El Salvador no sabe ni sabrá qué hará el presidente Nayib Bukele con los recursos del país porque así lo decidió el mandatario, al reservarse la data sobre la administración y ejecución de los fondos estatales. Una acción que ejecutó con la complicidad del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), organismo que logró constituir por leales a su gobierno.
Los detalles sobre las compras públicas, contratación de personal, licitaciones de bienes, servicios u obra, auditorías, consultorías, actas de reuniones, planes de salud, educación y de primera infancia, son algunos de los temas encontrados en su “lista de reserva”. Allí también figura hasta la asignación de vehículos que usa el mandatario, de acuerdo con la Revista Gato Encerrado.
Además de ello, hay información con reserva genérica. Este es el caso de “expedientes” que no dan detalles sobre documentos, aun cuando la Ley de Procedimientos Administrativos, en el artículo 8, precisa que un reporte de esta naturaleza debe contener de forma ordenada número de documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias; así como un índice numerado de todos los escritos que contenga.
Bukele invoca como primera causal de reserva “la que contenga opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto no sea adoptada la decisión definitiva”; y segundo, “la que menoscabe las relaciones internacionales o la conducción de negociaciones diplomáticas del país”.
Manipulación institucional
Para esconder las movidas de su gestión, Bukele reformó el Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública otorgándole todos los poderes al presidente del IAIP en agosto de 2020. Jugó a su favor. Flexibilizó los requisitos para optar al cargo de comisionado al eliminar la presentación de la solvencia del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), antecedentes policiales y la posibilidad de impugnar candidaturas que no cumplieran con los requisitos.
Así labró el camino al sigilo institucional. Luego nombró al comisionado Ricardo Gómez como cabeza del IAIP. Un mes después, designó a Luis Suárez como comisionado en representación del gremio periodístico, aunque no era periodista, sino empleado de su gobierno.
Asimismo, incorporó a Roxana Soriano, exprecandidata a diputada por San Salvador de su partido Nuevas Ideas, como comisionada en representación de asociaciones profesionales. Por último, Bukele destituyó a dos comisionadas nombradas en la gestión anterior de Salvador Sánchez Cerén. Se trata de Cesia Mena y Claudia Liduvina Escobar.
Con ellos, armó un Instituto de Acceso a la Información leal a su despacho. De este modo, también logró revocar una resolución del mismo Instituto que ordenaba entregar la versión pública de las agendas adjuntadas en su propia declaración patrimonial.
Pero el impacto es aún más grave. Un informe de la organización Acción Ciudadana elaborado con datos de los procedimientos de apelaciones llevados por el IAIP entre 2019 y abril de 2021 muestra la caída de las resoluciones de información en un 80 %, con respecto al mismo período de 2020.
No es un desplome espontáneo. Se debe a que “los comisionados se tardan ocho, nueve o más meses en atender las peticiones ciudadanas desalentando el uso de los servicios del Instituto y debilitando la confianza, lo que se traduce en limitaciones al derecho de acceso a la información pública”, afirmó el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, en entrevista con PanAm Post.
La opacidad como norma
El IAIP existe desde 2010. Sin embargo, en los últimos dos años el traspaso a manos de una mayoría oficialista afecta la respuesta no solo a los recursos de apelación, sino al establecimiento de sanciones o intervenciones en controversias sobre información denegada a ciudadanos.
Hay, a juicio de Escobar, “un claro descenso de la labor de tutela por parte del Instituto que ahora es usado para proteger los intereses del presidente”. Es así, porque “si la institución resuelve en contra del derecho a la información no se puede presentar un amparo ante la Sala Constitucional, porque el presidente depuso a los magistrados y designó unos a su favor”.
De la situación “sorprende la forma y el tiempo en el que se están dando las cosas”. Sin embargo, el abogado recuerda que cuando Bukele asumió su cargo calificó al instituto como “beligerante”. Eso, en aquel entonces, alertó al país. Sin embargo, ahora llegó “al extremo del descaro al tener a sus militantes del partido adentro, cuando es incompatible estar en un partido y en una organización que ejerce control”.
Por ello, la organización denuncia en Twitter que Bukele incumple en el encarcelamiento de funcionarios acusados de malversar dinero público.
