Aprovecharon su cargo. Sólo pensaron en ellos. No les importó la población vulnerable ni los profesionales de salud en la primera línea de batalla contra el coronavirus en Perú. Esas y seguramente un sinfín de conclusiones más se multiplican en cada uno de los rincones de Lima debido a la inmunización secreta de altos funcionarios del gabinete presidencial con unas dosis de cortesía del ensayo clínico de la vacuna china Sinopharm.
Pilar Mazzetti, la ministra de Salud que dirigió las labores de lucha contra el COVID-19 durante la mayor parte de la pandemia perdió su puesto por facilitar “bajo criterios de selección aparentemente arbitrarios” la vacunación de 487 personalidades de la administración pública que van desde la canciller Elizabeth Astete —quien también renunció— hasta el expresidente Martín Vizcarra, junto a su esposa y hermano según el documento referido a PanAm Post.
La indignación sobra. Quien más la expresa es el primer mandatario nacional, Francisco Sagasti. No lo cree. Lo critica y lo cuestiona porque es una evidencia de que “faltaron a su deber como funcionarias públicas”
Sagasti indicó que el listado con la identidad de los vacunados emitido por la Universidad Peruana Cayetano Heredia que estaba a cargo del ensayo está en manos de la Contraloría General de la República, las comisiones investigadoras en el Ejecutivo, Congreso y la Fiscalía para que de acuerdo a sus competencias inicien las pesquisas que corresponden.
Averiguación profunda
El hecho provocó la designación de Oscar Ugarte en sustitución de Mazzetti frente del ministerio de Salud y la primera ministra, Violeta Bermúdez, divulgó que emprenderían una “investigación profunda” para determinar “cómo llegó ese lote, quién decidió que vaya aquí o a allá, a tantos ministerios”.
Por su lado, el Congreso aprobó solicitar a sus miembros enviar una declaración jurada de no haber recibido la vacuna, declaración que posteriormente se cotejaría con el listado de personas que recibieron la “cortesía”.
Entre los funcionarios que quedaron fuera de sus funciones destacan los viceministros de salud Luis Suárez y Víctor Bocangel al interferir en la meta de “investigar para proteger la salud” que se fijaron con el ensayo y cuyas reglas estaban claras para quienes participarían.
Quienes se sumaron tendrían derecho a recibir atención médica inmediata ante cualquier síntoma de malestar, tratamientos sin costos, contactar a cualquier hora a los investigadores a cargo y retirarse voluntariamente si lo deseaban difunde la página web de la cartera en un video.
Las salidas de los funcionarios impactó sobre la distribución de 700 mil dosis de la vacuna. Según el periodista Julio Vílchez, el contingente quedó varado el domingo en Cenares por falta de firma.
Mucha atención: Hoy no hay distribución de las 700 mil vacunas que llegaron el domingo. Están en Cenares donde han destituido a funcionarios que también recibieron las "Vacunas Vip". No hay quien firme las salidas.
— julio vilchez (Cuenta Nueva) (@juliovilchez82) February 16, 2021
Vizcarra en el huracán
Quien no pasará desapercibido es el expresidente Martín Vizcarra a quien el Ministerio Público le abrirá una investigación preliminar por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, colusión y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo revela agencia.
La Fiscalía lo citará para que ofrezca “declaraciones indagatorias”, así como también su esposa Maribel Díaz y el jefe del equipo investigador de los ensayos de Sinopharm en el país, Germán Málaga además, del ex primer ministro Walter Martos, la exministra Mazzetti y del excanciller Mario López.
Vizcarra intenta salir del candelero público. Alega en su cuenta de Twitter que fue un “voluntario” el 2 de octubre de 2020 del estudio pero la Universidad Peruana Cayetano Heredia lo desmiente. A través de la red compartió un comunicado donde confiesa que le “causa una gran extrañeza” no aparecer con esta clasificación y sostiene que su “participación experimental” no perjudica a nadie.
A la opinión pública. pic.twitter.com/nCU2li3Ntj
— Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) February 14, 2021
Los partidos políticos no le creen. Nueva Constitución, como APP y el Frente Amplio plantearán inhabilitarlo para ejercer la función pública. Este pedido recibió el respaldo de Acción Popular, Podemos Perú y UPP revela Gestión.
Crisis moral en auge
Lo ocurrido refleja que “la crisis moral no tiene visos de retroceder y, por el contrario, pareciera haber llegado a un nuevo nivel al confirmarse que funcionarios públicos, vinculados a las negociaciones de los contratos para adquirir las vacunas fueron vacunados, junto a personas cercanas a ellos, por fuera de cualquier canal regular, utilizando dosis adicionales o de cortesía” analiza Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional en su editorial.
Este escándalo bautizado como el “VacunaGate” impulsa la serie de quejas de personal en primera línea con denuncias de irregularidades en el padrón priorizado, permitiendo a personas que no forman parte de ese grupo que reciban las primeras dosis indica Rotta.
Y en medio de la situación aparecen las “oportunidades de corrupción que germinan en el caos y la opacidad; de allí que la demanda de quienes pusieron de manifiesto estos problemas exige que se transparenten los criterios de priorización y que se revisen las listas”.
De lo contrario se vulnera el código ético que deben seguir las acciones de todo funcionario: la probidad, que debe ser actuar buscando el bien común; la veracidad, que es decir siempre la verdad; y la transparencia, que es hacerlo ante la ciudadanía.
La recurrencia es, a su juicio, una “tragedia” donde “gente sin escrúpulos busca aprovecharse de los desastres naturales y de las atenciones de emergencia” como se vio en las raciones sobrevaloradas luego del terremoto en Pisco o la oficina de Presidencia de Consejo de Ministros “falsa para estafar a entidades locales” en el marco de la reconstrucción luego del Niño Costero recuerda en su publicación.