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La nueva Carta Magna de Chile no estará lista a tiempo. En papel quedó el 4 abril de 2022 como fecha tope para someter el texto a votación. ¿La razón? La Convención Constitucional —bajo el dominio de la izquierda— incumplirá el plazo para redactarla. Muestran su ineficacia al extender a un año el periodo establecido de sesiones desde nueve meses.
“Tan instalada está la idea, que incluso el vicepresidente Jaime Bassa detalló un cronograma considerando un año para el plazo de trabajo de la Convención Constitucional y no los nueve meses iniciales”, afirmó La Tercera basándose en las declaraciones del funcionario en la séptima semana de labores en la que señaló que faltan “45 semanas de trabajo”.
Las cuentas de Bassa lo dicen todo. Asegura que tienen una “propuesta de programación en mente” donde “el reglamento definitivo debiera estar aprobado el 10 de septiembre, las comisiones permanentes debieran constituirse la semana del lunes 13, probablemente debieran sesionar la semana del lunes 20 y la semana del 27 sería territorial. Eso significa que la primera semana de octubre nos deberíamos sentar a trabajar en el contenido de la nueva Constitución, cuando nos queden 41 semanas”.
Una prórroga sin precedentes
Si bien el tema no se ha abordado de forma “institucional”, otros vicepresidentes de la mesa liderada por Elisa Loncón concuerdan en que probablemente se tendrá que solicitar una prórroga.
La izquierda apelará a un lapso de tiempo estipulado en tres meses. “Es algo que ya se da por hecho” asegura el medio chileno, porque “varios sectores de la Convención Constitucional ven la posibilidad de que el organismo deba ampliar el periodo de nueve meses que se estableció para su mandato”.
La reforma constitucional que viabilizó el proceso fijó en ese periodo el tiempo que tendrá el órgano para discutir y redactar una nueva carta fundamental, dando la posibilidad de que este se prorrogue por tres meses adicionales. Y es esa la idea.
Los factores que se analizan son diversos. Por un lado, la Convención Constitucional alega que el proceso arrancó con insólitas dificultades técnicas que marcaron su instalación. Por otro, subrayan lo desafiante que ha sido para las distintas comisiones canalizar la alta cantidad de audiencias públicas solicitadas en este periodo cuyo número asciende a 1200 hasta ahora.
Asimismo, varios convencionales afirman que para garantizar una participación efectiva y que “nadie sienta que quedó fuera” del proceso, probablemente se requiera un tiempo que sobrepase a la fecha límite.
Decisión estratégica
La extensión del trabajo de los constituyentes coincide con la aprobación del aumento del sueldo de los miembros de la plenaria hace una semana cuando la Comisión de Presupuesto aceptó —con 11 votos a favor y 4 en contra— la propuesta de los coordinadores César Valenzuela, del Partido Socialista; y Gloria Alvarado, de Movimientos Sociales; de duplicar los montos de las asignaciones que tendrán a disposición mes a mes.
La instancia —que aún no avanza en la redacción de la nueva Carta Magna, ni en los acuerdos para un reglamento que regule las actividades del hemiciclo— ratificó aumentar de los actuales 1.500.000 pesos chilenos por convencional a un total de 3.900.000 pesos chilenos que rondan los 5000 dólares.
Lo hicieron usando a las asignaciones como fachada. De este modo, justificaron la necesidad de contratar personal de apoyo (asesores u otros), viáticos (alojamiento, alimentación, transporte) y gastos operacionales. Sobre esto no tendrán que rendir cuentas. La Secretaría General de la Presidencia (Segpres) entregó la responsabilidad de la ejecución de los recursos a la plenaria.
