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EnglishLa interpretación del Financial Times sobre el discurso de la semana pasada del gobernador Alejandro García Padilla fue posiblemente la más comentada en toda la cobertura de medios. “Puerto Rico enfrenta un déficit de US$28 mil millones en los próximos 5 años”, se lee en el titular.
De toda la información sobre el anuncio vano del Gobernador, esta es la parte en la que todos deberían enfocarse.
Hace algún tiempo, yo argumenté que el rescate para el desastre financiero de la isla es recortar el gasto, luego recortarlo, y luego, recortarlo aún un poco más. La isla está gastando demasiado dinero en un Gobierno que sinceramente no es eficiente. Además, está alimentando una corrupción enorme.
En julio, escribí sobre los “contratos de servicios profesionales” en educación, entregados a numerosas compañías. Algunos de esos contratos multimillonarios se vencían esta semana, cuando el FBI arrestó a cerca de tres docenas de personas por corrupción asociada al uso de fondos correspondientes a estos contratos.
Un trabajo en el que, por cierto, el Departamento de Justicia de Puerto Rico fracasó. El FBI afirma que esta solo es la fase uno de una operación con múltiples escenarios que incluye “muchos más” arrestos.
[adrotate group=”7″]De acuerdo con ciertos cálculos, la isla gasta más de US$12 mil millones por año en contratos de servicios profesionales. Recortar ese gasto a la mitad podría salvar la crisis financiera de la isla, e incluso podría permitir la reducción de impuestos, que inevitablemente aumentaría la actividad económica.
La información publicada esta semana por el Gobernador es ciertamente desalentadora, pero no olvidemos que Puerto Rico recauda cerca de $10 mil millones de impuestos por año y recibe más de $20 mil millones anuales del Gobierno federal, con un total de gastos que excede los $28 mil millones.
Puerto Rico no tiene un problema de ingresos públicos. El problema de Puerto Rico no es el tamaño de la deuda. El problema de Puerto Rico es cuánto dinero gasta.
Yo frecuentemente pienso a futuro, sobre las próximas demandas de los acreedores al considerar que la decisión de la isla es incumplir con sus préstamos. Espero que algún abogado inteligente cite directamente al gobernador, al secretario del Tesoro, o cualquier otra autoridad, y les ponga en el estrado bajo juramento.
Quizá entonces, el público por fin reciba alguna respuesta honesta sobre lo que está pasando en el Gobierno de Puerto Rico.
