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English En septiembre de 2014 escribí acerca de cómo la incapacidad del Gobierno de Puerto Rico de pagar sus gastos llevó al cierre del último servicio de ambulancia aérea de la isla. Las autoridades eventualmente lograron encontrar una solución temporal para que el servicio continuara funcionando.
Pero ahora, cinco meses después, el diario local El Vocero informa que están faltando todas las ambulancias —las aéreas y las de otro tipo. El dinero, o la falta de él, es de nuevo el problema, pero hay algo más que eso.
Los contratos de servicios públicos en Puerto Puerto exigen a las compañías de ambulancias reemplazar los vehículos cada 10 años. A primera vista no parece una mala idea: el trabajo, y el estado de nuestra red de carreteras, le pasan factura a los vehículos, y en el curso de cada sustitución, el equipo a bordo también es reemplazado. El problema es que cada ambulancia nueva puede costar más de US$100.000 por unidad: un costo que podría ser evitado instalando nuevos equipos sin comprar vehículos nuevos.
Ambulancias bajo ataque
La crisis económica de los últimos siete años ha golpeado a los proveedores de servicios médicos privados tanto como a cualquier otro negocio. Roberto Roque, de la Asociación Centro Oriental de Ambulancias Privadas, dejó en claro la situación cuando dijo que las compañías de seguros estaban “estrangulando” al sector. Muchas compañías ya han cerrado, dejando a la isla “casi sin ambuancias”.
La industria de seguros también está regulada por el Gobierno local, lo cual implica que los servicios de ambulancias privadas enfrentan un ataque desde el Estado en dos frentes, restringiendo su capacidad de mantenerse a flote.
Omar Negrón, presidente de la Comisión de Servicio Público anunció audiencias para evaluar el marco regulatorio, y escuchar las preocupaciones de los proveedores de servicios privados. Pero no se espera que las audiencias arrojen resultado alguno hasta mayo próximo. Mientras tanto, esa compañías privadas que brindan un servicio que salva vidas penden de un hilo.
La sobrerregulación solo termina hiriendo a aquellos que dice proteger.
Esta nueva crisis destaca nuevamente la perenne paradoja de la regulación gubernamental: las medidas tomadas “en el interés público” terminan generando más daño que beneficios. Puerto Rico ofrece múltiples ejemplos de esto.
Las únicas regulaciones necesarias para los servicios de ambulancias son aquellas que exigen estándares de seguridad e higiene básicos: asegurando que el equipo está limpio y en funcionamiento, por ejemplo. Restringir cuándo las ambulancias pueden o no ser utilizadas impide a las compañías expandir el rango de servicios que ofrecen e inclusive proveer asistencia para salvar vidas.
Pero desregular el mercado, incluso poco, le permitirá a las empresas de ambulancias, proveedores de seguros, hospitales y pacientes determinar qué es lo mejor para ellos.
La sobrerregulación solo termina hiriendo a aquellos que dice proteger. Dicho de otra manera: si nos caemos o tenemos un accidente, ¿No preferiríamos que nos transporte al hospital una ambulancia de 2004, pero con equipos modernos, antes qué ninguna?
