Hugo Gutiérrez terminó con Piñera sobreseído porque en su declaración judicial, el mandatario dijo que estaba fuera de la gestión de sus empresas desde 2009 y negó conocer la inversión en el proyecto Dominga hasta después de terminar su primer mandato, en 2014.
Evadiendo el caso
Ante las consultas del ICIJ para la investigación, Piñera derivó el cuestionario a Nicolás Noguera, gerente general de sus empresas, quien repitió los argumentos dados en los tribunales: Piñera no maneja sus negocios y no fue informado sobre el proceso de venta de Dominga y está sobreseído por este asunto.
Hasta ahí enfrentaron a la organización que reunió a 600 periodistas de 150 medios de comunicación en 117 países para procesar los documentos filtrado de 14 proveedores. Noguera no respondió sobre el supuesto conflicto de intereses que suponía que el tercer pago de la venta de la minera dependiese de una decisión del gobierno de Piñera.
Pero el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revela que Piñera invirtió en el proyecto a través Mediterráneo Fondo de Inversión (FIP), gestionado por Administradora Bancorp, donde él y su familia participaban a través de una cascada de sociedades, según su propia declaración de patrimonio de 2010. Mediterráneo tenía un tercio de la propiedad de Minería Activa Uno Spa, que a su vez era la dueña de Minera Andes Iron, la empresa que busca construir Dominga.
Era la misma época de los cuestionamientos en contra de Piñera por sus negocios que le generaban «conflictos de interés» como Lan Airlines o Chilevisión. En cuanto a Délano, el socio inicial de Piñera en el proyecto Dominga y luego su propietario absoluto, reconoció la propiedad, se estructuró en las Islas Vírgenes Británicas porque la idea original era venderla a compradores extranjeros. “Las sociedades de la familia Délano que adquirieron el proyecto Dominga cumplieron todas las obligaciones de declaración y / o pago de impuestos que eran aplicables a esa operación”, aseguraron.
Piden destitución de Piñera
Dentro de la Convención Constitucional izquierdista ya hay voces que apuntan a levantar una acusación en contra del presidente Sebastián Piñera para destituirlo de su cargo. Uno de ellos es el convencional, Jorge Baradit, quien a través de su cuenta en Twitter “conmina” a unirse en esta dirección a los miembros del hemiciclo donde el mandatario no cuenta con mayoría a su favor.
Conmino a nuestros parlamentarios a levantar YA una acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera para destituirlo de su cargo. https://t.co/wrBP9YFqb3
— Jorge Baradit Morales (@baradit) October 3, 2021
Incluso, la expresidente del Senado y actual candidata presidencial de la centroizquierda, Yasna Provoste, pide “explicaciones y transparencia” en el caso.
La gravedad de lo publicado en #PandoraPapers obliga al presidente @sebastianpinera a explicar al país y de manera integral si usó o no su cargo para defender sus negocios personales con la Minera Dominga. Chile demanda completa transparencia y protección total a la zona. https://t.co/tsZYbgomZz
— Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) October 3, 2021
Desde el Palacio de Gobierno insisten en que los hechos “ya fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación”.
Comunicado de Prensa referente a publicación periodística del 3 de octubre de 2021 pic.twitter.com/TiLVAzTAOJ
— Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) October 3, 2021
