En la administración del gobierno salvadoreño de Nayib Bukele desconocen la austeridad y practican el despilfarro con los salarios de sus funcionarios, cuyos montos oscilan entre 6000 y 13000 dólares mensuales. Estas cifras alcanzan hasta el triple de lo permitido por ley. Sin embargo, mientras que unos funcionarios pueden acceder a estas cantidades, se decreta de manera casi paralela un aumento de 20 % del sueldo básico que regirá a partir de agosto, para ubicarlo en 365 dólares.
La diferencia es abismal. Sí, pero también es reveladora. Según una investigación de El Faro hay 20 de funcionarios adscritos a Casa Presidencial cuyos sueldos superan al de Bukele. La mitad de ellos inició su vida política cuando se sumaron al equipo de confianza del presidente salvadoreño.
El primer nombre a relucir es la actual secretaria de Comunicaciones, Sofía Medina, que entre el 2008 y 2014 fue ejecutiva de cuentas de Obermet, la empresa de publicidad de la familia Bukele quien factura ahora 6000 dólares por su cargo.
Como ella, existen otros trece funcionarios con salarios elevados. El secretario de prensa, Ernesto Sanabria gana la misma cantidad mientras que Daniel Álvarez, presidente de la comisión ejecutiva hidroeléctrica del Río Lempa lo supera con 6200 dólares y Douglas Rodríguez, presidente del Banco Central de Reserva alcanza los 6814. También figuran Miguel Kattán, a quien el presidente se ha referido como un pariente lejano y Salvador Gómez Góchez, compadre de Bukele.
En la cima
El presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador, Juan Pablo Durán, es el funcionario mejor pagado al percibir 13000 dólares mensuales. Le sigue Conan Castro, secretario jurídico de la presidencia, con 8000 dólares, cifra que supera en un 35 % el salario de Bukele, que es de 5181 dólares.
De hecho, el salario del secretario jurídico de Casa Presidencial (Capres) equivale a lo devengado por tres viceministros como Maritza Calderón del Ministerio del Trabajo, Mauricio Cabrera del Ministerio de Relaciones Exteriores y Ricardo Cardona del Ministerio de Educación.
Carolina Recinos, comisionada presidencial, señalada por Estados Unidos por presunta corrupción gana 6000 dólares, un monto que representa casi lo que ganan juntos la ministra de economía, María Luisa Hayem, y Edgar Romeo Rodríguez, ministro de obras públicas.
Recinos y Castro aparecieron recientemente en la Lista Engel, elaborada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, sobre políticos presuntamente involucrados en actos de corrupción y narcotráfico. Hasta el momento, el Gobierno no ha iniciado ninguna investigación al respecto indica el medio.
En la cúpula
Los perfiles analizados por El Faro representan los más altos funcionarios que han ocupado cargos de poder en el gobierno de Bukele. Entre ellos, 16 funcionarios de Capres, 21 ministros, 22 viceministros y 14 presidentes de autónomas.
En estos documentos consta la mitad de las 69 declaraciones patrimoniales revisadas se entregaron a destiempo y cuatro no se entregaron nunca. Sin embargo, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia se muestra ajena a la situación, al no emitir multas a ningún funcionario por entregar extemporáneamente su declaración patrimonial.
Sin embargo, la sección de Probidad de la CSJ, que analiza las declaraciones de patrimonio de los funcionarios, nunca ha multado a ningún servidor público por entregar su declaración de forma extemporánea, según consta en información obtenida por El Faro: https://t.co/wcW1amZW4E pic.twitter.com/mf0znI6GRE
— El Faro (@_elfaro_) July 21, 2021
Un patrón malicioso
Todo ello es “un patrón malicioso del Ejecutivo”, aseguró Wilson Sandoval, coordinador del centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) en la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) en la revista Gato Encerrado, porque resistirse a entregar información pública que es de carácter oficioso sobre funcionarios: de dónde proviene el pago de ciertas plazas, su currículum, perfil, cómo fue el proceso de contratación constituye información que debería divulgarse en los portales del gobierno sin necesidad de que la ciudadanía se lo solicite.
Desde que Bukele tomó el poder, ALAC reporta cerca de 70 solicitudes de información pero ésta han sido declaradas en reserva o entregada de forma incompleta. “Parece que hay una política de Estado de restringir la información al público”.
Es que además de tener sueldo escandalosos, los patrimonios lo son aún más. Siete funcionarios de altos cargos tiene patrimonios por más de un millón de dólares entre ellos destaca Rigoberto Soto, exministro de agricultura con un patrimonio de 1.222.000 de dólares.
Ganan el triple
En este escenario, tres ministros y seis viceministros del gabinete de Nayib Bukele se declararon ad honorem. Estos funcionarios anunciaron que, por su labor en las carteras de Estado, no recibirían remuneración. De esta manera, el Estado ahorraría los salarios.
Mintieron. Una serie de contratos revela que este grupo de servidores públicos se han beneficiado de un mecanismo de contrataciones hecho para superar los límites establecidos en la Ley de Salarios. Estos funcionarios públicos, en 16 meses, han representado una erogación de cercana a 462.456 dólares.
La ministra de vivienda, Michelle Sol de Castro; la ministra de desarrollo local, María Chichilco; el viceministro de hacienda, Jerson Posada; el viceministro de medio ambiente y recursos naturales, Alex Michel Hasbún; y el viceministro de seguridad, Mauricio Arriaza Chicas son funcionarios que cobran en alterno. Así como también el exministro de Hacienda, Nelson Fuentes; el exviceministro de hacienda, Óscar Anaya; el exviceministro de ingresos, Douglas Rodríguez; y la exviceministra de relaciones exteriores, integración y promoción económica, Cindy Portal
Estos funcionarios han recibido del erario cantidades mensuales que van desde los 3572 dólares hasta los 7500 dólares mensuales; cuando un ministro, según lo que contempla la Ley de Salarios, debería de devengar 3345,15 dólares y un viceministro 2652,01 dólares.
Un gasto innecesario
Los contratos y boletas de pago de estos funcionarios ad honorem demuestran además que el gobierno de Nayib Bukele ha gastado en ellos casi el doble de lo que constarían si desempeñarán un solo cargo. Si estos ministros y viceministros hubieran cobrado de acuerdo con la ley, el monto desembolsado sería de 248.656,12 dólares. Estas contrataciones alternas han costado 213.799,88 dólares más.
El detalle es que los doble cargo, además de ser un gasto extra para el Gobierno, riñen con la Ley de Ética Gubernamental que establece que los funcionarios no podrán “desempeñar simultáneamente dos o más cargos o empleos en el sector público que fueren incompatibles entre sí (…), por coincidir en las horas de trabajo o porque vaya en contra de los intereses institucionales”. Aun así, los contratos de cobros alternos establecen que el horario laboral es el mismo que la ley dicta para los titulares de las carteras.