Tirados en el piso, uno al lado del otro, apretujados, casi sin ropa, descalzos, hambrientos y con problemas de salud están los 16 niños venezolanos que retornaron a Trinidad y Tobago tras su deportación que los mantuvo a la deriva en alta mar.
Una de las nueve mujeres que también forma parte del grupo denunció a través de un video difundido en Twitter que las autoridades los arrestaron “en una misma celda” al desembarcar nuevamente en Playa Lucero, región sur de la isla.
En el testimonio de dos minutos, se muestran las pésimas condiciones en las que se encuentran. “Nos agarraron en la playa. Estamos suplicando al Señor que nos saquen de esta celda, hay diarrea, vómito, los bebés lloran y quieren tetero”.
En estas condiciones se encuentran los venezolanos detenidos en la estación de Policía de Erin, en Trinidad. Vídeo grabado este #25nov por uno de ellos. pic.twitter.com/kwYa4gbwAc
— Sergio Novelli (@SergioNovelli) November 25, 2020
Una medida humanitaria
El Foro Penal venezolano a través de su sección internacional, intenta una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La organización busca que se le otorgue al grupo la condición de refugiados. Julio Henríquez, coordinador del Foro Penal asegura que la vida de los pequeños “corre peligro”, reseñó El Nacional.
Otra de las voces que denuncia el caso es el comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis de migrantes y refugiados de Venezuela, David Smolansky. En su cuenta en Twitter asegura que es imprescindible que “obtengan protección y queden en libertad”.
Su petición está lejos de ser escuchada, afirma El País. Según el medio, su solicitud de permiso para ingresar a la isla está sin respuesta desde hace más de un año. Agrega además que es “recurrente en Trinidad y Tobago la detención, la negación de permisos, la violencia y el maltrato hacia las mujeres y la xenofobia”.
El cuadro migratorio que describe Smolansky fluye por las rutas marítimas entre Venezuela y Trinidad y Tobago, convertidas en “un corredor de las redes de tráfico de personas que se calculan en más de 4 000 venezolanos en los últimos cuatro años”, apunta el medio español.
Los indeseados
El arresto de los menores venezolanos, que incluyen un bebé de cuatro meses, es decisión del ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young.
El funcionario que ha servido de vocero muestra “dudas de las denuncias, aun cuando están acompañadas con videos de los niños dentro de las embarcaciones”, reseña El País.
Para Young, “si un migrante entra a la isla de manera ilegal, inmediatamente se convierte en una persona indeseable y deberá afrontar consecuencias”.
Eso explica que la policía bajo su mando opere bajo esta premisa y exija reportar telefónicamente la presencia de inmigrantes en situación irregular, destaca El País. Con esta modalidad, más de 440 venezolanos indocumentados fueron detenidos en 2018 sin la debida asistencia legal y médica.
Sin embargo, Keith Rowley, el primer ministro de la isla, mantiene relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. El medio español lo atribuye a que las deportaciones son “un asunto cotidiano” por ser Trinidad y Tobago un destino que está a apenas 45 minutos de navegación desde el estado venezolano Delta Amacuro.