Las intenciones del régimen de Nicolás Maduro de dolarizar a Venezuela se estancan cada vez más, porque para establecer la divisa americana como la moneda de curso legal necesita una reforma constitucional que anule al bolívar. Frente a ello, planea tomar un atajo: la indexación.
La Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de su Asamblea Nacional fraudulenta tiene en su poder una ley que propone vincular el presupuesto fiscal a la tasa de cambio de la divisa norteamericana, la cual emite el Banco Central de Venezuela.
La normativa ya está en el seno del parlamento chavista. Allí, el diputado socialista y economista Tony Boza impulsa la indexación, un método económico que permite ajustar pagos fijados a una tasa permanente, con el propósito de mantener el poder adquisitivo en medio de un proceso de inflación.
El plan es un “artificio legal para buscar la indexación con el dólar. El problema es que no resuelve la hiperinflación causada por la emisión excesiva de dinero para financiar PDVSA” asegura Hermes Pérez, último jefe de la Mesa de Cambio del BCV en entrevista con PanAm Post.
La medida es solo “un pañito que evita que el salario del trabajador se siga deteriorando y, quizás, el Estado no tiene un músculo financiero para ajustarlos mes a mes”.
Ley importada
La propuesta legislativa de indexación del chavismo se sustenta en el estudio de casos como los de Hungría, Grecia, Alemania, Yugoslavia, Brasil y Zimbabue, así como materiales teóricos publicados por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y publicaciones del economista André Lara Resende, revela Actualidad RT.
Todos coinciden en la indexación a través de una “unidad de cuenta indexada” o una “moneda indexada”, que en el caso de Brasil, por ejemplo, sirvió para poner fin a una década de un proceso hiperinflacionario en la que se aplicaron cinco planes, todos basados en aspectos fiscales y monetarios, que fracasaron uno tras otro.
La pretensión del chavismo es crear un mecanismo “que permita controlar, manejar y administrar el proceso indexatorio”, como ya ocurre con el uso de una unidad de cuenta indexada llamada Unidad de Valor de Crédito Comercial, aprobada por el Banco Central de Venezuela en 2017.
Batalla contra el paralelo
Con el nuevo índice de referencia se combatirá de entrada el promedio del “dólar paralelo”, que es utilizado en Venezuela como referencia para transacciones de particulares y de comercio privado que suele ser volátil y cuya tasa de cambio incide sobre los precios.
En este momento, el Banco Central de Venezuela no promedia una tasa de cambio oficial porque no subasta dólares debido a políticas de control cambiario.
Lo que hace el BCV es publicar, a través de redes sociales, el promedio diario ponderado por la banca en sus transacciones con divisas, un indicador que suele ser similar y hasta superior al paralelo, y que en la cotidianidad se ha empezado a usar para fijar o “indexar” precios en algunos comercios, así como en oficinas del Estado que realizan trámites.
Sin distorsión
Controlar esa distorsión cambiaria es el primer objetivo de la ley. Y ello se lograría mediante la indexación de los salarios de la administración pública, pensionados y el presupuesto nacional.
Con este nuevo proceso se adaptaría la realidad monetaria al esquema hiperinflacionario, donde todas las transacciones lleven el mismo ritmo de la inflación para que el poder adquisitivo se mantenga.
De esa forma, los recursos del chavismo previstos para el gasto público no perderán su capacidad adquisitiva a la hora de ejecutar proyectos, comprar y pagar nóminas.
Hasta ahora, el régimen de Maduro calcula en noviembre su presupuesto anual y lo aprueba en diciembre. Sin embargo, entre enero y marzo del siguiente año pierde la mitad o una tercera parte de su valor, debido a la inflación.
La propuesta indexatoria estima corregirlo e incluso prevé salidas alternas, tales como el alza constante de precios, aunque el valor del dólar se deprecie.
El planteamiento es que cuando la inflación esté por encima de la tasa de cambio, la indexación se ajuste con una fórmula que tome como “factor de corrección mensual” el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
De esta manera, aunque la tasa de cambio de divisas esté por debajo del nivel inflacionario (precio de los productos), se aplicará el correctivo del IPC y se garantizará el poder adquisitivo.
El futuro supuesto
Un equilibro entre los distintos factores que intervienen en el proceso productivo: capital financiero, industrial, comercial y fuerza de trabajo sería otro logro de la iniciativa —si se aprueba— porque la indexación se haría basada en “una unidad de medida invariable” o constante, que permita aumentar la cantidad de bolívares al momento del pago y que sería proporcional a una misma cantidad en divisas de forma permanente.
Pero eso ya ocurre. En Venezuela, de facto, prácticamente todo está indexado a la inflación: mercancías, servicios, trabajos independientes, presupuestos de empresas y comercios, y hasta algunos cargos en empresas privadas. Sólo faltan los recursos en manos del socialismo destinados a sueldos, misiones, pensiones y el presupuesto nacional.
Ahí está lo medular. El Tribunal Supremo de Justicia ya sentó precedente, en 2018, cuando estableció que las deudas entre privados se indexarán al momento del pago al mismo valor de divisas en que fue adquirida. Y la convención colectiva suscrita entre Maduro y trabajadores petroleros tiene mecanismos indexatorios.
Debate sin tango
A miles de kilómetros de distancia, Argentina también enfrenta el dilema de la dolarización. Es un debate cíclico que regresa cada vez que se produce una crisis económica de envergadura como la actual.
Para Steve Hanke, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, en EE. UU., “Argentina debería abandonar el patético peso y ponerlo en un museo”.
El académico estadounidense, que asesoró a Ecuador en su transición al dólar, estima que “la inflación empeorará y el peso perderá su valor y todos seguirán tratando de conseguir dólares.
Cree que los beneficios de adoptar el dólar son decididamente mayores que los costos, que son precisamente los costos de las crisis, las distorsiones, y el prolongado estancamiento que el país podría evitar por medio de esa fórmula.
Si Argentina adoptara una moneda de primera clase, no habría bicicletas financieras, tasa de devaluación o a la tasa de interés en pesos, corridas cambiarias, ni inflación.
“Aunque no lo parezca a primera vista, todos y cada uno de estos costosos traumas tiene, en mayor o menor medida, una causa monetaria. Así de tremendo e ignorado es el daño que genera una moneda de mala calidad como el peso”, expone El Confidencial.