Por primera vez la justicia internacional da señales de poder iniciar un proceso contra Nicolás Maduro. Si la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) admite el resultado de la investigación preliminar que apunta a la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen de Maduro, entre los siguientes pasos estaría la emisión de una orden de captura internacional contra el dictador venezolano.
El abogado Adolfo Salguiero, especialista en derecho internacional, aclaró en entrevista con PanAm Post que “la Corte no está para sacarlo (a Maduro) del poder sino para hacer justicia. Si se emite una orden de aprehensión internacional, donde él vaya tiene que ser capturado porque es obligatoria para todos los estados parte del Estatuto de Roma”.
Sin embargo, advierte que “si a alguno de sus aliados no le da la gana de cumplir, no lo cumple”, pero si al viajar necesita realizar una escala en una nación que desconozca su autoridad, podría correr la misma suerte que su testaferro Álex Saab, quien está preso desde junio en Cabo Verde, cuando la aeronave en la que se trasladaba hizo una parada para repostar combustible.
Una eventual condena iría de 30 años a cadena perpetua por tratarse de “casos de extrema gravedad”, mientras que las multas y decomisos son medidas reservadas para participaciones con cargos menores, según Amnistía Internacional. Salguiero estima que “seguramente la de Maduro si no es perpetua, podría ser alta porque de lo que se le acusa es grave”.
Cambio de fiscal en puerta
La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, a cargo de la investigación preliminar sobre Venezuela, está a punto de terminar su periodo. La próxima semana se elegirá a un nuevo funcionario en el cargo, quien asumirá en junio de 2021. Ese cambio será determinante para Maduro, dice Adolfo Salgueiro a PanAm Post.
Hay cuatro candidatos al puesto, dos de origen africano, un irlandés y un canadiense. La balanza se inclina a favor del irlandés, asegura Salgueiro, considerando que Bensouda es africana y que Canadá, por representar a América, disminuye sus posibilidades, tomando en consideración que el cargo estuvo ocupado anteriormente por el argentino Luis Moreno. “El principio de alternabilidad demográfica juega para el lado europeo”.
Aunque el especialista en derecho internacional destaca el carácter “independiente” del fiscal, recuerda que Europa desconoce a Maduro y, pese a no ser vinculante este hecho con el desempeño del funcionario, estima que se abren posibilidades para la admisibilidad de la causa porque “si el nuevo fiscal está con Venezuela, la empuja”, afirma.
Dos años tiene Bensouda con el caso de Venezuela en sus manos. Lo más reciente es su anuncio de sospecha de delito, pero todavía no ha abierto ninguna causa. El tiempo corre y aumentan las posibilidades de que la decisión recaiga en la próxima gestión.
“El único que puede llevar adelante la acción penal en la CPI es el fiscal. El que viene encuentra un expediente sobre la mesa. Lo agarra y resuelve si lo quiere seguir o lo bota a la basura”, afirma.
Escenarios probables
Si el nuevo fiscal o Bensouda antes de irse concluye que sí hay causa de delito, “en ese momento se evalúa si es competencia de la Corte porque la Corte solo actúa en función de complementariedad”, apunta.
Eso significa que “la Corte está hecha para cuando los países no quieren o no pueden hacer su propia investigación. Entonces, si en un país donde hay una dictadura no quiere hacer la investigación y no quiere llevar adelante un proceso, la Corte actúa para que no haya impunidad y se castiguen los culpables”.
Maduro ya enfiló sus estrategias para tratar de engañar a la instancia internacional. El fiscal del régimen, Tareck William Saab, se reunió con Bensouda para decirle que “no necesita abrir una investigación porque ellos están procesando a los responsables y mostraron pruebas de guardias nacionales implicados para engañarla con supuestos procesos que estarían adelantando, pero son procesos para castigar a sargentos o cabos y no a los jefes de la cadena de mando”, señala Salgueiro.
Mediante su causa “Venezuela II”, presentada ante la CPI alegando crímenes que se cometen por las sanciones de Estados Unidos, la dictadura intenta “confundir y demorar”.
De esa manera, Salgueiro sostiene: “Lo que viene ahora es que el fiscal de la CPI debe estar seguro de que Venezuela no está haciendo nada. Cuando se haya satisfecho, la Corte tendrá competencia”.
