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Cuatro altos funcionarios y dos exministros del gobierno salvadoreño de Nayib Bukele conforman la nueva edición de la lista de actores corruptos y antidemocráticos o lista Engel por ser presuntamente responsables de actos de malversación o estar involucrados en ellos.
Desde ahora, el entorno del mandatario que fue señalado tiene prohibida la entrada a territorio estadounidense, perderá sus visas y en algunos casos el Departamento del Tesoro evaluará la congelación de sus bienes en Estados Unidos y otras medidas contra sus intereses o los de sus familias. Y además, Estados Unidos y sus distintas agencias limitarán también su interacción y relación de trabajo.
En concreto, los funcionarios del gobierno de Bukele nombrados en la lista son el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro; la jefa de gabinete, Carolina Recinos; el ministro de Trabajo, Rolando Castro; el director de centros penales, Osiris Luna; y los exministros de Seguridad y Agricultura Rogelio Rivas y Pablo Anliker.
Es un remezón político y diplomático para Bukele. Del mismo modo, nada puede hacer, porque la publicación del listado es parte de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los Estados Unidos, que se publicó el 27 de diciembre de 2020 para sancionar a quienes falten a la transparencia.
Giro en el manejo mediático
La orden de emisión de esta lista salió del comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, con apoyo demócrata y republicano considerando que Estados Unidos califica a la corrupción como un factor estructural que impulsa la migración centroamericana y para Biden es —en teoría— un eje central de su política hacia la región.
La antesala sobre este listado de algunos funcionarios en general se divulgó en mayo, pero en lo concerniente a El Salvador solo se señaló a la jefe de gabinete de Bukele, Carolina Recinos, así como a su aliado legislativo Guillermo Gallegos. Bukele —en aquel momento— despreció la lista. Refutó, cuestionó. Es más, no tomó medida alguna para esclarecer las acusaciones o separar a su representante, aunque las apariciones públicas y declaraciones de Recinos en medios se redujeron.
Esta vez, se manejó distinto. Bukele habló a través de otros. Se redujo a compartir un tuit del partido Arenas, en el que se solicita separar de sus cargos a los involucrados en la lista Engel y emprender investigaciones en su contra.
Nos mantendremos firmes en nuestra postura y nuestra convicción de combatir la corrupción. 👊 👊 👊 https://t.co/c4lqUNceQu
— ARENA (@ARENAOFICIAL) July 1, 2021
No hay improvisación en Bukele. Al contrario, usó la plataforma para anunciar en simultáneo un aumento de sueldo de 20% para la población. Así esparció una ola de humo digital.
Sin embargo, esto resulta inútil. No alcanza para esconder el proceder de Carolina Recinos, a quien en el preámbulo de mayo el Departamento del Tesoro acusó de “participar en significativos actos de corrupción durante su tiempo en el cargo”. Ahora la lista Engel reitera que “hizo mal uso de fondos públicos para beneficio personal” y que “participó en un importante plan de blanqueo de capitales”.
“He enviado una solicitud al Consejo del Salario Mínimo para incrementar el salario mínimo de los salvadoreños.
Si bien esto depende de aprobación del sector gubernamental, empresarial y de los trabajadores, he solicitado que se incremente en un 20%”, Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/x9o3f1iWWj
— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) July 1, 2021
Cargos con peso
En el caso del secretario jurídico Conan Castro, miembro del círculo de máxima confianza de Nayib Bukele, solo detrás de los hermanos del presidente en lo que se refiere a tener acceso a él, el reporte dice que “socavó procesos o instituciones democráticas al ayudar en la destitución inapropiada de cinco magistrados de la Corte Suprema y el Fiscal General”, el pasado 1 de mayo.
En la misma categoría de ser responsables de acciones contra la institucionalidad democrática del país aparecen Rolando Castro y a Walter Araujo. Al ministro Castro, la lista le acusa de obstruir investigaciones sobre corrupción, porque supuestamente “socavó los procesos o instituciones democráticas en un esfuerzo por dañar a sus oponentes políticos”.
Es público que en octubre de 2020 el ministerio de Trabajo cerró las oficinas de la Corte de Cuentas donde trabajaban los auditores de 500 millones de dólares en gastos gubernamentales por la pandemia, con el argumento de que había insuficiente protección para los empleados ante posibles contagios de COVID-19.
De Araujo, el reporte recuerda que “convocó a la insurrección contra la Asamblea Legislativa (el 9 de febrero de 2020) y amenazó reiteradamente a candidatos políticos”. Araujo, que fue diputado y presidente del partido Arena y ahora es vocero informal del oficialismo y excandidato a diputado de Nuevas Ideas, quiso convocar a una protesta frente a la Asamblea una semana después de que el presidente Bukele militarizara el recinto y amenazara con disolver el Congreso aquel 9F.
Más nombres en la mira
En la lista también figuran el expresidente de Guatemala, Álvaro Colom y los operadores legislativos Gustavo Alejos, Felipe Alejos y Alejandro Sinibaldi. En Honduras destaca el señalamiento contra el expresidente Pepe Lobo, a quien Estados Unidos acusa de recibir sobornos del grupo de narcotráfico “Los Cachiros”, y su esposa Rosa Elena Bonilla, condenada en Honduras a 58 años de cárcel por apropiación indebida de fondos públicos aunque posteriormente la sentencia fue anulada. También aparecen señalados 18 miembros o exmiembros del Congreso hondureño.
Sin embargo, El Salvador es el único país del Triángulo Norte en el que el Departamento de Estado norteamericano incluye a funcionarios del gobierno actual. Según El Faro esta sería la punta del iceberg, porque se prevé que la administración de Joe Biden desde ahora “la ampliará regularmente con nuevas designaciones”.
Ya en los últimos cinco años Washington ha retirado más de 300 visas a ciudadanos salvadoreños por vínculos con corrupción, afiliación a pandillas y actividades criminales. La diferencia es que esas sanciones no fueron públicas.
Una fotografía trágica
Todo ello es un “retrato demoledor de la alta clase política del norte de Centroamérica, en un momento cuando los retrocesos en la lucha contra la corrupción y la impunidad y los ataques a la institucionalidad democrática desde los congresos y poderes ejecutivos de la región están generando constantes condenas por parte de sociedad civil, organismos multilaterales y comunidad internacional”, indica el medio.
La encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, lo suscribe. A través de su cuenta en Twitter aseguró que “el mayor impedimento para el desarrollo de un país es la malversación de los fondos públicos”. Es por ello que “la lista Engel permite tomar acción inmediata contra actores que están abusando de su poder para beneficio personal”.
La define como “una herramienta más ayudar a construir en El Salvador un futuro próspero combatiendo a la corrupción desde la raíz”, pero en su video de menos de dos minutos reconoce que es “una lucha larga, compleja y continúa”
Generar esperanza, seguridad y prosperidad en El Salvador y la región requiere combatir la corrupción y denunciar a quienes la usan para beneficiarse del poder y debilitar la democracia. https://t.co/TGhApxkvyd pic.twitter.com/VvimIsk8m6
— Jean Manes (@USAmbSV) July 1, 2021
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