📺El presidente Nayib Bukele ha incumplido su compromiso de encarcelar a funcionarios que malversan dinero público.#ListaEngel#CiudadaníaEnAcciónhttps://t.co/YMA2i1p9Dh
— Acción Ciudadana (@CiudadanaAccio1) July 7, 2021
Una fachada digital
Mientras todo esto ocurre para restringir la información pública, Bukele despliega su habilidad comunicativa en redes sociales para “generar el efecto de que es cercano y transparente e informa de la gestión pero esa es una información genérica y superficial de lo que significa la gestión pública. No se precisa cuánto invertirá, el tiempo que requerirá o quién recibirá los recursos y cuando la ciudadanía, la prensa o las organizaciones solicitan la información, esta es reservada”.
Hasta la Corte de Cuentas está limitada para acceder. “Todo es un ardid publicitario porque los datos reales que pueden comprobar las acciones gubernamentales están bloqueados. Lo demás es una puesta en escena de que están haciendo algo pero la información sustancial de los proyectos está oculta”, declaró a PanAm Post el director de Acción Ciudadana.
Mantener la voz de denuncia ante el cierre de los espacios cívicos de participación es la única alternativa ante una censura que “va en escalada y el gobierno está abusando cada vez más cerrando información no porque tengan solo ganas de hacerlo sino para impedir cualquier posibilidad de investigación en su contra, cuando hay irregularidades que apuntan a corrupción dentro del gobierno”.
El director de Acción Ciudadana en El Salvador subraya que “la comunidad internacional ya sabe que el presidente es autoritario, pero él distrae al país con una contranarrativa sobre las acusaciones que afectan a su entorno como la Lista Engel recién anunciada por Estados Unidos”.
Una presidencia que censura
Casa Presidencial no solo restringe la información recurriendo a las reservas, sino además declaran informaciones como “inexistentes”, cuando públicamente se conoce que existe.
Todo ello pese a que desde abril de 2015, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) es el ente garante de hacer cumplir la ley que avala tanto la transparencia, como la divulgación.
La revista Gato Encerrado revisó los índices con información reservada de 21 dependencias del Ejecutivo a partir del 1 de junio de 2019 a mayo de 2021, entre ellas figuran la Cancillería, ministerios de Salud, Educación, Obras Públicas, Hacienda, Agricultura, entre otros.
En total, ocultan 281 tipos de información durante la gestión de Bukele. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública no actualiza su índice de información desde 2018, pese a que la ley establece un plazo de seis meses.
Pandemia oculta
El Ministerio de Salud (Minsal) destaca como una de las instituciones claves en el manejo de la pandemia que clasificó en reserva su documentación. Entre los escritos ocultos está el Plan Nacional de Salud, incluyendo anexos 1; el Plan Nacional de Despliegue de Vacunación contra SARS-COV-2; los procesos de adquisición de vacunas contra el SARS-COV-2; el registro de cabinas destinadas a la vacunación; y la adquisición de pautas publicitarias por períodos de entre 3 y 5 años, según un documento consultado por EFE.
La cartera de Salud justificó la acción en el literal D del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública. En este renglón se indica que es información reservada “la que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”.
La mencionada legislación señala que la información reservada es la que “cuyo acceso se restringe de manera expresa de conformidad con esta ley, en razón de un interés general durante un período determinado y por causas justificadas”.
Para uno de los fundadores del Comité Asesor en Prácticas de Inmunizaciones (Capi) y miembro del Colegio Médico, Jorge Panameño, ocultar información crea incertidumbre en la población y desconfianza sobre los datos de inmunización.
Primera dama con restricciones
El Plan Nacional de la Primera Infancia y la Política “Crecer Juntos”, que públicamente lidera el despacho de la primera dama, Gabriela de Bukele, también está oculto bajo el mismo argumento, cuando para financiar ese plan, la nueva Asamblea Legislativa —a favor del mandatario— aprobó 600 millones de dólares.
El Ministerio de Educación (Mined) también ha reservado la información de las hojas de respuestas, cuadernillos y resultados de la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES).
El documento técnico del programa contempla la nómina y actas de estudiantes y sus responsables y de docentes que han recibido recursos tecnológicos, la lista de proveedores, cantidades de equipos adquiridos, precios de equipos, procesos de adquisición, asignaciones presupuestarias para la adquisición de recursos tecnológicos y contratos de adquisiciones. Burgos Viale sostiene que a excepción de las nóminas, lo demás debería de ser público.
En febrero de este año, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) puso en reserva durante cuatro años el estudio de factibilidad y diseño final del proyecto “Construcción del Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W (Tramo Los Chorros) entre Autopista Monseñor Romero y CA01W; municipios de Santa Tecla y San Juan Opico, departamento de La Libertad”. Así el resto. La lista es larga.