Opinar en Ecuador ya no será un pecado ni motivo de persecución o muerte. Guillermo Lasso asume la presidencia de la nación honrando su primera promesa de campaña: los medios serán libres e independientes.
Con esa decisión, el exbanquero conservador de 75 años inauguró su agenda de resoluciones que marcarán un antes y un después de las casi dos décadas del socialismo al frente del Palacio de Carondelet, marcadas en sus primeras dos etapas por el asedio de Correa y un último periodo caracterizado por la tibieza de Lenín Moreno.
Durante su participación en el foro iberoamericano “Desafíos de la libertad” organizado en Quito por la Fundación Internacional para la Libertad, del escritor Mario Vargas Llosa, y en el que participaron presencial y virtualmente el presidente colombiano Iván Duque, el expresidente español José María Aznar y el líder de la oposición española Pablo Casado, aseguró que “se deroga la Ley de Comunicación, no puedo ponerle ‘del correísmo’ porque es demasiado”. Así comienza “una nueva historia” difundió en Twitter.
La democracia se fortalece compartiendo nuestras ideas. Agradezco la invitación al Foro Iberoamericano: Desafíos de La Libertad, espacio que nos impulsa a encontrarnos por la libertad en todo el mundo.
Empezamos una nueva historia, una que incluye a todos los ecuatorianos. 🇪🇨💪🏼 pic.twitter.com/sfgqmMijOP
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) May 24, 2021
Una deuda pendiente
En la cita —enfocada en la defensa de la democracia, así como las libertades de expresión y de mercado desde una perspectiva liberal— advirtió que la libertad es un “bastión que hay que defenderlo”, dado que “desde hoy está amenazado” porque el correísmo no le va a “perdonar que les ganara en las urnas limpiamente”.
Recordó el secuestro y asesinato de un equipo periodístico ecuatoriano por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2018, al igual que las más de 100 agresiones contabilizadas por la Fundación a comunicadores en las protestas sociales de octubre de 2019.
No quiere más cifras roja, ni caídos. Pero en el fondo también es una reivindicación con los medios después de las sanciones impuestas en 2017 por la Superintendencia de Comunicación en contra de Ecuavisa, La Hora, Expreso, El Universo, Televicentro, Teleamazonas y el diario El Comercio, por no replicar una nota del diario argentino Página 12 con supuestas empresas fantasma (offshore) de Lasso en el exterior.
La entidad bajo el mando de Correa castigó a las empresas informativas con una multa de 3700 dólares, el equivalente a 10 salarios básicos de periodistas, con el argumento que esa noticia era de “interés público” y que se debía divulgar, de acuerdo con lo se estipula en la controvertida ley de medios establecida en 2013 y que ahora quedará sepultada.
Apoyo en jaque
Los objetivos de Guillermo Lasso con los medios están definidos desde la campaña. Su decisión es proponer otra normativa sustitutiva que consagre la libertad de expresión, además de proceder a la venta de los medios públicos e incautados.
Pero el éxito luce quimérico. Para concretar su acción, el presidente necesitará el respaldo de la Asamblea Nacional donde cuenta con una débil influencia.
En el parlamento de 137 escaños, los aliados del expresidente izquierdista Rafael Correa tendrán el bloque más numeroso, con 49 asientos. El partido indígena de izquierda, en alianza con el bloque de Izquierda Democrática, tendrá 45 escaños, mientras que el partido de centroderecha de Lasso, Creación de Oportunidades (Creo), tiene solo 12 legisladores.
Con las fuerzas políticas en contra esta medida servirá de termómetro para pulsar el ambiente que le espera en estos primeros días de gobierno. Será, entonces, una jugada para calentar la cancha.
Sin penalización
El terreno ya está abonado. El presidente tiene una hoja de ruta por cumplir, la cual fue trazada por la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) que incluye una agenda para promocionar, defender y expandir el derecho a la libertad de expresión.
Entre las propuestas destaca una “fórmula” para eliminar articulados como el de la Ley Antimonopolio, que impide a cualquier empresario de otro sector económico invertir en un medio de comunicación, lo que en la práctica imposibilita las inversiones o la compra de empresas informativas.
También plantea suprimir los artículos recogidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que penalizan la opinión, así como desactivar otros dispositivos legales que cercenan la libertad de expresión.
Una reforma constitucional —para concretar los puntos en la Carta Magna—, incentivos fiscales, una ley de medios públicos para impulsar un sector independiente de los gobiernos de turno y legislaciones a favor del acceso a la información son otras de las aspiraciones junto a la activación del Comité para la Protección de Periodistas, aprobado bajo el mando de Lenin Moreno para que ofrezca “garantías del trabajo periodístico” considerando que el mandatario se despide con deudas con los comunicadores, así lo divulga Fundamedios en Twitter.
El Gobierno de @Lenin deja muchas deudas pendientes en materia de libertad de expresión.
Revisa nuestro informe ▶️ https://t.co/vRoPm7T5bR pic.twitter.com/vfYbz1Mpei
— FUNDAMEDIOS (@FUNDAMEDIOS) May 23, 2021