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La independencia de los poderes y el respeto a la libertad de disentir, prensa y asociación pacífica cada día decae en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Este escenario, poco menos que alentador, está convirtiendo a Centroamérica en un epicentro de una institucionalidad escurridiza al borde del abismo autoritario. Y es que las cuatro naciones reflejan que este territorio «parece estar abandonando el ideal democrático y sumiéndose en regímenes autoritarios y violentos con la disidencia», sostiene El Salvador.
En cierto modo es así, una vez que se examina de manera acuciosa el proceder de cada uno de los jefes de Estado que guían estas naciones, sus patrones se dirigen hacia un solo camino: mancillar la democracia. Esta lectura sobre lo que se detecta en Centroamérica vuelve realidad el escenario más lánguido que proyectó la Fundación Friedrich Ebert cuando planteó tres probables rumbos para la región: el optimista, el tendencial y pesimista.
Según la organización, en el primero emergerían nuevos liderazgos, que asumirían el control y compromiso político con responsabilidad social bajo una representación equilibrada de mujeres y hombres. Bajo estas circunstancias se ampliaría la participación ciudadana, logrando acuerdos básicos que priorizaran políticas redistributivas con una cobertura alimentaria, sanitaria, educativa y seguridad que además aboliría la precariedad laboral en el empleo informal. De este modo, también se reduciría el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas con fines laborales y sexuales.
En el segundo panorama se avanzaría “a tientas” al desarrollo humano con una movilidad social truncada, con poca adaptación al sistema educativo a las necesidades de innovación y reconocimientos tecnológico, sin inversión en infraestructura y la migración continuaría como una válvula de escape el desempleo.
No pasó ni lo uno ni lo otro. Pasó lo peor. “Centroamérica se caerá a pedazos por los grupos del poder económico lícitos e ilícitos que afianzan su control con regímenes autoritarios, que explotan de forma irracional los recursos naturales. Donde las denuncias de fraude y militarización de los procesos electorales se intensifican así como la deslegitimación de la representación democrática”.
En este escenario, “la representación y dispersión de los movimientos sociales favorecerían a liderazgos mesiánicos y la concentración de poder estarían contra la inclusión y equidad profundizando la captura del Estado e impulsando la migración”. Era 2012 cuando la Fundación Friedrich Ebert pintó las opciones. Hoy su tino es indiscutible.
Con velocidad
En El Salvador, el deterioro democrático no comenzó en la gestión de Nayib Bukele pero bajo su mando, en dos años, se acelera considerablemente. El bloqueo de información y la toma de instituciones de control a la gestión pública transcurren con la agresividad del presidente y sus funcionarios hacia cualquier crítico, opositor o periodista. Su fracción legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y nombró hasta un nuevo fiscal adepto a su partido Nuevas Ideas para lograr la aprobación de su reelección en el poder en 2024 a pesar de que la Constitución vigente lo impide.
Los jueces, nombrados el 1 de mayo pasado después de que el Congreso –donde Bukele cuenta con amplía mayoría– cesara a los magistrados constitucionalistas en una proceso ampliamente criticado, revirtieron así un fallo de 2014 que prohibía la reelección presidencial en los siguientes 10 años tras dejar el cargo.
Una dictadura familiar
En Nicaragua se consolida una dictadura familiar con el sandinista Daniel Ortega en el poder, quien postulará su nombre en noviembre para optar a un cuarto mandatao consecutivo después de encarcelar a todos sus contrincantes de la mano de un Judicial cooptado.
En voz de José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, “los abusos han sido de tal envergadura que invalidan cualquier proceso electoral. Ortega se sepulta a partir de las elecciones, porque si ejecuta lo planificado, termina enterrado más abajo de lo que está, con total falta de credibilidad”.
El régimen neutraliza con persecuciones a la prensa crítica. La Prensa denunció que el sandinismo retuvo toneladas de papel para evitar que publicaran su versión impresa y un día después, policías allanaron las instalaciones del medio y retuvieron a su personal. Similar suerte corrió Confidencial, medio del laureado Carlos Fernando Chamorro, quien está siendo acusado de lavado de dinero, un cargo que considera infundado.
“Hace décadas, Ortega luchó contra una tiranía, pero hoy representa el caso más dramático de rompimiento democrático en el istmo, mas no el único. En ocasiones, parece que sus pares centroamericanos buscan emularlo” asegura El Salvador.
Honduras con otras reglas
La reelección del presidente Juan Orlando Hernández en 2017 cuando solo meses antes estaba prohibido evidenció un aparato judicial leal al poder que cambió las reglas del juego para avalar su permanencia.
En esta nación centroamericana “los principales retrocesos pasan por la cooptación de la institucionalidad, particularmente la encargada de impartir justicia que se usa para perseguir críticos, al tiempo que ofrece un trato benigno a los cercanos al poder”.
Además de la concentración de poder hay una opacidad legal bajo la excusa de preservar la seguridad nacional que favorecen la reserva de la información de la gestión estatal y las finanzas públicas.
La creación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad pretende subordinar al Congreso, la Fiscalía y la Corte para “provocar acusaciones contra enemigos, rivales o personas que le estorban, aun si son infundadas” mientras existe un “evidente control de los medios masivos de comunicación a través de un sistema de castigos o incentivos a las líneas editoriales”.
Guatemala convive con la opacidad
Las controversias del gobierno de Alejandro Giammattei tiene a Guatemala rumbo a un precipicio político. Su gestión está envuelta en dos escándalos que involucra el supuesto pago de vacunas rusas que no llegaron y posible soborno de un empresario ruso al mandatario a cambio de un contrato portuario.
El Ministerio Público ya comenzó una investigación a la concesión en un puerto en la frontera con Honduras. El portavoz de la fiscalía, Juan Luis Pantaleón matizó que la indagatoria no es directamente contra el mandatario, porque “goza de inmunidad” sino sobre el supuesto delito.
La investigación se abrió después de que algunos medios de comunicación, entre ellos The New York Times, se hicieran eco de las declaraciones de un testigo ante el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, en las que denunció que había entregado en la casa del presidente una alfombra enrollada llena de dinero procedente de una empresa minera “respaldada por Rusia”, con el objetivo de “sobornar a Giammattei” por el derecho “de operar parte de un puerto guatemalteco”.
Así se aviva el problema de la debilidad del sistema de partidos, que en medio de una creciente inconformidad por la corrupción del país, no parece impulsar soluciones dentro de la institucionalidad. Y como sus vecinos, esa Guatemala que hace tres décadas soñó con abandonar la violencia política y el autoritarismo, está de vuelta.
