El exjefe de inteligencia del chavismo, Hugo el ‘Pollo’ Carvajal, envió en un sobre sellado desde la cárcel de Estremera —donde está detenido desde el 9 de septiembre— la primera supuesta “prueba” de corrupción en contra del régimen de Nicolás Maduro hasta el despacho del juez de la Audiencia Nacional de España, Manuel García Castejón, para colaborar con la Justicia e intentar impedir su extradición a Estados Unidos.
El documento que consignó es un presupuesto firmado por el expresidente de la petrolera estatal venezolana Eulogio del Pino y su comisario principal, Silvestre Molero, con el bufete International Legal Office for Cooperation and Development (Ilocad), propiedad del exjuez Baltasar Garzón, quien defiende en este momento a Alex Saab acusado de servir de testaferro de Maduro.
Según ABC, la contratación de Garzón para defender a PDVSA representó un pacto de 8,8 millones de euros —más de 10 millones de dólares— que además incluía una cláusula donde se le encomendó trabajar en «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial» y “nadie desconoce ya que Baltasar Garzón es pareja de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado”, indicó el medio.
La supuesta solicitud está fechada en 2016 y en aquel momento, Delgado ejercía como fiscal en la Audiencia Nacional en los temas de terrorismo. Sin embargo, el caso está ahora en manos del el Juzgado Central de Instrucción número 3, donde es la responsable del Ministerio Público.
Acusación con rebote
El despacho de Garzón desmiente a Carvajal. Según el medio español, el bufete niega la veracidad del documento alegando que cuenta con recursos, entre ellos, una “hoja de encargo real del servicio” para demostrar que PDVSA no fue su cliente, sino la firma estadounidense Squire Patton Boggs —la misma que defendió a los sobrinos de Nicolás Maduro condenados por narcotráfico—, para estudiar la viabilidad de emprender acciones legales en España contra varios empresarios y exfuncionarios de la petrolera venezolana, por delitos de organización criminal y blanqueo.
El documento que consignó Carvajal señala que este despacho norteamericano con el cual PDVSA mantiene relaciones comerciales, fichó a través del abogado Alfredo Anzola al buró de Ilocad SL, ubicado en Madrid. Ello se debió a sus “resultados positivos” en las causas del régimen y sus colaboradores cercanos.
Detenido con visitas
Este no parece ser el único insumo que desenfundará Carvajal. El portal El Español revela que hay un “ajetreo constante a diario en la prisión donde está recluido el ‘Pollo’ Carvajal, desde que ingresó en uno de sus módulos. Lo están entrevistando a diario policías”.
Agentes, en calidad de Policía Judicial, realizan pesquisas sobre los frentes que tiene abiertos en la Audiencia Nacional y “no son los únicos que se dejan caer por allí. También, están pasando a verlo abogados e incluso algún notario”.
Las visitas, que comenzaron el pasado 13 de septiembre, se habían establecido hasta el 30 de septiembre, aunque al parecer, se prorrogarán hasta principios de octubre. Seguro tendrá algo para contar.