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Encapuchados, armados y sin piedad. Así llegaron las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) del régimen de Nicolás Maduro a La Vega en Caracas y así se fueron del barrio dejando a su paso 14 muertos, según una denuncia de Amnistía Internacional ante la Corte Penal Internacional, divulga ABC.
La acusación cuenta con pruebas. La organización presentó ocho videos verificados del 6 al 9 de enero donde consta el violento accionar de los 650 uniformados que cercaron la comunidad popular y del traslado de las víctimas en sus propias unidades policiales. Los videos están en Twitter.
Ante la crudeza de las evidencias, dicha ONG también pide incorporar los hechos a la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
#Caracas En estos momentos reportan enfrentamiento en La Vega. Funcionarios de las FAES se enfrentan en el sector con laa bandas que intentan controlar el sector desde la Cota905. En desarrollo. 10:28am pic.twitter.com/zc9beV65ep
— Roman Camacho (@RCamachoVzla) January 8, 2021
#8Ene 1:59pm #Caracas #EnfrentamientoLaVega@FEDGLOCK: Al momento se reportan tres sujetos abatidos en La Vega, luego del operativo de saturación de área ejecutada por las FAES en la zona. pic.twitter.com/CXHkkWANLI
— Reporte Ya (@ReporteYa) January 8, 2021
La Vega CARACAS pic.twitter.com/GepUKarRhS
— José (@Jos69019501) January 8, 2021
Nelson Villalta, un profesor de música de 50 años de edad, quien falleció por un impacto de bala mientras se encontraba en la puerta de su casa, está en la lista de las “ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de derecho internacional en Venezuela”, revela el medio español.
El régimen lo niega. Justifica lo ocurrido y lo atribuye al enfrentamiento de sus fuerzas de seguridad con la banda armada liderada por ‘El Coqui’ que habría intentado tomar control sobre la parroquia de La Vega.
Pero la evidencia es otra, De hecho, «la ubicación y número de las heridas de bala en los cuerpos de las víctimas en La Vega hacen aún menos creíble la versión oficial de que estas muertes se produjeron en un enfrentamiento con fuego cruzado», asegura en un comunicado la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, citado por ABC.
La cruel realidad
La realidad es roja en Venezuela. El informe del Observatorio de Violencia (OVV) la visibiliza. La nación cerró el año pasado el país cerró con 11891 fallecidos por causas violentas publica, El Diario. De la cifra, 4231 muertes están catalogadas por el régimen como “resistencia a la autoridad” pero corresponden a homicidios perpetrados por los cuerpos de seguridad del Estado, por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales, con una tasa de 16,2 víctimas por cada 100.000 habitantes precisa el medio.
Quienes cayeron por esa supuesta “resistencia a la autoridad” tenían entre 18 y 40 años de edad y casi la mitad de ellas, el 44 % específicamente, no tenía antecedentes penales.
«Por primera vez fueron más los muertos por la policía que los asesinados por los delincuentes», dijo Roberto Briceño-León, presidente del OVV a la BBC.
El régimen responde que es parte de la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP). Sin embargo, desde su creación en 2015 aumentan las denuncias por asesinatos y desaparecidos en manos de la policía indica el medio. Las dudas sobre su accionar en relación con este plan contra el crimen se multiplican porque “no hay ningún documento oficial y público que detalle su metodología ni sus metas”, afirma la cadena británica.
De julio de 2015 a febrero de 2016 el régimen sólo reportó 245 víctimas y 2310 detenidos. Desde entonces, reina el silencio. Maduro cuando habla del comando es sólo para alabarlo.
La respuesta de Maduro al planteamiento de Bachelet de eliminar a FAES #Descaro pic.twitter.com/znKr3Vd7QP
— Sergio Novelli (@SergioNovelli) July 17, 2019
Morgue sin acceso
Ese mismo silencio enfrentan los parientes de las víctimas cuando llegan a la morgue de Bello Monte en Caracas. Los funcionarios sólo se limitan a notificar que los cadáveres de sus familiares serán llevados directamente al cementerio. No hay despedidas. Ni velorios, ni oraciones. Tampoco llanto ante la rabia y frustración.
