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El manejo de activos de la nación en manos de Juan Guaidó no escapa de la polémica. Tras ser reconocido desde febrero de 2019 como presidente interino por más de 60 países, el dirigente opositor se quedó con la administración de recursos que venía administrando y despilfarrando el chavismo. La empresa agroindustrial Monómeros, filial de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven), que opera desde los dos puertos más importantes de Colombia, el de Barranquilla frente al mar Caribe y el de Buenaventura a orillas del océano Pacífico, abre otro capítulo de presunta corrupción.
Esta compañía líder en el mercado de fertilizantes –con más de 53 años en funciones– superó el bloqueo de sus cuentas en el exterior y las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tras ser reclamada por Guaidó en 2019, pero ello no impidió que su junta directiva ad hoc firmara en abril de 2021 un contrato por 15 años con la panameña Lion Street, en el que se cede el 60 % de sus utilidades anuales equivalentes a 7.500.000 dólares.
“Insólito y distorsionado. Es un contrato leonino con una empresa de dudosa solvencia”, advierte José Luis Pirela, diputado del Bloque Parlamentario 16 de Julio de la Asamblea Nacional legítima en entrevista con PanAm Post, quien recaba información sobre este convenio.
Pero ese no es el único problema. El contrato se acaba de rescindir. Y ello, “no es un acto de rectificación. Es un acto, más bien, de confesión, irregular, donde además se actuó con poca lealtad contra los valores de la empresa”.
Acuerdo lesivo
Los trabajadores de la empresa están en alerta ante las movidas de la gerencia. En dos comunicados remitidos a la mesa de PanAm Post, su organización sindical califica al convenio como “altamente lesivo” porque “el marco normativo es tan amplio y general, que da cabida a cualquier interpretación, no existiendo así, un criterio único e inequívoco que delimite el alcance de lo acordado. Muestra de ello, lo representan la no concreción de los reales aportes de las partes, que determinen la distribución de utilidades en la proporción convenida de 40 % para Monómeros, frente al 60 % que recibiría la empresa colaboradora”.
Sintramonómeros indagó antes de pronunciarse. En el proceso descubrieron que la empresa panameña presentada con “vasta experiencia” realmente se constituyó en 2018 y hasta ahora no tiene registrado un inicio de operaciones ante el Ministerio de Comercio e Industria de Panamá como tampoco reporta ninguna actividad desde su creación ni registra un estado financiero alguno que respalde la solidez requerida para suscribir y ejecutar el “Acuerdo de colaboración Empresarial” con Monómeros Colombo-Venezolanos.
El Bloque Parlamentario 16 de Julio de la Asamblea Nacional lo sabe, lo denuncia e investiga porque además se pretendía fijar el pacto por 15 años, excediendo de “manera extrema” a los tres años que establecen los estatutos de la empresa.
Esta cláusula en particular la objetó Ángela Sierra Bustillo, encargada de la gerencia de consultoría jurídica de la compañía, pero el gerente general, Guillermo Rodríguez, la evadió.
Gerente dudoso
Aquellas acciones “tendientes a facilitar la materialización del acuerdo” de Rodríguez levantan sospechas sobre su gestión. Para Sintamonómeros en ellas hay “muestra clara de abuso de poder, y falta de compromiso genuino con la empresa porque en período de administración ha engrosado la nómina de Monómeros con unas asesorías innecesarias y ha incrementado salario a algunos empleados sin justificación y desparpajo alguno, contrario a las buenas prácticas administrativas básicas”.
Esa no es la única queja. A los empleados también les “llama poderosamente la atención, que el actual gerente general de Monómeros, Guillermo Rodríguez Laprea, fungiese en el pasado reciente como gerente general de la empresa Insumos del Pacífico 195 S.A.S., la cual mostró interés en suscribir un convenio con Monómeros, en similares condiciones a las contenidas en el Acuerdo suscrito con la empresa panameña. Llama aún más la atención el estruendoso silencio de la Junta Directiva de Monómeros ante todo lo acontecido”.
Cuentas por rendir
Las cuentas de la gestión de la junta directiva del Gobierno interino no cuadran. Monómeros en los años previos a las sanciones —2015, 2016 y 2017— arrojó saldos positivos. En el año 2018, con las restricciones para acceder a préstamos bancarios y divisas para compra de materia prima, la compañía colombo-venezolana decreció y generó una pérdida de USD 17.744 millones.
De la comparación entre los años 2018 (último año de gestión chavista) y 2019 (gestión de la junta directiva adjudicada por el Gobierno interino) se obtiene que las pérdidas de Monómeros se redujeron a solo USD 6.862 millones. Aquellos números se consolidaron y Carmen Elisa Hernández, presidente de la junta directiva ad hoc de Monómeros anunció que durante el primer semestre de 2020, Monómeros registró una utilidad operacional de 10 millones de dólares, lo que significaba un incremento de 221 % en comparación al mismo periodo de 2019.
¿Por qué si los números eran positivos se firmó con Lion Street? “Hay que investigar el caso. No se trata de armar un escándalo para tapar otro”, responde José Luis Pirela a PanAm Post.
Solicitud pública
La separación o la renuncia de la directiva de Monómeros es la petición pública de Pirela a Guaidó, considerando que sobre la compañía cursan dos investigaciones, una por parte de la Superintendencia de Sociedades por presunta “deslealtad empresarial” y otra del Ministerio del Trabajo por problemas laborales derivados de una “reclasificación de sueldos donde algunos empleados tiene salarios astronómicos y otros con la misma clasificación ganan sueldos y muy inferiores”.
El asunto es impostergable. Alejandro Plaz, comisionado para el desarrollo económico, anunció la rendición de cuentas para este viernes 23 de julio de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Petroquímica de Venezuela (Pequiven) y Monómeros.
Pirela está preparado. Tiene un “cuestionario” para presentarlo, y en caso de ser censurado con el “alicate parlamentario”, asegura que lo divulgará a través de las redes para evidenciar la indisposición del interinato ante posibles tramas de corrupción.
Hará más. Ya ha esperado un “tiempo prudencial” y si el parlamento no actúa, acudirá a la institucionalidad colombiana para que se establezcan las responsabilidades penales, civiles y administrativas a que haya lugar, porque la empresa tiene que actuar conforme a la Constitución y las leyes en Venezuela pero también actuar conforme a la legalidad del país donde opera. La sesión comienza a las 10:00 de la mañana pero el diputado sabe que “hay muchos intereses”.