Después de este “convencimiento” surge —según el abogado— “la fase más peligrosa” que es el “interés de la justicia”, donde el fiscal debe estar conforme con que la admisibilidad de la causa no interfiera en una negociación internacional para Maduro abandonar el poder. “El mayor interés es que se vayan. Si ellos están por irse en el momento en que se decida admitir la causa, no sería conveniente y se dificultaría el asunto”.
Un historial imborrable
El esfuerzo por alcanzar legitimidad mediante elecciones es una estrategia fallida para Maduro en medio del proceso porque “la legitimidad no autoriza a cometer crímenes de lesa humanidad”, subraya el especialista en derecho internacional.
Y si Maduro accede a la celebración de elecciones libres y logra relegitimarse antes de terminar el cuestionado periodo en curso “lo único que va a pasar es que no sería usurpador pero los delitos que cometió, los cometió. Y aún si ganara con 90 por ciento de los votos no se le borraría su historial”.
Con un cambio de poder en Miraflores el destino del dictador sería otro. Un eventual gobierno opositor y un sistema judicial independiente abriría la puerta a un posible proceso en los tribunales venezolanos. En este caso, la CPI desistiría de continuar con la causa.
Delitos que no prescriben
La primera orden de arresto de la CPI contra un presidente en ejercicio se produjo el 4 de marzo de 2009 contra el dictador sudanés Omar al Bashir, por crímenes de guerra y lesa humanidad contra la población de Darfur entre 2003 y 2008. La segunda fue contra el líder libio Muamar al Gadafi, pero se archivó tras su muerte durante la revuelta que lo derrocó en 2011.
Estos delitos no prescriben y las sentencias son efectivas unas vez emitidas. La primera condenatoria llegó en 2012, cuando la Corte impuso una pena de 14 años de prisión a Thomas Lubanga, el exdirigente de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, vinculado al reclutamiento y utilización de niños soldados en la región de Ituri (República Democrática del Congo, RDC) entre septiembre de 2002 y agosto de 2003.
A la sentencia de Lubanga le sigue la impuesta hace cuatro años a Jean-Pierre Bemba Gombo, el exjefe militar del Movimiento para la Liberación del Congo, condenado a 18 años por crímenes de guerra y de lesa humanidad —incluidos asesinatos, violaciones como arma de guerra y pillaje— cometidos en 2002-2003 en la República Centroafricana.
Y el yihadista Ahmad Al Mahdi Al Faqi, alias “Abu Turab”, recibió una pena de 9 años de prisión por la Corte pero por motivos distintos. A él se le halló responsable de daño al patrimonio cultura por la destrucción de nueve mausoleos y una mezquita en Tombuctú (Mali), que eran patrimonio de la humanidad.
Salida sin escape
Zafarse de la Corte Penal Internacional no es una opción, ya que intentar salirse de esta instancia no afecta el resultado del examen preliminar. Hay quienes ya lo intentaron y fallaron. Pierre Nkurunziza, presidente de Burundi, promulgó hace tres años una ley para abandonarla después de que el examen preliminar a su gestión mostrara que se cometieron crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinatos y violencia sexual en 2016, afirma Amnistía Internacional.
Sudáfrica y Gambia anunciaron acciones similares pero después se retractaron. Sudáfrica pretendió retirarse para no arrestar al presidente sudanés Omar al Bashir en junio de 2015 cuando llegó a Johannesburgo para asistir a una cumbre de la Unión Africana pese a tener dos órdenes de captura internacional en su contra.
En cuanto a Gambia, su presidente Yahya Jammeh amenazó también con abandonar la Corte por considerar que estaba pensada “para hostigar y humillar a la gente de color, en particular los africanos”, resalta Amnistía Internacional.
Otro presidente que siguió este rumbo fue Vladimir Putin. El primer mandatario ruso ordenó hace cuatro años revocar del Estatuto de Roma después de que la Fiscalía de la CPI señalara que la situación entre Crimea y Sebastopol corría el riesgo de terminar en un conflicto armado internacional entre Rusia y Ucrania. Por otra parte, Rusia no ha ahorrado esfuerzos para bloquear la remisión de la situación de Siria —donde Amnistía Internacional ha documentado posibles crímenes de guerra por parte de fuerzas rusas— a la Fiscalía de la Corte y al Consejo de Seguridad.