Amnistía Internacional subraya que «no existe aún información pública oficial sobre la investigación de estos eventos por parte de la Fiscalía General ni por parte de la Defensoría del Pueblo» difunde ABC.
La opacidad tiene explicación. Se debe a que “Venezuela vive en un estado de excepción que se ha convertido en la regla y en el marco perfecto para el ejercicio de la necropolítica, es decir, que quienes detentan el poder administran discrecional e ilimitadamente la vida y la muerte de las personas” analiza Razón Pública.
Se trata, entonces, de “un estado de indefensión prácticamente absoluto, donde los afectados experimentan tres formas diferentes de violencia: la del sistema económico-político que las excluye y las condena a la pobreza (violencia estructural); la de la delincuencia y la violencia social, y la del sistema penal (violencia institucional) que le mata a sus familiares, les niega justicia, y además las estigmatiza” subraya la revista especializada en conflictos».
Un escuadrón perverso
Pero en Venezuela “la represión creció al ritmo que descendió la aprobación del chavismo” sostiene El País. De esa manera justifica la aparición del “escuadrón de la muerte diseñado a la medida del régimen”. Así lo califica el medio español basándose en el testimonio de una oficial que desertó de la temible policía quien culpa a grupos prorégimen de estar detrás del ensañamiento.
“Los ajusticiamientos, extorsiones, secuestros y otros delitos se han disparado desde que infiltraron a colectivos dentro de los comandos”. Nadie puede contrariar su versión, ni siquiera el actual jefe de la FAES, José Miguel Domínguez, quien es señalado en una investigación del portal Runrunes citada por El País como “exlíder de un colectivo del barrio de Catia, en Caracas”.
Pero el comando es contradictoriamente popular. Al lado de los disfraces de princesas y héroes también aparecen niños portando escudos y chalecos inspirados en este.
Niños disfrazados de la FAES. Eso es un horror. https://t.co/jmr8VmJ8OA
— Ibéyise Pacheco (@ibepacheco) February 17, 2021
Declaraciones a medias
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, está enterada de la situación pero el Ministerio Público del régimen intenta persuadirla. En balance sobre el FAES le aseguró que entre agosto de 2017 y mayo de 2019, 104 miembros de las fuerzas de seguridad fueron condenados por violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, ella todavía aguarda por los detalles sobre los tipos de violación, a qué institución pertenecían los responsables y el perfil de las víctimas.
Las violaciones de derechos humanos han sido documentadas por organizaciones no gubernamentales. Las denuncias han sustentado el caso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI). También han materializado pronunciamientos de sus más altos representantes quienes han asegurado que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad.
Esa información se sabe. En julio del año pasado las organizaciones defensoras de los derechos humanos registraron al FAES como presuntamente responsable de 432 muertes, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de 366 y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de 136, explica El Diario.
Corte con datos
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene todo recopilado en un “examen preliminar” donde investiga la «fuerza excesiva» por parte de la Policía para «dispersar y reprimir manifestaciones» y los «graves abusos» sobre los detenidos desde 2017.
También maneja las evidencias de las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales como la masacre de El Junquito, ocurrida hace dos años donde murió el expolicía Óscar Pérez y otros seis sublevados contra el régimen de Nicolás Maduro.
Todo ello es el reflejo de la “la violencia institucional, policial y militar que deja año tras año miles de víctimas en Venezuela” porque “el Estado sigue actuando con altos niveles de letalidad, violando el derecho a la vida y vulnerando las libertades fundamentales de los ciudadanos que permanecen en un estado de indefensión inconcebible” analiza la Revista Gumilla.
Pero “estos horrores son posibles porque todos esos grupos pueden ejercer el poder sin ningún tipo de control, consecuencia legal, ni responsabilidad ulterior” destaca Razón Pública.
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