El tiempo para las elecciones presidenciales en Nicaragua comenzó a descontarse y el afán de Daniel Ortega para mantenerse en el poder aumenta. Dividir y controlar a la oposición —ya internamente vulnerable— es su mayor apuesta, junto al nombramiento discrecional de los funcionarios que contarán los votos el próximo 7 de noviembre.
Así pretende ganar su cuarto mandato consecutivo, a los 74 años. Esta vez la mirada se centra en una nueva cita electoral que ocurrirá tres años después de negarse a aceptar elecciones adelantadas, como una salida a la crisis provocada por su represión en 2018 a la sociedad civil en su contra.
El problema es que esta vez varios factores ya conspiran para que nada cambie: una oposición fragmentada, el orteguismo enraízado en todas las instituciones del Estado, así como también un sistema electoral parcial a los intereses del mandatario que sigue intacto, pese a las denuncias de fraude e irregularidades certificadas por organismos de observación nacional e internacional y un 2020 marcado por una crisis económica, las violaciones de derechos humanos y la pandemia, afirma Connectas.
La aspirante a la presidencia de Nicaragua y periodista Cristina Chamorro Barrios clama a las dos principales facciones opositoras, es decir a la Coalición Nacional y también a la Alianza Ciudadana —a través de los partidos Ciudadanos por la Libertad (CxL) y Partido de Restauración Democrática (PRD)— encontrar los mecanismos para alcanzar la unidad.
Su petición es vaga. Aún no hay acuerdo, ni condiciones claras que vislumbren alguno a corto plazo.
Acciones para entornarse
De eso saca provecho Ortega. Para los comicios generales donde se votarán por el presidente, 90 diputados de la Asamblea Nacional y 20 diputados del parlamento centroamericano sus abanderados se elegirán por el “voto plancha”, un sistema “confuso” porque no se escoge directamente al diputado, sino al partido, tal como lo denuncia Nicaragua Investiga.
#UstedDebeSaber | ▶ ¿Sabe usted cómo se eligen a los diputados?, muchos no conocen ni sus nombres, porque no se eligen uno a uno, se eligen a través de un método llamado "voto por plancha", aquí le explicamos. https://t.co/e5bqR1Ikp4 pic.twitter.com/5O0JOelv0G
— Nicaragua Investiga (@nicaraguainvest) April 23, 2021
Por otro lado, en la Asamblea Nacional —donde tiene mayoría— promueve reformas a la ley electoral para “establecer restricciones a las libertades políticas, mantener intacta la conformación bipartidista de los órganos electorales y trasladar al ámbito electoral el Estado Policial imperante” según la patronal que aglutina a 54 organizaciones.
Tampoco prevé la auditoría y depuración del padrón electoral, elimina la publicidad del padrón y el proceso de verificación ciudadana, mantiene la inconstitucional división entre padrón activo y pasivo e impone nuevos obstáculos y restricciones a los partidos políticos.
A eso se le añade que no contempla recursos legales que brinden seguridad jurídica, “sino que aumenta las facultades discrecionales del Poder Electoral, no establece la normativa legal para la observación electoral nacional e internacional, no regula el voto de los nicaragüenses residentes en el exterior, y vulnera la voluntad popular al permitirle al Poder Electoral sustituir, incluso de oficio, a funcionarios electos.
Depuración interna
A Ortega le incomoda la oposición y por eso la neutraliza. Es la misma estrategia que emplea a lo interno de su partido, para continuar como el candidato eterno del sandinismo.
Tenerlo como abanderado en otra jornada electoral no es novedad cuando él ha impulsado la depuración de cualquier dirigente que ose competir con su nombre dentro de las filas del sandinismo para así controlar las estructuras del partido y liquidando cualquier oposición interna en torno a su figura.
El caso de Herty Lewites traduce todo lo anterior. Cuando el alcalde de Managua tenía a su favor a los electores en 2004 para ganar la presidencia en 2006, Ortega, alarmado, inició una campaña de desprestigio en su contra y en marzo del 2005 lo expulsó del partido y eliminó las elecciones internas.
El mismo destino tuvo Víctor Hugo Tinoco, el vicecanciller de Nicaragua durante la primera dictadura sandinista. Ortega no le perdonó sus aspiraciones presidenciales en 2001 y lo sacó junto a Lewites dejando de lado que era una pieza de la dirección nacional del frente.
Alejandro Martínez Cuenca corrió esta suerte, al romper los cercos de censura de Ortega. Hace una década, lo acusó de instaurar “una monarquía” cuando le disputó la candidatura.
Desde entonces, el FSLN no volvió a tener un Congreso ni Asamblea formal. Las reuniones de sus cuadros son sólo para aprobar las decisiones de Ortega y su esposa que mantiene vigente la disposición del Congreso de “delegar” en el mandatario la selección para las municipales, al parlamento nacional y hasta los diez magistrados del Consejo Supremo Electoral.
Para evitar la designación a dedo de estos últimos, la organización Nicaragua Decide tiene abierta una campaña en redes hasta este 25 de abril, con el fin de recabar firmas que lo impidan.
¡Ya casi estamos listos! Recordá que mañana ya podremos incidir para que juntos y juntas #CAMBIEMOSELPROCESO de elección de magistrados al CSE. pic.twitter.com/jgLWFhH5J6
— Nicaragua Decide (@DecideNicaragua) April 22, 2021
ONU con un interés sugerente
La Organización de Naciones Unidas insinúa interés por lo que ocurre en Nicaragua. La última encuesta de Cid Gallup revela que el apoyo del mandatario ronda entre el 20 y 25 %. Por encima se ven los 13 puntos menos de aceptación si se toma el 38 % con logró en 2006.
Esa baja sería el trasfondo de los pasos de Ortega que motiva a uno de los relatores especiales sobre los derechos a la libertad de reunión y asociación pacíficas de la ONU, Clément Voule, a tener en agenda un viaje al país centroamericano para evaluar el panorama.
Pero para eso hay que esperar. Ortega tiene restricciones impuestas por la crisis sanitaria. Además, Voule ya sabe que no hay interés del exguerrillero en recibirlo, porque todavía ni siquiera le ha respondido su consulta diplomática sobre la Ley de Agentes Extranjeros que prohíbe el financiamiento exterior de organizaciones no gubernamentales y ayudas económicas a los candidatos que lo adversan.
“Las restricciones están minando el derecho a la reunión pacífica, uno de los derechos fundamentales para cualquier proceso electoral libre y significativo” afirma el funcionario. En La Loma ignoran su voz y la del resto que lo clama.